
En el marco del estructural, y ya histórico, problema (pese a estar tan bien analizado y estudiado por Alberto Porto y Orlando Ferreres, entre otros investigadores) de la cada vez más escasa sostenibilidad económica y financiera, y ahora también política y social, del monolítico gasto público argentino, que creció del 25% al 40% del PBI en los últimos 20 años y que, administrado por una clase política cuya mayoría insiste en no querer comprender que la realidad solo se podrá transformar si previamente se reconoce la existencia de la inevitable restricción económica de los presupuestos públicos.
Como consecuencia de esta muy penosa y generalizada creencia de gran parte de nuestra política doméstica, reapareció la inflación como un método sistemático de financiamiento público, que hasta quizás así resulte ser una de las pocas y reales “políticas de Estado” de largo plazo de nuestro país, por su continuidad a través de los diferentes gobiernos, tal como lo refieren Iván Carriño y Aldo Abram, entre otros economistas. Pero, ahora la inflación ya surge claramente como un “pasivo político”, al alcanzar actualmente casi el 7% mensual y, con ello lleva a su proyección anual a más del 100%; ingresando así, una vez más, en su crítica fase de intolerancia social y política.
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Existe en el mundo y desde hace bastante tiempo, incluso en nuestra propia región de Latinoamérica, un generalizado consenso académico y político que la inflación es, en su origen al menos, una consecuencia de un exceso de emisión monetaria, de un abuso de la potestad estatal del “señoreaje”, ejercido muy por encima de la genuina demanda de dinero que, a su vez, tiene una muy estrecha y directa relación con la simultánea evolución de la producción y la comercialización de los bienes y servicios. La tasa promedio de largo plazo de la creación de dinero debe ser una consecuencia cuasi inmediata de una similar mayor producción de bienes y servicios, pero nunca, al contrario.
Cuando el dinero circulante, incluso el depositado “a la vista”, es relativamente abundante, pierde su valor frente a los bienes y los servicios y suben, tanto los costos como los precios de todas las cadenas productivas. Llegado e ese estadio, la sociedad lo rechaza al “dinero ya enfermo” porque este perdió a su fundamental condición de resultar una “reserva de valor económico” y solamente lo usa como un medio de cambio, de corto plazo, para las transacciones domésticas menores. Lógicamente, busca migrar a operar con las monedas más sanas disponibles para ahorrar e invertir, en el irrenunciable proceso del progreso de una sociedad.
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Cuando ya se emitieron los billetes excesivamente, aunque sea por una única vez, para financiar el déficit fiscal y el aún más grave déficit cuasi fiscal que, en nuestro caso incluso resultan recurrentes, al cabo de un tiempo se produce inevitablemente un generalizado “fogonazo” o “escalón” de todos los precios de la economía, pero de carácter permanente. A lo cual, los gobiernos afectos a las políticas fiscales y monetarias expansivas generalmente reaccionan reprimiendo a las consecuencias, pero nunca a las causas, mediante los llamados “cepos” y las diversas regulaciones de costos y de precios, ya sean estos últimos denominados “oficiales”, “cuidados”, “controlados” o “congelados”.
Impuesto oculto
Ingresando así en la muy compleja fase, denominada por el economista alemán Wilhem Ropke como de la “inflación reprimida”, que consiste en que un gobierno primero promueve a la inflación como un “impuesto oculto”, reprimiéndola luego, cuando se torna muy visible por su relativa elevada cuantía, y se transforma en el referido “pasivo político”, mediante el racionamiento de las cantidades de los bienes y servicios a precios regulados, culpando de la inflación a los comerciantes y a los empresarios productores, cuando estos solo pretenden preservar, aunque sea parcialmente, a su capital de trabajo de la depredación provocada.
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Este ingreso, desde una “inflación abierta”, como la llamaban los premios Nobel de economía Friedrich Hayek y Milton Friedman, a la mucho peor fase de una inflación reprimida, es la que luego hace muy compleja a su salida, porque la “represión económica” ya distorsionó a los llamados “precios relativos”, especialmente en los sectores predilectos de los gobiernos que asumen estas perniciosas prácticas: los alimentos, la energía y el transporte que, además contienen elevadas participaciones de otros impuestos, que los hacen muy inflexibles a la baja y así, los precios se re acomodan, pero solo a partir de estos muy rígidos precios distorsionados.

Es así como la imprescindible tarea de recomponer a los precios relativos: el quitar gradualmente los subsidios a la oferta de algunos alimentos, de la energía y del transporte, para disminuir el déficit fiscal y el cuasi fiscal, impacta necesariamente en los índices estadísticos que miden las variaciones del costo de vida que mide el Indec, cuyas cuantías pueden resultar inicialmente similares, o incluso superiores, a los de la inflación reprimida, pero cualitativamente es muy distinto por la condición de dirigirse hacia los precios libres en los mercados probadamente competitivos, lo cual resulta ineludible en el necesario sendero a transitar, desde las graves distorsiones hacia una estabilización macroeconómica.
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Este pasaje, desde una inflación reprimida hacia una transitoria inflación abierta, previa a la estabilización de los precios, es una condición básica de cualquier programa de crecimiento económico sostenible en el largo plazo y se constituye en el “test muy crítico” o la “prueba ácida” del gobierno que se decida a emprender esta inédita tarea.
Para ello deberá contar con un suficiente “vigor o musculatura política”, en términos electorales; con un presidente que disponga de una amplia credibilidad y que además lo acompañe un equipo idóneo y suficiente, con un programa de gobierno claro y directo, que cambie el humor social hacia las siempre necesarias expectativas positivas y lleve adelante un plan de efectivo crecimiento económico y progreso de nuestro país.
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Aunque parezca que todo ello hoy luce ausente en el actual espectro político argentino; ante las situaciones críticas, muchas veces surgen las alternativas racionales con una muy rápida articulación de las personas indicadas y de los planes adecuados, que los hay.
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