El caso Lucas González no es un mero error de tres policías

Los “anteojos” que se usen para mirar la realidad tienen importantes repercusiones sobre las prácticas. Así como necesitamos un “enfoque de género” para visibilizar las desigualdades y violencias que afectan a las mujeres, personas trans y disidencias de género, también necesitamos de un enfoque específico para visibilizar las violencias y vulneraciones que día a día atentan contra la vida de los y las jóvenes. Necesitamos de este enfoque en la sociedad en su conjunto pero, muy especialmente, en la dirigencia política, en las fuerzas de seguridad, en los medios de comunicación y en las escuelas. El llamado a “meter bala incluso antes que cárcel” no acaba con la delincuencia, sino que genera nuevos ilegalismos en manos del Estado y nuevas muertes de jóvenes inocentes.

El caso Lucas González no es un hecho aislado, no es un mero “error” de tres policías que -violando la propia Ley de Seguridad de la Ciudad (Ley 5.688)- se encontraban vestidos de civil y en un automóvil sin identificación policial, y que usaron su arma reglamentaria para disparar a la cabeza de los chicos por la mera “especulación” -de acuerdo a las declaraciones de los imputados- de que podían llevar drogas o estar armados. Tampoco constituyen hechos aislados las maniobras posteriores de encubrimiento y posible implantación de pruebas, que actualmente forman parte de la investigación en curso.

El mismo día que Lucas moría en manos de la Policía de la Ciudad, circularon imágenes de personal de la institución disparando once balazos a plena luz del día en una plaza del barrio de Constitución, hiriendo a un vecino que transitaba por el lugar.

Podemos recordar también -entre otros casos- el de Jorge Martín Gómez, quien fue asesinado por un miembro de la Policía de la Ciudad, de una patada en el pecho, porque la víctima “obstruía el tránsito” en Carlos Calvo al 2600, en el barrio de San Cristóbal, con similares instancias de adulteramiento de las pruebas y obstaculización del proceso judicial por parte del personal policial, de acuerdo a las declaraciones de la querella.

Casos como el de Lucas y el de Jorge se suman a una serie de episodios similares desde la constitución de la Policía de la Ciudad que, de acuerdo a los registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), registra al menos 121 casos de “gatillo fácil” similares al que acabó con la vida de Lucas González.

Los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los datos del archivo de la CORREPI dan cuenta de la sistematicidad de los casos pero también de los cambios bajo determinadas gestiones. Es así que la Policía de la Ciudad registra el 5,35% de los casos de muertes en manos de la policía, lo que representó un incremento del 446% en relación al 1,20% que registró en sus primeros años de conformación.

En relación a los datos a nivel nacional, durante la presidencia de Mauricio Macri -y bajo la doctrina “Chocobar”- se registraba una muerte cada 18 horas en manos de las fuerzas de seguridad (lo que arroja un total de 1.875 casos), mientras que durante el primer año de gestión de Alberto Fernández se verificó una reducción que se explica por la disminución de casos en manos de las fuerzas federales, registrándose 411 casos, lo que representa una muerte, en manos de las fuerzas de seguridad, cada 20 horas.

Este tipo de hechos no se resuelven solamente apartando a los imputados de la fuerza, este tipo de hechos revelan la necesidad de implementar acciones con efectos sobre el corto, mediano y largo plazo que no se agoten en el apartamiento de los imputados sino que involucren la implementación de instancias de formación permanente de las fuerzas basadas en el enfoque del uso racional de la fuerza con fuertes lineamientos para reducir su uso arbitrario y abusivo, el hostigamiento y la violencia hacia los sectores populares. Es necesario el compromiso efectivo del Gobierno porteño de generar mecanismos de control sobre las prácticas de la Policía de la Ciudad con participación de la ciudadanía. Sólo de esta manera será posible abordar eficazmente el delito porque con la aplicación de soluciones facilistas queda demostrado que lo único que se logra es acabar con la vida de los jóvenes.

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