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Si hace daño, lo virtual es real

Un reciente fallo judicial dejó en claro que si una persona es obligada, bajo amenaza, a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo, hay abuso. Aunque el agresor esté a kilómetros de distancia

Adolescente sentada frente a un monitor de computadora con pantalla azul, teclado, ratón, dos vasos de agua y libros sobre una mesa.
El cuerpo ya no es el único territorio donde ocurre la violencia sexual: también lo son la mente o una pantalla (Imagen ilustrativa Infobae)
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Durante años repetimos una especie de creencia tranquilizadora: “Mientras no haya contacto físico, el daño no es tan real como si lo hubiera”. Era cómodo. Ordenaba el mundo en categorías claras: lo grave y lo no tan grave, lo real y lo virtual. Como suele pasar con las grandes transformaciones tecnológicas, la realidad llegó primero y la ley (y nosotros) fuimos detrás, tratando de entender qué había cambiado o, mejor dicho, qué está cambiando.

Un reciente fallo de la Justicia de Morón, de la provincia de Buenos Aires, no solo condena a un agresor, sino que hace algo más incómodo y necesario: nos obliga a actualizar el sentido común. Porque lo que este caso muestra, sin ningún tipo de eufemismo, es que el cuerpo ya no es el único territorio donde ocurre la violencia sexual. También lo es la mente. También lo es una pantalla.

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O quizás ya no tenga sentido preguntarse dónde ocurre: todo se mueve tan rápido que el lugar se vuelve difuso. Pero el daño está.

Durante tres años, una adolescente fue sometida a un régimen de control, amenazas y manipulación sin que el agresor la tocara físicamente, pero, sin embargo, la tocó todo el tiempo. La tocó en su voluntad, en su intimidad, en su desarrollo, en su psiquis. La convirtió en instrumento de su propio abuso. Eso tiene un nombre: violencia (digital).

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El problema nunca fue la distancia, sino el poder y el abuso. Hay algo interesante en cómo este fallo desarma una idea bastante arraigada: que el daño depende de la proximidad física. Como si la violencia necesitara compartir el mismo espacio para ser “real”. Pero el poder, el verdadero motor de cualquier abuso, nunca funcionó así. El poder opera a distancia desde hace siglos. Una orden, una amenaza, una extorsión. No hace falta estar cerca cuando se logra someter la voluntad del otro.

En el mundo digital, esa capacidad se amplifica. No solo porque elimina barreras físicas, sino porque permite algo más sofisticado: construir un vínculo, generar confianza, acumular información, aislar a la víctima y, recién entonces, ejercer el control. Es una violencia que no irrumpe: se va instalando. Como bien muestran los patrones de grooming, primero hay empatía, después hay intimidad y, finalmente, hay coerción. No es un delito impulsivo, es un proceso. Y eso lo vuelve, en muchos casos, más difícil de detectar y más devastador.

Quizás uno de los mayores riesgos del entorno digital no sea tecnológico, sino cultural: la tendencia a minimizar lo que ocurre en él: “Apagá el celular”, “Bloquealo”, “No le des bola”. Son consejos bien intencionados, pero peligrosamente simplificadores, porque trasladan la responsabilidad a la víctima.

Y volvemos al punto de partida: parten de una premisa equivocada, la creencia de que lo que pasa en una pantalla es menos real.

Este fallo viene a decir exactamente lo contrario. Y lo hace en términos jurídicos, que es donde más cuesta mover las categorías. Si una persona es obligada, bajo amenaza, a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo, hay abuso. Aunque el agresor esté a kilómetros. Aunque medie una cámara. Aunque no haya contacto físico. Lo virtual no atenúa el daño. En muchos casos, incluso, lo profundiza, porque hay algo particularmente cruel en este tipo de violencia: la víctima no puede “salir” del lugar donde ocurre. El espacio de agresión es, muchas veces, su propio cuarto. Su propio teléfono. Su propia intimidad.

Durante mucho tiempo, el derecho penal se estructuró en torno a la idea de presencia: quién estaba dónde, quién hizo qué, con qué contacto. Este fallo corre el eje hacia otro lugar más acorde a la época: el control. No importa tanto dónde está el agresor, sino cuánto domina la situación. No importa tanto el contacto físico, sino la capacidad de anular la voluntad del otro. Y esto no es un detalle técnico. Es un cambio de paradigma. Abre la puerta a entender muchas otras formas de violencia digital que todavía orbitan en zonas grises: desde la sextorsión hasta la manipulación con imágenes íntimas, pasando por nuevas formas potenciadas por inteligencia artificial.

Hay una dimensión adicional que empieza a volverse igual de relevante: la opacidad. Porque en el entorno digital, el control no solo lo ejerce una persona sobre otra, sino también los sistemas que median ese vínculo. Algoritmos que recomiendan, plataformas que jerarquizan, inteligencias artificiales que procesan y amplifican información. Y sobre estos sistemas, muchas veces, sabemos muy poco. Sin transparencia ni acceso a la información sobre cómo funcionan, qué datos utilizan y qué decisiones automatizan, el terreno donde ocurre la violencia se vuelve aún más difícil de mapear. No se trata solo de entender el daño, sino de poder verlo.

Si algo muestran tanto este caso como otros fenómenos recientes es que la tecnología no crea la violencia, pero sí la transforma. La vuelve más escalable, más persistente y, muchas veces, más invisible. El futuro llegó y no tan abstracto: hoy, un agresor puede operar desde una cárcel con un celular.

Mañana podrá hacerlo con herramientas aún más sofisticadas: identidades sintéticas, deep fakes, automatización de contactos, manipulación algorítmica.

La pregunta ya no es si el sistema judicial puede adaptarse, sino a qué velocidad puede hacerlo. Porque mientras discutimos categorías, las víctimas ya están viviendo las consecuencias.

Este tipo de fallos incomodan porque rompen con las ideas que nos ordenaban. Y está bien que incomoden. Obligan a revisar cómo educamos, cómo prevenimos, cómo acompañamos. Pero también cómo entendemos algo más profundo: qué significa hoy la integridad de una persona.

Si aceptamos que alguien puede ser devastado sin ser tocado, entonces tenemos que aceptar también que la protección de derechos no puede seguir pensándose en clave analógica.

Durante mucho tiempo, el mundo digital fue visto como un “territorio joven”, casi experimental, donde las reglas estaban en construcción. Ese tiempo se terminó. Hoy sabemos que ahí también se juega la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas. Especialmente de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.

Y sabemos, sobre todo, que mirar para otro lado ya no es una opción. Porque si hace daño, aunque no deje marcas visibles, no es menos real. Es, simplemente, otra forma de lo mismo. Y como toda forma de violencia, exige algo bastante concreto: que la tomemos en serio.