Entre negociaciones de interbloque y un constante tire y afloje, este martes 26 de octubre se debatirá en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocido como Ley de Etiquetado Frontal.
Nuestra salud está determinada, en gran parte, por la alimentación. Este proyecto de ley, que ya obtuvo media sanción del Senado, surge de la necesidad de abordar, a través de políticas públicas, la mala alimentación y la malnutrición.
El etiquetado, a través de los sellos de advertencia acerca de los excesos de nutrientes críticos -azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio- que contienen los productos procesados y ultraprocesados, es la puerta de entrada a otras políticas públicas que también están contempladas en el proyecto.
Los productos que contengan al menos una etiqueta no podrán ser ingresados en entornos escolares. El 50% de chicos y chicas de 13 a 15 años consume dos o más bebidas azucaradas por día; el 30% de niños y niñas en edad escolar tiene sobrepeso y el 6% obesidad. El proyecto también propone regular la publicidad: el etiquetado confuso y el marketing influyen en nuestras pautas de consumo, pero sobre todo en las chicas y los chicos. Por eso, es importante que en las escuelas se eduque acerca de la importancia de comer saludablemente.
El proyecto a tratarse el martes fue basado en la experiencia y resultados de otros países de Latinoamérica que ya cuentan con un sistema de Etiquetado Frontal, como Chile, Brasil, México y Uruguay. La evidencia científica libre de conflictos de interés demuestra que el perfil de nutrientes utilizado, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), permite identificar los productos que tienden a desequilibrar la alimentación de las personas e impactar negativamente en su salud.
Otro de los argumentos en contra del proyecto tiene que ver con que es una herramienta para la clase media y alta. Este proyecto apunta a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación adecuada y acceso a la información, derechos que se vulneran todos los días.
El 58% de las personas en nuestro país padece de insuficiencia de nutrientes, que tiende a acentuarse en los grupos de menor nivel socioeconómico, que reciben asistencia alimentaria estatal o de organizaciones y que, en su mayoría, contienen productos procesados y ultraprocesados. El proyecto contempla que el Estado Nacional priorice la entrega de alimentos y bebidas que no cuenten con sellos de advertencia que, por ende, impactaría positivamente en los programas de asistencia alimentaria y en la salud de los sectores más vulnerados.
El proyecto de Ley de Promoción de Alimentación saludable, que debe ser aprobada sin modificaciones y sin demora, es la puerta de entrada para que el Estado empiece a abordar las problemáticas de la malnutrición y la mala alimentación, y que nos sirva para construir una sociedad más justa y sostenible, que promueva la salud integral y la soberanía alimentaria. Porque ninguno de estos derechos puede ser un privilegio.
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