Los datos contundentes que oculta Mauricio Macri cuando denuncia que lo persiguen

En julio de 2016, apenas un año después de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, el Estado que él presidía estaba a punto de firmar un acuerdo con la empresa Correo Argentino, que pertenecía a su familia, para evitar la quiebra de esta última. Ese acuerdo no se firmó porque la fiscal Gabriela Boquín denunció en diciembre de ese año que le produciría un grave daño patrimonial al Estado argentino. El caso generó un escándalo en aquellos días porque despertaba la natural suspicacia de que un Presidente muy rico utilizaba su influencia para ahorrarle una fortuna a su propia familia.

Macri, por entonces, presidía actos de homenaje a don Arturo Illia, uno de los presidentes más honestos de la historia argentina. Para salvar la situación, le pidió al Procurador General del Tesoro que se involucrara personalmente en el tema. Por entonces, el Procurador se llamaba Carlos Balbín, y había sido designado por el propio Presidente. Balbín pidió que se realizara una auditoría independiente, que coincidió con el dictamen de la fiscal Boquín. Y la firmó. Lo que ocurrió a continuación es impactante. Macri, por intermedio del abogado Fabián Rodriguez Simón, hoy prófugo de la Justicia, le pidió la renuncia a Balbín. En su lugar, designó a Bernardo Saravia Frías, ¡un abogado que había trabajado para el holding familiar!.

Ese episodio quedó extraviado en la historia hasta esta semana, cuando otra fiscal del fuero comercial, Mónica Mauri, pidió la quiebra de la empresa Correo Argentino, y la jueza Marta Cirulli convalidó esa decisión. Entre una cosa y la otra, los abogados de la familia Macri habían recusado a la fiscal Boquín y a la jueza Cirulli. La Cámara en lo Comercial, integrada por María Lilia Diaz Cordero y Matilde Valerini, rechazó esa pretensión. O sea que, para que finalmente se declarara la quiebra de la empresa fue necesario que muchos funcionarios judiciales -la fiscal Boquín, la fiscal Mauri, la jueza Cirulli, las camaristas Díaz Cordero y Valerini y el entonces procurador del Tesoro designado y luego despedido por Macri, Carlos Balbín- opinaran en sentido opuesto a las pretensiones de la familia Macri.

Este detalle es importante, porque para tomar una decisión trascendente, en un expediente sensible, se necesita que participen muchas personas, de manera que no sea determinante el interés, o el error, o la opinión política de una sola de ellas. Así funciona la Justicia cuando funciona bien. La multiplicidad de opiniones diferencia a una persecución de un proceso que respeta tiempos y garantías.

Ninguna de las personas que participó del proceso que terminó con la quiebra tenía antecedentes ni activismo político. Entre los respaldos que recibió Boquín ante sucesivas presiones de Mauricio Macri figuró el de la asociación de fiscales, que preside Carlos Rívolo, el primer fiscal que pidió el procesamiento de Amado Boudou, y la mano derecha de Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos. La jueza Díaz Cordero fue presidenta de la asociación de Magistrados, que denunció varias veces las maniobras del gobierno de Cristina Kirchner para presionar jueces.

Pese a todas estas evidencias, un día antes que se conociera la resolución que mandaba a la quiebra al Correo, Macri difundió una carta repleta de argumentos muy parecidos a los que agita su archienemiga Cristina Kirchner, cada vez que la Justicia toma una decisión que no le gusta. Macri dijo que era perseguido, que el objetivo final de la ofensiva eran sus hijos y denunció sin ninguna prueba las decisiones tomadas por la fiscal Boquín. Macri no aparece en la causa. Sus hijos tampoco. No está preso, no está exiliado, no está procesado, podría ser candidato al cargo que quisiera, va y viene del exterior sin limitaciones, puede disponer de sus bienes: ¿dónde estaría la persecución?

Es notable cómo, en este aspecto, Macri y Cristina se legitiman –o deslegitiman—mutuamente. Si lo de Macri, como sostiene él, es a priori una persecución, ¿por qué no lo sería todo lo que vivió la vicepresidenta? Y, al revés, si no lo es –como sostienen el inoculado Carlos Zannini o Martín Soria, o todo el kirchnerismo- ¿por qué lo sería lo de Cristina? En principio, en las reacciones simétricas de los dos ex presidentes se expresan ciertos rasgos de una cultura política. Los dos ex presidentes actúan como si la Justicia no tuviera ningún derecho a investigarlos. “Lo que hace un presidente, por definición, es legal”, dijo alguna vez Richard Nixon, en un reportaje histórico del periodista australiano David Frost.

Macri y Cristina han recorrido caminos muy similares. En el 2012, un juez federal, Daniel Rafecas, decidió allanar una vivienda del entonces vicepresidente Amado Boudou por un hecho grave de corrupción. Boudou armó un escándalo por el cual logró que le quitaran la causa al fiscal y al juez que intervenían y que renunciara Esteban Righi, Procurador General de la Nación. Macri, por su parte, echó al procurador del Tesoro, Carlos Balbín. ¿Cómo se les podría ocurrir, a uno o al otro, actuar con independencia?

En noviembre del 2015, Cristina -a punto de irse- y Macri -a punto de asumir- se encontraron por algunos minutos. Macri contaría que Cristina le pidió garantías de que la Justicia no la investigaría y que él le respondió que no podría ofrecérselas porque la Justicia era independiente. Cuatro años después, la transición reunió a Macri con Alberto Fernández. Esta vez fue Macri el que le pidió impunidad a Fernández.

Macri y Cristina se parecen en otra cosa: odian que los comparen entre sí. No somos lo mismo, dice uno. No somos lo mismo, dice la otra. Al igual que Cristina, Macri tiene a su servicio a los abogados más caros de la Argentina. Al igual que Macri, Cristina es defendida por decenas de periodistas que, apenas aparece una indagatoria o una quiebra, gritan “lawfare” o “persecución judicial”. Mientras Macri y Cristina eran presidentes, jueces cercanos a ellos participaron, efectivamente, de persecuciones judiciales que ellos mismos jamás denunciaron.

La causa por el Correo tramita en la justicia comercial. La jueza Cirulli tomó la decisión de enviar la empresa a la quiebra porque consideró que debía dinero que no pagaba desde hace 21 años. En ese expediente hay una discusión de montos de la cual, como en cada proceso, cada parte extrae argumentos para defender su posición. Como es obvio, la que define al final es la Justicia. Pero en ningún caso esa causa podría afectar a Mauricio Macri o a sus hijos. Si la quiebra se extendiera al holding SOCMA, algo que habitualmente requiere varios años de debate, tampoco eso podría afectar al ex Presidente, que se desvinculó, al menos formalmente, del grupo hace muchísimos años.

Macri enfrenta, en cambio, un desafío distinto en otra causa que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Allí se investiga el acuerdo que estaba a punto de firmarse en el 2016. Si se probara que él intervino personalmente en la confección del mismo, y que era tan dañino como sostuvo Boquín, entonces tendrá que dar explicaciones. Como cualquier otra persona, sería indagado, tal vez procesado. En ese caso, la causa sería apelada a la Cámara. Y luego opinaría fiscales y jueces de un tribunal oral. Más tarde debería ser elevada a Casación y finalmente a la Corte. Recién allí, en una causa que es excarcelable, se conocería su destino.

Todavía ni siquiera fue indagado.

Mientras tanto, mientras argumenta que es perseguido, evita explicar por qué despidió a un procurador del Tesoro, en el mismo momento en que este firmaba una auditoría donde quedaba claro que el Estado, presidido por él mismo, favorecía a su acaudalada familia. Para quienes pretendan conocer la escala de valores del ex presidente, hay en esta historia un montón de detalles muy didácticos: tal vez la palabra “república”, debería utilizarse para definir a otras personas.

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