El problema de emprender en la Argentina

En tiempos de pandemia, emprender puede ser una tarea difícil, ya que reina una incertidumbre sobre lo que sucederá en el futuro inmediato. En la Argentina, para colmo, la cosa termina siendo un poco más complicada aún.

Para convertir las ideas o sueños en realidad, los emprendedores deben comenzar su camino averiguando cuáles son las habilitaciones que requiere tener para poner en marcha su proyecto.

Claro que no son iguales los sectores ni los requerimientos que les solicitan a cada uno. No es lo mismo un restaurante que una fábrica de pastas o una compañía de servicios de marketing. Pero los une la necesidad de habilitar el lugar de trabajo.

Afrontar esta tarea no sólo incluye tiempo (hablamos del que consume juntar los papeles, hacer el trámite y esperar a que salga todo bien para que se termine sin “ir y volver”), sino también dinero.

De acuerdo al rubro y a la posibilidad, también puede ser necesario que el vehículo utilizado requiera de verificaciones y habilitaciones, como la que otorga SENASA para transportar alimentos, por ejemplo.

¿En sociedad o en soledad?

Decidir emprender solo o en compañía puede determinar más o menos obligaciones, de acuerdo a elección realizada. Y, por consiguiente, termina impactando en tiempos y costos.

En efecto, si se decide iniciar un proyecto en conjunto, es necesario armar una sociedad o asociación (dependiendo del rubro). En cualquiera de los casos, es necesario que se redacte el contrato (es decir, se requiere de un abogado).

Los contratos deben registrarse en los registros de comercio de cada jurisdicción (en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es la IGJ). Además, deben cumplir con las obligaciones que establezca ese organismo (presentar balances, actas, pagar tasas anuales, etc.).

Si se trata de un emprendedor en solitario, el contrato y los registros no serían un problema. Sin embargo, el riesgo de hacerlo de esta manera es que toda la responsabilidad recae sobre el patrimonio personal del “emprendedor”.

Impuestos y más

A la hora de hablar de tributos, es necesario recordar que no solo hablamos de los que están bajo la órbita de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sino también de los municipales y los provinciales.

Entre los municipales podemos citar al más popular: la tasa por Seguridad e Higiene. Aunque existen otros más sorprendentes como el “impuesto al viento” que aprobó a fines del año pasado Puerto Madryn.

En cuanto a impuestos provinciales, es importante recordar que tenemos un fisco por cada provincia y en todos se cobra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que es el más regresivo de los gravámenes.

Para colmo de males, la cancelación del Pacto Fiscal terminó dándoles a los gobernadores vía libre para aumentar las alícuotas de este impuesto distorsivo a discreción.

A nivel nacional, conocemos de memoria casi todos los impuestos que existen. Sabemos también que cada tanto se crean nuevos, como el Aporte Solidario o el Impuesto PAIS sin eliminar ninguno de los vigentes.

También está el Monotributo, una alternativa creada con el fin de facilitar la tarea de los contribuyentes pequeños, que terminó distorsionándose al punto que no siempre es una opción sencilla.

Por último, es necesario recordar la carga que generan los regímenes de información y el hecho de que la mayoría de ellos recolectan información que el organismo de recaudación ya obtiene de otro lado.

Es decir que, todo lo que buscan conocer, ya lo tienen en algún otro lado y esto es porque el fisco explotó casi todas las formas de capacidad contributiva (ingresos, rentas, egresos, ahorro).

La idea es no aburrir con un listado interminable de impuestos, sino mencionar los principales de cada jurisdicción. No hay que olvidar que hay más de 140 gravámenes dando vueltas por la Argentina.

Muchos de estos gravámenes son en los que deberán inscribirse los emprendedores y estarán obligados a afrontar mensual o anualmente si quieren mantener su proyecto en el futuro.

En definitiva, el problema que tiene el emprendedor es el avance del Estado que, en vez de ayudar a llevar adelante los proyectos, los termina entorpeciendo con trámites que se convierten en vitales y con impuestos que los terminan asfixiando.

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