La Unidad de Información Financiera es el órgano encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En cumplimiento de esa misión en el año 2019 y ante el riesgo que habían representado y seguían implicando para la integridad del orden económico y financiero de la República Argentina, las operaciones financieras y comerciales en las que se involucren a personas allegadas al gobierno ilegítimo de Venezuela, se emitieron varias alertas una de las cuales involucraba al menos a 96 funcionarios del régimen incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro, seguido por la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramirez, el ex ministro de Educación, Elías José Jaua, a Tareck El Aissami (vicepresidente) y Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Constituyente); también se identificaban a 24 empresas venezolanas conectadas con el gobierno.
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Otra de las alertas, se refería a tipologías concretas de negocios realizados entre Argentina y Venezuela en operaciones de comercio exterior que se desarrollaron por más de 10 años y que involucraron a funcionarios, empresas y empresarios, de aquél país y del nuestro.
El 29 de marzo, la Unidad de Información Financiera (UIF) bajo la nueva conducción de Carlos Cruz, comunicó a los Sujetos Obligados a informar, el vencimiento y caída de todas las alertas, incluida la tipología de lavado de dinero que se habían difundido a partir de casos concretos que se encuentran bajo investigación judicial, haciéndolo con fecha retroactiva al 30 de Diciembre de 2020.
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No obstante este alineamiento de la UIF, con la decisión política de apoyo explícito al Gobierno de Nicolas Maduro luego de la salida del Grupo Lima, creemos que la debida implementación del enfoque basado en riesgos que deben aplicar los sujeto obligados a informar, por aplicación de la Recomendación 1 del Estándar Internacional del GAFI así como por las Resoluciones UIF 30/17, 21/18, 28/18 y 76/19, impone mantener vigentes las alertas, la tipología difundida y observar una debida diligencia reforzada sobre las personas identificadas y con quienes éstas posean vínculos personales o jurídicos, directos o indirectos y en caso de detectar operaciones, reportarlas.
Los riegos jurisdiccionales que representa operar con Venezuela y con las personas involucradas en dicha alerta, se mantienen vigentes. Los casos judiciales en la argentina muestran daños superiores a los 3 mil millones de dólares y aún existen otros graves señalamientos relacionados con la comisión de delitos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico (sin perjuicio de las acusaciones por violaciones graves a los Derechos Humanos) que ponen en riesgo y amenazan la integridad de nuestro sistema financiero.
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Relajar esas alertas importa invitar al régimen venezolano y a quienes operan con él, a usar el sistema financiero argentino, incrementándose al mismo tiempo nuestro riesgos jurisdiccionales en materia PLAyCFT.
Asimismo la medida dispuesta por la UIF de Argentina, puede facilitar la evasión de las sanciones impuestas por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) de EEUU y complicar la operatoria del sistema financiero argentino con ese país, sin perjuicio de sanciones que puedan promoverse por el Departamento del Tesoro.
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