La cuenta regresiva ya comenzó: si los partidos políticos no logran acuerdos para modificar el sistema electoral en los próximos meses, Honduras podría enfrentar las elecciones de 2029 con las mismas reglas que han generado cuestionamientos en procesos anteriores, manteniendo dudas sobre la transparencia, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.
Organizaciones civiles y analistas advierten que Honduras podría llegar a las elecciones de 2029 sin una reforma electoral de fondo, en debate están cambios como la segunda vuelta presidencial y la transformación del modelo de juntas receptoras de votos, que en algunos casos requieren reformas constitucionales.
El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa, Juan Carlos Aguilar, dijo que el principal obstáculo para avanzar será la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
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“El primer riesgo, si no hay consenso, pues no se aprueba la reforma. Habrá que ver cómo se va a manejar, si es una aprobación total, una aprobación parcial o si lo van viendo por etapas”, señaló Aguilar.
El representante de la ASJ indicó que el debate no se limita a aprobar nuevas normas, sino también a definir qué transformación necesita el sistema electoral y si existe voluntad política para aplicarla.
Entre las propuestas en discusión están la nacionalización de las juntas receptoras de votos y la posibilidad de establecer una segunda vuelta para la elección presidencial.

De acuerdo con Aguilar, ambos temas implican modificaciones constitucionales, por lo que no podrían aprobarse de inmediato sin cumplir los procedimientos previstos en la legislación hondureña.
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Explicó que estas reformas tendrían que aprobarse en una legislatura, pasar a la siguiente etapa legislativa y luego ser ratificadas por el Congreso Nacional.
Por eso, cualquier retraso en la toma de decisiones podría reducir las posibilidades de que los cambios estén vigentes antes de las elecciones generales de 2029.
Confianza en el proceso electoral
Más allá de las reformas técnicas, Aguilar señaló que uno de los retos es recuperar la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.
También advirtió que la falta de modificaciones podría sostener un escenario de incertidumbre y abrir espacio a nuevos cuestionamientos sobre la forma en que se organizan las elecciones.
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Aunque descartó que necesariamente se repitan situaciones similares a las de procesos anteriores, afirmó que las debilidades del sistema siguen siendo un motivo de preocupación.
Aguilar insistió en que la ausencia de cambios mantiene riesgos, sobre todo si los actores políticos continúan teniendo influencia directa sobre las reglas y los procedimientos electorales.
“Si no hay un cambio, lo que vamos a seguir viendo también es que los políticos van a seguir manejando el proceso electoral como se les vaya antojando”, afirmó.
El peso del voto independiente
El analista político Luis León planteó otro elemento en el debate: la influencia que podría tener una mayor participación de ciudadanos que no se identifican con los partidos tradicionales.
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Según León, las principales fuerzas políticas del país —el Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre)— representan una parte del electorado, pero hay un sector amplio de ciudadanos que no se siente representado por esas estructuras.
A su juicio, un aumento del voto independiente podría modificar la distribución del poder político y reducir el peso que históricamente han tenido los partidos con mayor presencia nacional.
Otro punto señalado por León es el funcionamiento de la actual Ley Electoral, que, a su juicio, establece condiciones difíciles para las organizaciones políticas emergentes.
El analista afirmó que varios partidos quedaron fuera del proceso electoral de 2025 debido a requisitos técnicos y procedimientos relacionados con los tiempos establecidos, una situación que, según su criterio, limita la competencia política.
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Para León, una reforma electoral debería revisar esos aspectos para garantizar mayores condiciones de participación y evitar que el sistema favorezca únicamente a las estructuras tradicionales.
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