El Gobierno de Bolivia expresa su preocupación por la frase de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

El Gobierno de Bolivia manifestó este jueves su profunda preocupación por las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en ese país “no volverán a haber elecciones”. La postura boliviana, difundida a través de un comunicado de la Cancillería, se suma a la inquietud internacional por el rumbo institucional nicaragüense tras el anuncio realizado por el mandatario en el aniversario de la revolución sandinista.

Según informó la agencia EFE, el pronunciamiento oficial de Bolivia destaca que las palabras de Ortega sobre la celebración de futuros comicios “ponen en cuestión un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado democrático de derecho en el hemisferio”. El Ministerio de Exteriores boliviano recordó el compromiso del país con la democracia y con los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, subrayando que el ejercicio pleno de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos son fundamentales para consolidar la institucionalidad democrática, proteger los derechos humanos y preservar la paz en la región.

El comunicado exhortó al Gobierno de Nicaragua a “actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano”, con el objetivo de garantizar los derechos políticos y la voluntad del pueblo nicaragüense. Esta posición oficial de Bolivia se produjo luego de que Daniel Ortega, durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la revolución sandinista celebrado el 19 de julio, afirmara que no se celebrarán más elecciones.

“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, dijo en ese momento.

Las palabras del mandatario nicaragüense generaron reacciones inmediatas en organismos internacionales y gobiernos de la región. La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó preocupación por el anuncio y recordó que la celebración de elecciones libres y transparentes es un requisito indispensable para la legitimidad de cualquier gobierno en el continente. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el impacto negativo que tendría la suspensión indefinida de procesos electorales en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía nicaragüense.

El miércoles, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y dirigente del partido sandinista, afirmó que sí se realizarán elecciones en el país, aunque bajo un nuevo marco constitucional. Porras sostuvo que ese marco será diseñado para “blindar” los comicios contra la “injerencia extranjera” y la participación de quienes consideró “traidores a la patria”.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido sobre el deterioro democrático en Nicaragua desde 2018, cuando se desató una ola de protestas que derivó en una represión generalizada. Desde entonces, el gobierno de Ortega ha sido señalado por la concentración de poder, la persecución a opositores y la restricción de libertades fundamentales. En este contexto, la supresión de elecciones libres ha sido interpretada por diversos analistas internacionales como una profundización del autoritarismo.

En el comunicado citado por EFE, la Cancillería de Bolivia reiteró que “la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa”. El texto enfatizó que el respeto a la institucionalidad y los compromisos internacionales es indispensable para la estabilidad y la paz regional.

Varios países del continente, entre ellos Chile, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos, han emitido pronunciamientos condenando las declaraciones de Ortega y demandando el restablecimiento de garantías democráticas en Nicaragua. Las posiciones coinciden en que la interrupción de los procesos electorales vulnera los principios básicos del sistema interamericano y pone en riesgo la convivencia pacífica en la región.

A medida que avanzan las reacciones diplomáticas, la comunidad internacional observa con atención la evolución de la crisis institucional en Nicaragua y la respuesta de las autoridades ante los llamados a preservar la democracia y los derechos ciudadanos. Según EFE, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas adicionales por parte de la OEA ni de otros organismos multilaterales, aunque se mantiene la expectativa sobre posibles acciones en el ámbito regional.