Hace largo tiempo que Rosario, por un lado, y la provincia de Santa Fe, por otro, vienen desgraciadamente siendo noticia. Por la escalada de muertes vía sicarios en hechos relacionados al narcotráfico, el juego ilegal, el robo de autos y la piratería de camiones, entre otros, la ciudad tiene números récord de asesinatos y una tasa de homicidios que la asimila a las ciudades más riesgosas de Latinoamérica y que casi triplican la media nacional. Todo esto, sumado al recambio de ministro de Seguridad provincial y el aumento de las fuerzas de seguridad federales en la zona.
Ya en el 2020, los hechos luctuosos aumentaron un 27% en Rosario (pandemia mediante), llegando a un total de 212, la cifra más alta de los últimos cinco años. La última vez que se registraron más de 200 asesinatos en la ciudad y sus zonas aledañas fue en el 2018. El 78% de las víctimas fueron agredidas con armas de fuego y el 53% tenía menos de 30 años. Los hechos suelen ocurrir en horas de la noche.
En este contexto, se debe tener presente la reciente condena judicial al ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas provincial, Alejandro Druetta, y las consideraciones de índole política sobre esto.
El Tribunal Federal N° 3 de Rosario condenó a Druetta a diez años de prisión por considerarlo partícipe necesario en el delito de tráfico de estupefacientes. El juicio analizó las pruebas de una investigación sobre una banda que operó en el sur de la provincia al menos desde 2007 y generó una confrontación política muy grande entre el Frente Progresista y el peronismo.
A pesar de que los principales líderes de las organizaciones delictivas se encuentran detenidos, ellos conservan su influencia. Además, continúan apareciendo nuevos grupos que intentan ocupar espacio en el mundo del delito y atentan contra la paz en la provincia.
En este contexto, ¿podrá el nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe, el abogado Jorge Lagna, disminuir esta epidemia delictiva sin un plan hasta ahora conocido de trabajo en la materia? ¿La batalla narco la está ganando el delito organizado? ¿Las estructuras policiales y judiciales provinciales están a la altura del desafío? En octubre del 2021, la muerte por encargo de Martín El Fantasma Paz significó el inicio de una guerra por dominio del negocio. Una guerra sin cuartel, que llevó entre otras cosas a un recambio de cúpulas de Seguridad, fiscales detenidos, un senador con pedido de desafuero, la casa del entonces gobernador, Antonio Bonfatti, baleada y la muerte del gerente zonal del Banco Nación en el casino local, entre otros hechos.
En medio de este grave escenario que mantiene en vilo a la población local, se conoce el allanamiento a la financiera Cofryco en la zona de Puerto Oroño, supuesta propiedad de Patricio Carey (detenido), Guido Garay y Fernando Vercesi por aparentes vínculos con el narco-lavado. Se les requisó una importante suma de dinero en esa y en otras financieras, y también en domicilios particulares, uno de ellos en el country La Rinconada.
Con 380 muertes en la provincia en el 2020 y 20 ataques con armas por día, y más de 50 muertes en lo que va del 2021, en Santa Fue hay un panorama preocupante que de inmediato debe ser controlado y atacado.
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