Pesca artesanal peruana, los costos de un sector desarticulado

La pesca artesanal peruana enfrenta hoy una combinación de problemas que se han ido acumulando y que amenazan la sostenibilidad económica del sector. Miles de familias que dependen de recursos como la pota, el perico y el bonito enfrentan una situación cada vez más difícil de sostener, marcada por el incremento de los costos de operación, las limitaciones de infraestructura y cadena de frío en los desembarcaderos, la fragmentación gremial y una posición de negociación desfavorable frente a los compradores.

El resultado es un sector con márgenes cada vez más estrechos y una informalidad que sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un ordenamiento efectivo y sostenible.

El problema se ha agudizado en los últimos años. Según estimaciones del propio sector pesquero, existen más de 23,000 embarcaciones artesanales registradas, aunque una parte de ellas opera al margen de las exigencias legales. A ello se suma una marcada dispersión gremial que dificulta la construcción de una agenda común y debilita la capacidad de los pescadores para defender sus intereses y mejorar sus condiciones de negociación.

En este escenario, la ley de la oferta y la demanda termina jugando en contra de quienes tienen menor capacidad de negociación. Cuando la oferta aumenta y los pescadores carecen de infraestructura suficiente para conservar sus capturas, su margen para esperar mejores precios se reduce considerablemente. El resultado es una mayor vulnerabilidad económica que profundiza los problemas estructurales del sector pesquero.

El combustible es uno de los factores que más presiona a la pesca artesanal. Una embarcación potera requiere más de 600 galones por faena, lo que representa un gasto superior a S/ 15,000 solo en diésel. Así lo señaló la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL) en su pronunciamiento del 14 de agosto de 2026, en el que exigió que los subsidios al combustible incluyan a la pesca artesanal y recordó que más de 7,000 embarcaciones dependen de estas pesquerías, detrás de las cuales se encuentran miles de tripulantes, comerciantes y familias. La exclusión del sector de las políticas de compensación no solo resulta injusta, sino que amenaza con debilitar una cadena productiva que abastece tanto al mercado nacional como a los mercados de exportación.

La precariedad institucional agrava el cuadro. Los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA), que deberían ser centros de acopio y conservación, presentan serias deficiencias de infraestructura y equipamiento. Más del 60% de sus cámaras de frío estarían inoperativas y la producción de hielo resulta insuficiente. Esto obliga a vender la captura de inmediato, reduce la capacidad de negociación y refuerza la dependencia de las plantas industriales. La falta de mantenimiento y las deficiencias en la gestión han limitado el cumplimiento de su función. Fortalecer el Fondepes y profesionalizar la gestión de los desembarcaderos es una tarea impostergable.

El Fenómeno El Niño 2026 ha añadido un componente de crisis. En zonas como Vice y Paita, las faenas fueron suspendidas por el Ministerio de la Producción, dejando a cientos de familias sin ingresos. La Asociación de Propietarios y Pescadores Artesanales del Distrito de Vice (APROPESAV) denunció, en un oficio del 3 de agosto de 2026, que la paralización, sumada al alza del combustible y a lo que considera una concertación de precios por parte de las plantas, ha dejado a los pescadores sin sustento. La carta advierte que el sector está siendo criminalizado por normas que, lejos de protegerlo, terminan tratándolo como un enemigo del Estado.

El panorama es complejo, pero tiene solución. Esta no pasa únicamente por subsidios temporales al combustible, aunque son urgentes para evitar el colapso inmediato. Se requiere una reforma integral que incluya la profesionalización de la administración de los DPA, entregándolos a empresas calificadas que garanticen su mantenimiento y operación eficiente; la reforma del Fondepes, para convertirlo en un verdadero motor de desarrollo pesquero; el diseño de políticas de apoyo diferenciadas, que reconozcan la estructura de costos de la pesca artesanal y su importancia en la generación de empleo; y el combate a la informalidad, integrando a las embarcaciones ilegales bajo un régimen de control y registro que permita ordenar el esfuerzo pesquero.

La pesca artesanal no es un sector marginal. Representa una fuente de empleo, alimento e identidad cultural para el país. “Ignorar su crisis significa profundizar la vulnerabilidad de miles de familias y renunciar a un recurso que, bien gestionado, puede ser sostenible y competitivo.”

El problema que hoy se vive en los desembarcaderos pesqueros artesanales no debería quedar relegado a los comunicados gremiales. Es una realidad que exige decisiones, pero también una revisión profunda de cómo se viene organizando y gestionando el propio sector. La fragmentación gremial, la informalidad y la deficiente administración de los desembarcaderos han contribuido a profundizar sus dificultades. Ordenar el sector, profesionalizar su gestión y generar mejores condiciones para comercializar sus productos resulta indispensable para que la pesca artesanal pueda recuperar su capacidad de generar empleo y desarrollo en las comunidades costeras.