No hay mal que por bien no venga

La ilegal, intempestiva e inconsulta decisión de reducir los fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires, primero por decreto y ahora por ley –con un recorte aún mayor-, ha causado una lógica conmoción en el gobierno porteño. Indudablemente, el Frente de Todos, continúa con sus acciones de avasallamiento de las instituciones, irrespeto del federalismo y profundización de un proyecto hegemónico.

Lo sucedido es grave en materia institucional y lo más curioso es que la mayoría de los legisladores, representantes de las provincias, han avalado esto, sin darse cuenta de que el gobierno nacional, con intencionalidad política, puede hacer lo mismo con alguna provincia que no responda a los lineamientos de la Casa Rosada.

La controversia ahora se trasladó al área judicial, siendo resorte de la Corte Suprema resolver sobre el reparto de la coparticipación, que es un tema pendiente por imperio de la Constitución reformada en 1994, que ya lleva 24 años sin resolverse.

No obstante, esta situación desfavorable, el gobierno porteño está ante la posibilidad, obligada –no por convicción- de efectuar un recorte de gastos en el abultado presupuesto porteño, de modo de equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, no lleva a cabo esta sana política, sino que opta por el camino de un aumento de la ya, de por sí, abultada presión impositiva sobre los porteños. En este marco se inscribe el gravar con impuesto de sellos a los resúmenes de tarjetas de crédito, entre otras medidas, que recaerá sobre las espaldas de la sufrida clase media porteña.

El debate, entonces, más allá de un tema de justicia, de defensa del federalismo, de no respeto a las instituciones, debiera centrarse en el destino de los fondos de la ciudad. Desde el gobierno local se aduce que el recorte afectará a servicios de salud, a la policía y otras partidas que hacen al normal funcionamiento de cuestiones básicas. Frente a ello, a los ciudadanos porteños nos hubiera gustado ver una administración del gasto con mayor eficiencia y no casos como el de la obra pública, donde se arreglan las mismas veredas o calles varias veces en el mismo año; o donde se hacen controles de legalidad en diversas licitaciones, pero no de razonabilidad en los montos a contratar. Y ello sin mencionar los casos de varios familiares de altos funcionarios gubernamentales envueltos en algunas licitaciones que, cuanto menos, rozan lo antiético.

Finalmente, los ciudadanos porteños deben saber que, a pesar del recorte de fondos coparticipables, se mantienen decisiones que la mayoría no va a compartir, como los subsidios a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo o las abultadas partidas para una tendenciosa enseñanza sexual integral y de pseudo políticas de género … o, una perlita más, bastante oculta: que el gobierno de la ciudad sostiene al movimiento de Juan Grabois que, entre otras cuestiones, usurpa tierras y bienes, avasallando el derecho de propiedad, pilar básico para la recuperación y reconstrucción de la Nación toda.

Por eso, no hay mal que por bien no venga. Debiera el Jefe de Gobierno tomar actitudes más racionales, recortando gastos que nunca debieron haber existido, en vez de victimizarse con un desfinanciamiento de las actividades esenciales como salud o seguridad. E ir en el camino correcto de bajar la presión impositiva local, único camino para liberar fondos en manos privadas, creativas de riqueza y empleo, para beneficio de todos los porteños y de los muchos compatriotas que acuden a la ciudad capital de todos los argentinos.

*El autor es Secretario General del Partido Demócrata Nacional.