En los últimos días volvió a instalarse el debate sobre los sistemas de control de velocidad en rutas y zonas urbanas, a raíz del análisis de nuevas tecnologías que buscan evitar una práctica habitual de muchos conductores: reducir la velocidad únicamente frente al radar para luego volver a acelerar.
Recordamos que actualmente los controles de velocidad son por radares fijos. Por eso, el nuevo sistema bajo estudio busca incorporar controles más dinámicos y continuos, incluyendo sistemas de medición por tramos, tótems inteligentes y tecnologías capaces de detectar la velocidad promedio de circulación. La finalidad declarada es reforzar la seguridad vial y disminuir los siniestros causados por exceso de velocidad.
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A nivel internacional, diversos países ya implementaron sistemas de control de velocidad por tramo o velocidad promedio, entre ellos Reino Unido, Italia, España, Países Bajos y Austria.
Estos mecanismos funcionan mediante cámaras ubicadas en distintos puntos de una ruta o autopista que registran el horario de paso de cada vehículo y calculan la velocidad promedio desarrollada durante el trayecto. El objetivo de este sistema es desalentar maniobras habituales de reducción momentánea de velocidad únicamente frente al radar, promoviendo una conducción más constante y segura a lo largo de todo el recorrido.
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Sin embargo, la implementación de estos sistemas también reabre discusiones jurídicas relevantes.
En los últimos meses, distintos organismos y tribunales analizaron cuestionamientos vinculados a la homologación de radares, falta de señalización, irregularidades administrativas y validez de determinadas fotomultas. Inclusive, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso recientemente la baja de múltiples radares en rutas nacionales por problemas operativos y de autorización.
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En este contexto, resulta fundamental recordar que todo sistema de fiscalización debe cumplir con requisitos legales y técnicos claros: homologación vigente, correcta señalización, autorización administrativa y debido procedimiento para garantizar el derecho de defensa del presunto infractor.
La tecnología aplicada al tránsito puede constituir una herramienta útil para reducir accidentes, pero su utilización debe respetar principios básicos de legalidad y transparencia.
Desde Iezzi & Varone, entendemos que los mecanismos utilizados para regular el tránsito, como cualquier tecnología, deben ser actualizados para no quedar obsoletos, pero esto no puede ser en detrimento de garantías constitucionales. La prevención de accidentes debe ser una prioridad, pero ello no puede traducirse en mecanismos irregulares o exclusivamente orientados a la recaudación.
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El desafío será lograr sistemas eficientes, transparentes y ajustados al marco legal vigente.
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