Una propuesta para frenar el acoso en las redes sociales

Es importante desconectar el wifi y el bluetooth si no se los está usando.
Es importante desconectar el wifi y el bluetooth si no se los está usando.

En el mundo es cada vez más frecuente que se vulneren derechos a partir de la difamación y el agravio por Internet y la difusión -sin autorización- de material que hace a la vida privada. La Argentina no es ajena a esta realidad y son abundantes y diversos los casos donde se agrede y se viola la privacidad.

Los nuevos sitios de interacción obligan al Estado a reformular la manera en que regula su uso y proteger en formas ágil y eficaz los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso y ante la ausencia de un marco jurídico de protección contra esos actos lesivos, presentamos un proyecto de ley para dar mayor seguridad a los usuarios de redes y plataformas de comunicación en Internet debido al aumento de los casos reportados de personas que han sido injuriadas o calumniadas.

A través de la iniciativa se busca generar mecanismos que protejan a los ciudadanos de aquellas publicaciones agraviantes que les provoquen mortificación y dolor, ya que los derechos de las personas en el ciberespacio no deben ser vulnerados y exigen la misma protección como si se estuviera hablando de contenidos en cualquier medio convencional de comunicación.

El objetivo es proporcionar a los afectados la posibilidad de acudir, tanto a los proveedores de servicios de Internet (PSI) como a las autoridades correspondientes, a través de un mecanismo rápido para eliminar la información que viola los derechos fundamentales de las personas como una instancia previa al reclamo judicial. Con esto buscamos evitar mayores perjuicios para la víctima y disminuir el tiempo de espera, ya que la resolución de un proceso judicial puede tardar años en su tramitación.

¿Cómo funciona?

Los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) deben proporcionar un correo electrónico o formulario online, para recibir las denuncias de publicaciones abusivas, las cuales deberán ser notificadas dentro de las 72 horas al Enacom o a la institución que correspondiere, junto con las acciones correctivas tomadas. Las acciones correctivas son para interrumpir e impedir la difusión de la publicación denunciada a través de sus plataformas, servicios y herramientas y deben ser expeditas. Si el proveedor no toma una medida correctiva y el Enacom lo considera necesario, este dispondrá de las mismas.

El proyecto contempla además los siguientes aspectos:

-Publicaciones Anónimas. En los casos en donde la víctima de publicaciones difamatorias, deshonrosas, injuriantes y/o calumniosas se encuentre en estado de indefensión por la naturaleza anónima o falsa de la publicación, estas se eliminarán por simple acción de la misma.

-Derecho de Rectificación. Cuando fuere posible, la víctima de publicaciones abusivas podrá ejercer su derecho a solicitar la rectificación del contenido de forma rápida y eficaz.

-Acciones Judiciales. Las medidas correctivas que las autoridades y los PSI establezcan no impedirán el derecho a iniciar acciones judiciales.

El Estado debe intervenir, no solo a través de la educación y la concientización social de la problemática, sino mediante mecanismos eficaces de protección jurídica para el restablecimiento de los derechos de las personas. Las publicaciones deben basarse en valores aceptados universalmente, como la dignidad y el valor de la persona humana, la privacidad personal, entre otros, evitando conductas ilegales y actos motivados por el racismo, la discriminación, la xenofobia, la intolerancia, el odio, la violencia y todas otras formas de abuso.

Sabemos claramente que el principio rector es la libertad de expresión y su defensa irrestricta. Esta propuesta respeta los límites impuestos por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales relacionados con la protección al derecho a la libre expresión, dando un marco de protección frente a estos graves abusos que se viven a diario.

El autor es senador nacional por Mendoza (UCR)