Baja de impuestos: los gobernadores hacen política en vez de ocuparse de la gente

A raíz de la baja del IVA para unos 14 productos de alimentos y bebidas como el incremento del mínimo no imponible de Ganancias, 18 gobernadores emitieron un documento de queja porque tanto el IVA como Ganancias son impuestos coparticipables y, por lo tanto, se quejan porque ven que recibirán menos por esos conceptos.

Llama la atención de los gobernadores, que si bien dicen que hay que considerar la situación complicada que está viviendo la gente, no quieren perder un centavo de ingresos fiscales provenientes de la recaudación de la Nación alegando que las ponen, textualmente, en una grave situación de desfinanciamiento.

El gráfico muestra la participación de las provincias en los recursos de origen nacional que reciben automáticamente por coparticipación. El cálculo está hecho descontando los impuestos al comercio exterior (derechos de exportación, de importación y de tasa de estadística) y los recursos destinados al Sistema de Seguridad Social.

Como puede verse, durante el período del kirchnerismo recibieron el 40 / 41 por ciento del total de los recursos de origen nacional. Con Cambiemos mejoraron 10 puntos porcentuales su participación en los ingresos de la coparticipación federal.

En otras palabras, realmente salen a patalear porque pierden parte de la recaudación al mismo tiempo que quieren que a la gente le bajen los impuestos, pero no quieren contribuir con un esfuerzo fiscal que es marginal, comparado con la mejora que tuvieron en sus ingresos fiscales por coparticipación en los últimos años.

Considerando cómo viene la recaudación impositiva, no es descartable que los ingresos coparticipables crezcan en $370.000 millones comparando 2019 versus 2018, con lo cual, suponiendo que las provincias pierden ingresos fiscales por $35.000 millones por la rebaja del IVA, de Ganancias y del Monotributo, estarían perdiendo el 9,5% del incremento de los ingresos coparticipables para este año y el 2% de los ingresos totales de coparticipación del año.

El problema de la mayoría de los gobernadores es que parecen haber utilizado el empleo público como forma de clientelismo político. Si no hubiesen incrementado la cantidad de empleados estatales provinciales en la forma que lo hicieron entre 2003 y 2017, hoy podrían bajar impuestos provinciales para que las empresas invirtieran y hubiese más puestos de trabajo en sus provincias.

De acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, la información disponible de empleo público provincial llega hasta 2017. Como puede verse en el gráfico, en promedio el empleo público en las provincias aumentó un 70% entre 2003 y 2017.

La que más aumentó el empleo público fue Jujuy con 154% de incremento y la que menos fue Formosa con 32%, seguramente porque ya no tendrían más gente para nombrar en el Estado y no tanto por disciplina fiscal.

Obviamente que con semejante incremento del empleo público provincial, la masa salarial estatal a pagar pesa en el presupuesto de las provincias y esto lleva a tener un descontrol por el lado del gasto.

El problema vuelve a ser siempre el mismo: la coparticipación federal de impuestos. Recordemos que cuando se sancionó la Constitución de 1853/60 no existía la coparticipación de impuestos. Cada provincia se proveía de sus recursos.

La historia de la Coparticipación Federal

Hasta 1890 el sistema tributario argentino era claramente federalista. La Nación cubría sus gastos con los ingresos provenientes del comercio exterior y con impuestos internos que recaudaba en territorios nacionales. Hasta 1950 las actuales provincias del Chaco, La Pampa, Misiones, Formosa, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Chubut eran territorios nacionales. Tierra del Fuego fue transformada en provincia en 1990. Es decir, hasta mediados del siglo XX había 14 provincias y 9 territorios nacionales. Las provincias financiaban sus gastos con impuestos a la propiedad y al consumo.

Este sistema de federalismo fiscal fue cambiando primero con la crisis de 1890 cuando la Nación aplicó impuestos internos en todo el territorio nacional coparticipando a las provincias. Pero en 1930 la Nación aplica más impuestos en las provincias y las coparticipa.

Y en 1973 el sistema cambia definitivamente cuando se crea el IVA pasando de un sistema devolutivo de impuestos coparticipados a un sistema redistributivo, lo que implicó que las provincias más desarrolladas empezaron a subsidiar a las provincias menos desarrolladas.

La realidad es que este sistema generó un serio problema de incentivos para el cobro de impuestos y de gastos dado que el costo político de recaudar cae mayormente sobre el gobierno nacional y el beneficio político de gastar queda en manos de los gobernadores.

Estimo que actualmente, sumando los recursos impositivos de origen nacional por coparticipación con los recursos provinciales, del total de recursos, en promedio, los recursos provinciales representan solo el 25% de los ingresos impositivos de las provincias. Un sistema ideal para que los gobernadores impulsen el populismo en el aumento del gasto público, que justamente es lo que estamos viendo en estos días en que los gobernadores quieren que el estado nacional siga pagando el costo político de mantener alto el IVA y el impuesto a las ganancias porque ellos no quieren asumir el costo político de poner orden en sus cuentas públicas.

Finalmente, el gráfico previo muestra el aumento nominal salarial del empleo público por provincia entre 2003 y 2017. Como puede verse, en promedio, las provincias aumentaron el salario medio del empleado público en 2.584% contra una inflación de 1,770% (empalme IPC Congreso en el período en que el Indec estuvo intervenido y sus datos distorsionados, hasta la normalización de las estadística),. Es decir, salvo La Rioja, y hasta ahí nomás, aumentaron el salario medio del empleado público provincial por encima del tasa de inflación.

O sea, generaron todos los incentivos para que no se produzca, explotar impositivamente al que produce y generar un conchabo en el estado que vive del trabajo de los que producen.

En síntesis, no es solo responsabilidad del Estado nacional bajar el gasto público, sino que las provincias tienen una responsabilidad muy grande en la carga tributaria que hoy pesa sobre el sector privado, haciendo inviable la inversión y el crecimiento económico.

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