(Télam)
(Télam)

Está claro que el 2018 fue el año de la mujer argentina. Y si bien el principal reclamo —no el único— del colectivo feminista (el aborto libre, legal y gratuito) no pudo concretarse en una ley, ya se baten armas en lo que será una nueva batalla épica durante el 2019 por la adquisición de ese derecho.

Sin embargo, y más allá de la suerte que esa discusión tenga, hay algo que al colectivo feminista ya nadie podrá arrebatarle: el debate ganado de la paridad de género en los ámbitos de representación política, otorgado por la ley 27412, sancionada en 23 de noviembre de 2017.

En efecto, la ley de paridad establece que las listas de candidatas y candidatos al Congreso de la Nación (para las Cámaras de Diputados y Senadores) y al Parlasur deben ser realizadas "ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente". Es decir que, si el 2018 fue el año de la mujer por el grado de movilización alcanzada y nos aportamos para vivir el "año del aborto legal", lo que ya es un hecho es que el 2019 será el año de la paridad de las mujeres argentinas en las listas legislativas de las elecciones de este año.

Este extraordinario avance es al mismo tiempo un piso demasiado bajo para lo que ese colectivo aspira, claramente definido en su momento por la diputada nacional por Evolución radical Carla Carrizo durante la Jornada de Género y Política organizada por el Comité porteño del radicalismo: "La paridad no debe ser vivida como un ámbito legislativo. Necesitamos paridad en el Ejecutivo, en las universidades; necesitamos pensar una democracia que no excluya a las mujeres de la competencia". Ya antes la filósofa feminista Diana Maffía había sostenido en el mismo encuentro: "La paridad y el cupo son herramientas para que las mujeres capaces no tengan trabas para llegar a lugares de decisión".

Lo que está claro es que el objetivo es lograr la paridad en todas las instancias del poder: desde los organigramas de cada ministerio en todos los niveles del Estado hasta los despachos y las oficinas del Poder Judicial, de las universidades, de los clubes con personería otorgada por el Estado y también en los sindicatos, donde la ausencia de mujeres en las cúpulas de las conducciones de los gremios convive con hombres que los conducen por décadas y que cuando ceden la conducción, además suelen hacerlo a sus propios hijos (varones).

Estoy convencido de que todos estos ámbitos institucionales necesitan reformas profundas en esta etapa de la democracia argentina, que por supuesto no están limitadas a la cuestión de la paridad de género, pero que sí coincidimos en que buena parte de lo que allí debe reformularse tiene que ver con un cambio cultural que requiere sin duda un abordaje superador de las prácticas patriarcales y machistas.

Más mujeres, mejor política. El primer paso es el Congreso Nacional y las legislaturas, pero el colectivo feminista no está dispuesto a que ello quede ahí, y es extraordinariamente importante para la democracia argentina.

El autor es secretario de la Mesa Directiva UCR Capital. Presidente del Instituto Moisés Lebensohn.