Lo poco que estudiamos en el colegio sobre la historia de nuestro país habla de caudillos, algún que otro presidente, varias crisis y golpes militares. No se suelen explicar las razones para las diferencias entre unitarios y federales. En general no se habla de cómo, cuándo, ni por qué se organizó políticamente nuestro país, y por qué tenemos un sistema federal. Hasta el día de hoy se declama y honra al federalismo pero se entiende poco lo que significa.

El federalismo es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados provinciales que se asociaron y que luego delegaron algunas competencias en la nación. Por la Constitución nacional, las provincias delegan en la nación varias funciones que difícilmente pudieran ser divisibles: seguridad de ataques exteriores, moneda, política migratoria y varios más.

Generalmente para la economía y las elecciones tendemos a pensar solamente en la nación. Es más, observamos solo el comportamiento del Poder Ejecutivo, dando menor importancia al Poder Legislativo y al Judicial. ¡Eso es un gran error! Ciertamente, como en temas económicos estamos a los tumbos desde hace un siglo, nos enfocamos en el ministro de Economía, sin ver en qué marco legal puede moverse.

Justamente ese marco legal es función del Congreso en el que se representan las distintas ideas políticas y las provincias. Las provincias tienen representación en el Senado y Diputados para analizar cómo se destinan los recursos a través del presupuesto. Juzgue el lector si realmente realizan cabalmente su función.

En la historia argentina las luchas entre unitarios y federales se dieron, entre otros motivos, por el control de los recursos de la Aduana, principal fuente de ingresos en esos tiempos. Desde la batalla de Caseros, estos se reparten entre las provincias, al igual que otros impuestos nacionales. Es posible que este reparto de ingresos haya creado incentivos perversos para un gran proteccionismo, aumentando así los ingresos que las provincias recibían, sin necesidad de desarrollar sus economías.

Las provincias tienen ingresos que distribuye la nación, a través de la coparticipación, más sus propios impuestos. Tienen muchos impuestos, tasas y mecanismos de cobros autónomos. Las retenciones y las percepciones de las provincias son diferentes pero en todos los casos afectan —y mucho— la producción local. La nación solo administra aproximadamente el 25% de los recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el resto se deriva a las provincias y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El compromiso federal se dirige a ordenar esta proliferación de impuestos y reducir su costo, ya que al mismo tiempo reciben más coparticipación.

Cualquiera que sea el origen hace más de 150 años de nuestro sistema federal, tenemos que analizar cómo funciona y por qué nos importa tanto ahora. Hay un aspecto fundamental: no debemos olvidar que las funciones más cercanas a la gente las llevan a cabo las provincias: salud, educación, justicia, y la infraestructura básica es responsabilidad de las provincias y municipios. Por ejemplo, en educación, son responsables de la selección y la capacitación de los maestros y del pago de sus sueldos, del mantenimiento de los edificios, de gran parte del contenido y los temas de estudio. De la misma manera, los hospitales son provinciales y su mantenimiento, la disponibilidad de medicamentos, la calidad de atención de los médicos y sus sueldos, son responsabilidad de las provincias.

Es cierto que hay hospitales o escuelas nacionales, pero son una minoría. Igual que estos ejemplos son la iluminación de las calles, la disponibilidad de agua potable, las alcantarillas y el asfalto, la comisaría y la policía. Hay cientos de ejemplos que muestran que la calidad de vida de las personas depende muchísimo de dónde vive y cómo se comporta su gobierno local.

El compromiso federal implica mayores recursos para las provincias. El federalismo bien entendido implica que las provincias tomen sus propias decisiones, pero también implica que se hagan responsables de la calidad de sus servicios.

La autora es economista, Universidad CEMA. Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.