Todo empezó en 1995, en la ciudad de Plano, en el estado de Texas a 100 km de Dallas. Un cruel crimen. Paul King fue asesinado. El mexicano Chávez y el argentino Saldaño fueron considerados sus autores. Víctor Saldaño tuvo allí su primera condena de muerte.

Esa condena de muerte, en el año 2001, sería declarada nula por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, fundada en que la condena de muerte a Víctor Saldaño estaba impregnada de discriminación por raza y nacionalidad. La Suprema Corte de Estados Unidos obliga al estado de Texas a hacer un nuevo juicio sin pauta alguna de racismo.

En el año 2005, en la ciudad en McKinney, se celebra el segundo juicio y nuevamente Víctor Saldaño es condenado a muerte. En este segundo juicio aparece un Víctor Saldaño con total degradación mental fruto de los nueve años que llevaba en el corredor de la muerte. Todos los precedentes coinciden que con cuatro años en el corredor de la muerte cualquier aparato psicológico te degrada de manera irreversible. Es decir que, en este segundo juicio, el acusado, Víctor Saldaño, era incompetente en términos procesales, ya que no tenía ninguna posibilidad de defenderse por su degradación mental causada por el propio Estado que lo juzgaba.

El racismo en el primer juicio

La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declaró nulo el primer juicio por racismo. Ese racismo aparece cuando el Tribunal declara la peligrosidad futura de Saldaño fundada en un protocolo avalado por la comunidad científica de Texas que medía la peligrosidad de un acusado. En ese protocolo había tres indicadores: varón o mujer, joven o viejo, y blanco, negro o latino.

Con ese protocolo "científico", Víctor Saldaño es declarado altamente peligroso, porque era joven, varón y latino, y es condenado a muerte.

Víctor Saldaño contra los Estados Unidos

Este es un caso que se sustancia ante la Comisión Interamericana desde 1988. Estados Unidos es denunciado por discriminación racial en su sistema judicial. Debería ser suficiente para probar la denuncia la sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos que declaró la nulidad del primer juicio por racismo.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos de manera temeraria prolonga este juicio internacional durante diez años.

En diciembre del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia a través del Informe de Fondo 76/16. Informe políticamente valiente y jurídicamente riguroso. En ese informe la Comisión declara la nulidad absoluta de las dos condenas de muerte de Víctor Saldaño por estar fundadas en discriminación por raza y nacionalidad. Declara también que el corredor de la muerte no es una cárcel sino un sitio técnico de tortura, y que para esa época Víctor Saldaño llevaba veinte años. Tortura que había degradado totalmente la psiquis del argentino Saldaño.

Este Informe de Fondo tiene para Estados Unidos valor jurídico vinculante y, sin embargo, el Estado americano no ha cumplido con la ordenada libertad de Víctor Saldaño.

Primer precedente en el sistema americano de derechos humanos

Nunca antes hubo una condena de la Comisión Interamericana al Estado más poderoso de la Tierra por discriminación racial en su sistema judicial. Hasta ahora la Comisión, frente a ejecuciones de condenados a muerte, dictaba medidas cautelares que nunca se cumplían. Por primera vez los Estados Unidos van a ejecutar a un ciudadano que ha logrado una condena a los Estados Unidos por violaciones múltiples a los derechos humanos de la Declaración Americana. Esta es la dimensión del escándalo. El caso Saldaño no es un caso de pena de muerte sino de "racismo" en el sistema judicial más garantista del mundo.

O sea que, a pesar de existir una condena en contra de Estados Unidos por parte de la Comisión Interamericana, este país pretende ejecutar a Víctor Saldaño. Es un escándalo y al mismo tiempo un acto de desprecio por parte de los Estados Unidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La conducta del Estado argentino

En diciembre del 2016, la Comisión Interamericana dicta el Informe de Fondo 76/16 que declara la nulidad de las dos condenas de muerte y ordena la liberación de Víctor Saldaño. Han pasado tres años y los Estados Unidos no cumplieron de manera alguna con este mandato internacional. Desde esa misma fecha el Estado argentino tenía y tiene la obligación de exigir a los Estados Unidos que cumplan con la ley internacional y liberen a Saldaño. Nada de eso hizo la Cancillería Argentina.

Por el contrario, permaneció en silencio avalando y legitimando la conducta de Estados Unidos de no cumplir con la ley internacional y despreciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado argentino, a través de Cancillería, ha legitimado con su silencio la conducta de los Estados Unidos y ha permitido que el argentino Saldaño siga siendo torturado ilegalmente por Texas. Sabemos que se trata del Estado más poderoso del mundo, pero la razón política no puede legitimar violaciones a derechos humanos ni prácticas racistas como las que se han probado en el caso Saldaño.

Vivimos en un mundo marcado por la discriminación de raza, nacionalidad y religión. El caso Saldaño muestra la peor cara del racismo, que es el racismo judicial. Todo racismo es perverso, pero esa perversión se vuelve extrema cuando se da en la Justicia, cuando la raza sirve como fundamento de castigo penal y muy especialmente de la pena de muerte.

La Cancillería Argentina debe reflexionar. Su obligación es garantizar lo que queda de vida del argentino Saldaño y defender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos despreciada por los Estados Unidos.

Lecciones para los argentinos amantes de la mano dura

La seguridad ciudadana es un derecho humano que los Estados deben garantizar a sus ciudadanos. Pero ello no se logra con aumentos masivos de penas ni menos aún con la pena de muerte. Ya en el 2004 Néstor Kirchner fracasó con las llamadas "leyes Blumberg".

El caso Saldaño prueba el racismo en el sistema judicial americano, pero además prueba la inutilidad de la pena de muerte en términos de seguridad ciudadana. Los índices de criminalidad en los 32 estados que tienen la pena de muerte son similares a los que existen en los 18 estados que no la tienen.

El argentino vive angustiado por la inseguridad y tiene razones para ello. Pero debe saber que su seguridad no se logra con mano dura policial, sino con una Justicia que sea independiente e imparcial y con tolerancia cero a los delitos del poder. El día que en la Argentina haya castigos ejemplares a los delincuentes del poder político y del poder económico, ese día la inseguridad bajará. Una Justicia independiente es una Justicia que garantiza igualdad ante la ley. Y la inseguridad crece con la desigualdad ante la ley.

El autor es ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN. Abogado defensor de Víctor Saldaño ante la CIDH.