Sentencian a guatemalteco en California por explotar sexualmente a sus sobrinos

La justicia estadounidense condenó a 50 años de prisión a Ángel Emilio R. por producir y poseer pornografía infantil de sus sobrinos con necesidades especiales

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Un niño y una niña aparecen con sus rostros cubiertos por sus manos levantadas, palmas hacia adelante, contra un fondo oscuro y liso.
Las víctimas en el caso de abuso infantil eran dos menores de ocho años con necesidades especiales, familiares directos del condenado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ángel Emilio R., ciudadano guatemalteco que ingresó de manera ilegal a Estados Unidos, recibió una condena de 50 años (600 meses de prisión) por producir y poseer pornografía infantil en California, según informó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Autoridades señalan que el caso involucra la explotación sexual de dos menores de ocho años, sobrino y sobrina del acusado, ambos con necesidades especiales. La detención y posterior sentencia surgieron a raíz de una investigación liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

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La causa fue documentada por HSI Los Ángeles, que precisó en sus redes sociales que, en noviembre de 2025, Ángel Emilio R fue arrestado tras detectarse que había grabado material de abuso sexual infantil en el que participaban los dos menores. El material, según la investigación, incluía imágenes y videos explícitos que mostraban agresiones cometidas por el propio imputado.

Vista trasera de un hombre con uniforme naranja de prisión y esposas en las manos, siendo sostenido por los brazos por dos policías.
El guatemalteco fue condenado en California a 50 años (600 meses) de prisión por producción y posesión de pornografía infantil.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue el 18 de mayo de 2026 que el ciudadano centroamericano recibió una sentencia de 600 meses de cárcel, equivalente a 50 años tras las rejas, tras ser hallado culpable de producir y poseer material de abuso sexual infantil.

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El DHS detalló que el guatemalteco ingresó ilegalmente al país en 2024 y fue liberado bajo las políticas migratorias vigentes. La subsecretaria interina de la agencia, Lauren Bis, señaló en una declaración oficial, recogida por HSI, que: “Este depravado inmigrante ilegal de Guatemala se declaró culpable de producir y poseer pornografía infantil, incluyendo imágenes de él agrediendo a su propio sobrino y sobrina con necesidades especiales”. Y la funcionaria Bis añadió: “Este individuo está tras las rejas y, una vez que cumpla su condena, será expulsado de nuestro país“.

También enfrenta procesos judiciales en Guatemala

La investigación no se limita a Estados Unidos. Ángel Emilio R. es también objeto de un proceso por explotación infantil en su país, coordinado por la HSI con la colaboración del Grupo de Trabajo de Los Ángeles contra los Delitos Cibernéticos contra Niños y la Policía de Los Ángeles (LAPD). De acuerdo con el informe del DHS, las autoridades guatemaltecas han abierto una causa paralela para indagar posibles delitos cometidos antes de su ingreso a territorio estadounidense.

“Ángel Emilio R. es objeto de una investigación por explotación infantil en Guatemala. Esta es una investigación dirigida por HSI con asistencia dey el Grupo de Trabajo de Los Ángeles contra los Delitos Cibernéticos contra Niños”, expresa la nota de prensa de las autoridades norteamericanas.

De igual manera, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró en su comunicado la política de deportación inmediata para extranjeros que cumplen condena por delitos graves en Estados Unidos.

Un niño con camiseta amarilla y pantalones verdes se sienta en el suelo junto a un muñeco de bebé sin un brazo. La mano del niño toca el abdomen del muñeco.
Ángel Emilio R. enfrenta además un proceso judicial en Guatemala por delitos relacionados con explotación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades concluyeron enfatizando la prioridad en la protección de los niños y la persecución de quienes vulneran sus derechos en cualquier jurisdicción. El caso se suma a una lista de procesos similares abordados en los últimos años por la agencia, que mantiene una política de tolerancia cero frente a la explotación infantil y los crímenes sexuales.

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