Hace unos treinta años, yo era un joven entrenador de voleibol femenino que había ganado un par de campeonatos argentinos y recibido un premio inesperado: un contrato para trabajar en el campeonato más importante del mundo, el italiano. Fue así que desembarqué en Reggio Calabria como quien desembarca en Reggio Emilia, lleno de ignorancia sobre la situación en el Mezzogiorno (Sud) y acerca de las diferencias entre ambas ciudades. Pero la realidad tarda poco en aparecer cuando es dramática.

Terminaba el verano, era la hora de una siesta reparadora después del entrenamiento matutino, cuando un motociclista tomó la pequeña playa sobre el Estrecho de Sicilia a la que daba mi casa como si fuera una pista de motocross. Pasé del pedido al grito y al insulto, pero no había forma de que parara. Así que me escondí detrás de la parecita del patio y le arrojé un baldazo de agua en una de sus pasadas. Frenada, empujones y un par de trompadas al aire parecían haber sido el fin del episodio. El tipo se fue, insultando. Y entonces mi vecino, un vendedor de alfombras marroquí, vino corriendo para explicarme cómo estaban las cosas: "No se puede hacer esto en Calabria", empezó. "¿Sabés quién es? ¿No? Entonces lo mejor es que desaparezcas de tu casa por un par de noches, porque si es de la 'Ndrangheta o amigo de uno de ellos te van a venir a buscar. Tu vida está en peligro", dijo.

Fue así que escuché la palabra fatal: 'Ndrangheta, transformada hoy en la organización criminal más poderosa del planeta. Fue así que la dolorosa realidad de una sociedad impactada por el crimen organizado se hizo evidente en mi vida. Y fue así también cómo aprendí que la mafia no es un asunto entre mafiosos sino una realidad que condiciona hasta los más pequeños actos de la vida cotidiana, y que vivir en una región donde el crimen organizado controla el territorio y la vida social no es gratis para nadie.

Las demostraciones siguieron a lo largo de los años. Autos de la policía lanzados a toda velocidad por Corso Garibaldi, una especie de Florida que es la principal vía de conexión entre el norte y el sur de Reggio Calabria; rumores de disparos en la noche; recomendaciones de ser cuidadosos; primeras planas invariablemente llenas de "morti ammazzati" arrojados en las playas y las banquinas del sur italiano. Un panorama social devastado que yo conocía bien desde los tiempos de la dictadura. Y —sobre todo— la frialdad de las relaciones interpersonales en una tierra famosa por lo contrario y en la que ya nadie era capaz de abrirle las puertas de casa a un extraño. Pero lo que más me impresionó fue el crimen de Falcone.

Corría ya 1992, vivía yo en Caltagirone, Sicilia, y Giovanni Falcone era el símbolo de la lucha antimafia. Como juez, había logrado condenar a casi 500 mafiosos en el famoso maxiproceso de Palermo, y trabajaba ahora en el Ministerio de Justicia promoviendo y organizando su obra mayor: la Direzione Nazionale Antimafia. El 23 de mayo de aquel año, Falcone desembarcó en el aeropuerto de Palermo para pasar el fin de semana en su casa. No lo logró. Se subió al segundo de los autos de un triple convoy blindado que diez minutos después voló por los aires gracias a la media tonelada de explosivos colocados en un túnel bajo la autopista. Se la conoce como la strage (masacre) de Capaci. Murieron Falcone, su mujer —otra jueza antimafia— y tres de sus custodios. Y dos meses después caería también su colega del pool antimafia, Paolo Borsellino, asesinado por un auto-bomba ubicado en el camino que recorría cada domingo para ir a visitar a su madre.

No eran asesinatos al voleo. Era un chantaje de la mafia siciliana al Estado; un intento de detener lo que Cosa Nostra percibía justamente como un peligro mortal para su existencia. "O paran, o los matamos a todos" era el mensaje. Las novedosas técnicas empleadas por el pool antimafia (uso de interceptaciones telefónicas y arrepentidos, seguimiento de la ruta del dinero), la posición pública de Falcone denunciando que la mafia tenía protectores políticos y constituía ya un fenómeno peligroso para el orden democrático y —sobre todo— su apoyo a la creación de la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) y la candidatura a su dirección, le costaron la vida.

Un año después de su muerte, el organizador de los atentados —Totò Riina, jefe de la famiglia más poderosa y sangrienta: el clan de los corleoneses— fue detenido y condenado a veintiséis cadenas perpetuas; y el sueño de Falcone, una "superfiscalía" capaz de "hacer frente a las organizaciones criminales a través de la organización de las investigaciones" siguió en pie. Hoy, cualquiera que observe la realidad italiana puede comprobar sus efectos: una disminución radical de la violencia y del control del territorio por parte de las mafias, de las cuales la creación de la DNA y la legislación antimafia aplicada desde entonces han sido las claves principales.

Desde aquellas, mis épocas italianas, terminadas cuando ya estaba en marcha Mani Pulite, me pregunto cómo ha sido posible que los argentinos no hayamos entrado casi en contacto con los actores antimafia de una sociedad tan cercana a la nuestra como la italiana para que nos cuenten de sus fracasos y sus éxitos. En especial, como diputado, para aprender directamente de su experiencia en el desarrollo de una legislación que en Argentina estamos recién comenzando a encarar: arrepentidos y agentes encubiertos, recompensas, equipos comunes de investigación, extinción de dominio, y tantos otros avances legislativos en los que Italia nos lleva tres décadas de ventaja.

Y bien, el director de la famosísima y prestigiosa DNA italiana, doctor Federico Cafiero de Raho, acaba de visitarnos junto a otros cuatro integrantes de su equipo, encargados de coordinar la lucha contra la Mafia siciliana, la 'Ndrangheta calabresa, la Camorra napolitana y la Sacra Corona Unita pugliese. El dream team compuesto por De Raho-Sirignano-Pugliese-Del Prete-Di Matteo ha participado la semana pasada del Primer Seminario Antimafia ítalo-argentino, organizado por la Cámara de Diputados con la colaboración de la Presidencia de la Nación, los Ministerios de Seguridad, Relaciones Exteriores y Justicia, el Sistema Federal de Medios, y el Gobierno, Ministerio Público Fiscal y Ministerio de Seguridad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañaron a los miembros de la DNA los senadores Pier Ferdinando Casini, Laura Garavini y Pietro Grasso, ex presidente del Senado y antecesor de De Raho en la dirección de la DNA.

No es este el mejor lugar para transcribir los contenidos de un seminario extenso y eminentemente técnico, pero sí es importante destacar la enorme repercusión que han tenido esos tres días de trabajo en los que los expertos de la DNA y el Senado italianos han compartido las conclusiones de tres décadas de lucha antimafia de primer nivel mundial con más de trescientos inscriptos; entre ellos, veintiséis diputados —todos de Cambiemos— y funcionarios de primer nivel de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No menos importante ha sido la repercusión internacional y nacional del seminario. Abierto con las palabras del Presidente de la Nación, Mauricio Macri; desarrollado con la presencia en sus mesas de conferencia y debate de la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich; de la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; del fiscal de la CABA Luis Cevasco; el ex ministro de Seguridad de Brasil, Raul Jungmann; el juez de la Corte Penal Internacional, Rosario Aitala; y cerrado con las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y del Presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; el Seminario Antimafia reflejó el compromiso del Gobierno argentino ante el principal problema que enfrenta América Latina: la extensión del crimen organizado, y concluyó con la firma de la Declaración de Buenos Aires, que lo expresa.

Muchas iniciativas parlamentarias y estrategias ejecutivas de lucha contra la corrupción y el narco surgirán seguramente de los debates sostenidos. Pero otro saldo positivo puede extraerse ya: el decidido apoyo de los miembros de la DNA y los senadores italianos a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado; así como la sugerencia de que sea acompañada por una fiscalía regional con funciones y capacidades similares a la DNA y el Eurojust. La razón es simple: si México y Brasil —dos países que son respectivamente la mitad de Centroamérica y de Sudamérica— están en problemas (y lo están, como demuestran los 34 mil homicidios ocurridos en México y los 63 mil en Brasil durante 2018), entonces todos estamos en problemas. Creer que las fronteras nacionales nos protegerán del crimen transnacional organizado es una contradicción en sus términos. Pensar que con las justicias y las fuerzas de seguridad nacionales basta es ignorar la realidad hiperconectada y global del siglo XXI. Y preocuparse por los costos económicos de las instituciones necesarias para combatir eficazmente el narco es cerrar los ojos a los tremendo perjuicios económicos que acarrea el crimen organizado, y que van desde la limitación de inversiones que provoca hasta el gasto desmesurado en seguridad local, cada vez más alto y más inefectivo, que debería destinarse a hospitales, universidades y escuelas.

El autor es diputado nacional.