Maduro vulnera la autodeterminación del pueblo venezolano

Hay que usar las palabras con propiedad. Una de las herramientas de los populismos latinoamericanos ha sido invertirles el sentido. Juan Guaidó no dio ningún golpe de Estado. Quien sí dio un golpe de Estado fue Nicolás Maduro, al reformar inconstitucionalmente la Constitución (la propia Constitución "bolivariana" impulsada por Hugo Chávez) y luego organizar unas elecciones fraudulentas para que le dieran el triunfo que no podría haber conseguido en elecciones libres y transparentes.

Desde ese momento, Maduro se convirtió en un gobernante de facto. Dicho de modo más claro y simple: en un dictador. ¿Qué hacer frente a una violación tan manifiesta del orden constitucional y democrático? ¿Deben los venezolanos quedarse de brazos cruzados? De ninguna manera. Deben defender, como lo hacen, el orden constitucional, protestando pacíficamente y denunciando ante el mundo los atropellos sufridos en su patria.

Mientras tanto, hay un único órgano en Venezuela que representa cabalmente a la voluntad popular, porque surgió de los últimos comicios limpios que se hicieron, los celebrados en 2015. Es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. La Asamblea tiene amplia mayoría opositora. Ante esa manifestación de la voluntad del pueblo, Maduro operó para vaciar a ese órgano de todo poder. También usó la Justicia adicta para impedir que se realizara un referéndum revocatorio, que lo removería de la presidencia. Y finalmente modificó inconstitucionalmente la Constitución para poder llamar a unas elecciones amañadas, de las que de antemano se sabría que sería el ganador.

Todo eso demuestra que el régimen chavista no constituye actualmente un orden constitucional y democrático. Este ha sido groseramente violado. En tales condiciones, la comunidad internacional tiene el derecho de apoyar a quienes en Venezuela representan a la democracia y denunciar a los golpistas.

En particular, para los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se trata de un mandato derivado de la Carta Democrática, que los obliga a interesarse y a postular acciones para restituir la democracia en países en los que ha sido afectada.

No puede hablarse, como los hacen los kirchneristas y los neokirchneristas, como Pino Solanas, de respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. Ese principio rige en tanto se trate de gobiernos democráticos. Más aún, inclusive en estos quienes forman parte del sistema interamericano y son signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, deben respetar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es decir que la antigua noción de soberanía ya no rige en términos tan absolutos. Los países que integran espacios regionales ceden parte de su soberanía.

La misma concepción de los derechos humanos es un límite a la idea de soberanía nacional. Si hay un piso de derechos que todos los países deben reconocerles a sus ciudadanos (ya sea que se considere que estos surgen "naturalmente" o que derivan de tratados internacionales que obligan a los países que los ratifican), que no otra cosa son los derechos humanos, entonces es evidente que ni nociones como la soberanía ni la autodeterminación de los pueblos pueden invocarse en términos incondicionales.

Por otra parte, la condición de la autodeterminación de los pueblos es la democracia. Sin ella, ¿de qué pueblos hablamos? La mayoría del pueblo en Venezuela quiere terminar con el inconstitucional gobierno de Maduro y elegir libremente a sus representantes. Si este principio se aplicara correctamente, sería Guaidó quien debería esgrimirlo como fundamento de la legitimidad de su carácter de presidente encargado.

El principio de autodeterminación de los pueblos no puede ser la excusa para sostener a tiranos. Lo han usado en Latinoamérica todos los dictadores. En el marco de instituciones que aseguren la libre expresión de la voluntad popular, el respeto del pluralismo y los derechos de las minorías, cada país puede tener el gobierno que la mayoría de su pueblo determine. Pero no nos confundamos. La cuestión en juego en Venezuela no es izquierda o derecha. Guaidó es socialdemócrata y su partido integra la Internacional Socialista. La opción de hierro, frente a la que no caben tibiezas ni medias tintas, es democracia y dictadura.

El autor es diputado nacional por CABA (Cambiemos- PRO).