
Pedro Gutiérrez, uno de los 135 presos políticos expulsados de Nicaragua en septiembre de 2024, reconstruyó su vida en Canadá después de pasar por la cárcel de máxima seguridad conocida como El Infiernillo y perder su nacionalidad. Dos años después de su traslado a Guatemala junto con otros opositores, asegura que mantiene intacto su deseo de volver a su país.
Gutiérrez, mecánico industrial, fue uno de los detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras las protestas de 2018. Según relató al medio Artículo 66, el 5 de septiembre de 2024 comenzó como una jornada marcada por la incertidumbre dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa.
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El hombre se encontraba recluido en las celdas de castigo llamadas El Infiernillo, un sector de máxima seguridad señalado por organizaciones opositoras y de derechos humanos como un lugar de torturas contra presos políticos. Ese día advirtió movimientos inusuales dentro del penal, aunque no conocía el motivo.
“Algo raro está pasando”, pensó entonces. Horas después, las autoridades sacaron a varios detenidos políticos de sus celdas y los llevaron a un salón, donde recibieron ropa y zapatos nuevos.

Gutiérrez contó que la excarcelación no trajo certezas inmediatas. Los detenidos desconocían si recuperarían la libertad dentro de Nicaragua, si serían enviados a sus casas o si la dictadura preparaba una nueva expulsión, como la que había afectado a 222 opositores en febrero de 2023.
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“Se miraba que había libertad”, relató sobre el clima que percibieron esa tarde. El panorama se aclaró durante la madrugada, cuando advirtieron que las autoridades colocaban sus pasaportes sobre una mesa. No recibieron los documentos, pero entendieron que el traslado tendría como destino el exterior.
Para Gutiérrez, aquella noche fue un período de angustia. Hubo movimientos y traslados sucesivos, sin información precisa sobre lo que ocurriría. En un primer momento, llegó a creer que su vida corría peligro. “Probablemente iba a morir”, recordó sobre las horas previas a su salida del país.
Posteriormente, el grupo de 135 expresos políticos llegó a Guatemala, que en principio funcionaría como una escala mientras los desterrados buscaban opciones para asentarse en otros países. Gutiérrez destacó la recepción que tuvieron en ese territorio, al que describió como un espacio de refugio después del encierro.
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Al menos 20 desterrados aún no lograron un reasentamiento definitivo
La permanencia en Guatemala se extendió para parte del grupo. De acuerdo con el reporte citado por Artículo 66, la mayoría de los 135 nicaragüenses logró reubicarse en países como Estados Unidos, Canadá y España. No obstante, al menos 20 continúan en Guatemala sin una solución definitiva para su reasentamiento.
El ex preso político atribuyó parte de las dificultades de sus compañeros a la suspensión de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Guatemala, ocurrida en marzo de 2025. A su juicio, esa decisión redujo las alternativas de asistencia para quienes aún esperan una vía de salida.
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La situación de los expulsados se agravó pocos días después de la salida de Nicaragua. El régimen Ortega y Murillo los despojó de la nacionalidad y de sus bienes, tras acusarlos de “traición a la patria”. Para Gutiérrez, la medida representó una ruptura legal con el país donde nació y vivió.
Gutiérrez consiguió instalarse en Canadá el 5 de noviembre de 2025. El país le otorgó la residencia permanente y la posibilidad de estudiar. Aunque reconoció que la adaptación al clima ha sido un desafío, afirmó que valora la oportunidad de rehacer su vida junto a su pareja.
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El deseo de volver a Nicaragua persiste pese al destierro
Antes de su expulsión, Gutiérrez había atravesado dos períodos de prisión. Fue detenido en 2018 en el taller mecánico donde trabajaba y permaneció cerca de 18 meses preso, acusado de robo agravado y secuestro. Las imputaciones luego fueron desestimadas.
Recuperó la libertad a finales de 2019, pero volvió a ser arrestado en febrero de 2023 después de manifestarse a favor de la liberación del obispo Rolando Álvarez. Recibió una condena de cinco años por delitos políticos y permaneció encarcelado hasta el destierro.
Desde Canadá, sostiene que la situación de los presos políticos que permanecen en Nicaragua y de los desterrados que siguen sin destino le provoca “dolor”. También considera que la reunión prevista para el 17 de septiembre entre cancilleres y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, puede abrir un escenario de presión internacional contra el régimen.
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Aun así, su expectativa más personal está puesta en regresar. Si pudiera volver sin riesgos, dijo a Artículo 66, lo primero que haría sería arrodillarse al tocar suelo nicaragüense y visitar una iglesia católica para rezar por quienes permanecen en el país y por quienes no lograron regresar.
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