El autor es cubano. Periodista. Vivió en Venezuela por doce años. Preside actualmente el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.
Es muy apropiado que la sociedad moderna constituya entidades con profesionales altamente calificados y prestigiosos, que ventilen, en un clima de justicia, hechos criminales de lesa humanidad y otros de carácter transnacional que tribunales locales no puedan procesar.
Esta modalidad, que tiene en cierta medida uno de sus precedentes en los Procesos de Núremberg, es quizás consecuencia de que en los últimos años se aprecia en algunos gobiernos y pueblos un mayor rechazo a las dictaduras y sus abusos, una condición que debería acentuarse hasta lograr la erradicación de los regímenes que violan los derechos de sus ciudadanos y conspiran para destruir gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo.
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Por otra parte, es indiscutible que los cuestionamientos y las acusaciones prosperan cuando tienen como objetivo un depredador identificado con la derecha política, como fue el caso de Augusto Pinochet. Recordemos que el dictador chileno tuvo que refugiarse en Inglaterra por varios meses para evitar ser extraditado a España, donde pendían en su contra, en virtud del principio de justicia universal, acusaciones por delitos de genocidio, terrorismo y tortura.
Un principio que penosamente no ha sido invocado por ningún país para juzgar en su momento a Fidel Castro y en el presente a su hermano Raúl, fuera del gobierno como estaba Pinochet cuando se tuvo que refugiar en Londres.
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El mundo procesó a los criminales nazis cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, y hubiera sido justo el enjuiciamiento global de sus pares comunistas por su responsabilidad en la muerte de más de cien millones de personas y por la frustración, la desesperanza y el sufrimiento de muchísimos millones más.
Desgraciadamente no ha sido así, el nazi fascismo ha sido en justicia criminalizado, lo que no ha ocurrido con la ideología comunista, otra amenaza cierta a la dignidad y la seguridad humana, acción que debería también proceder contra los métodos de toma y conservación del poder como es en esencia el castrismo, una metodología que ha demostrado nutrirse de los fundamentos de esas dos ideologías execrables.
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El castrismo no es un sistema de ideas, sino un método eficiente, por su falta de escrúpulos y violación sistemática de la dignidad humana, como medio para toma y conservación del poder. Un entramado que no responde a patrones éticos ni doctrinales, una maña que se sustenta en un aguzado sentido de la oportunidad que se refleja en las profundas contradicciones que concurren en su búsqueda del poder y durante su ejercicio.
La dictadura castrista ha cometido en sus sesenta años de gobierno numerosos crímenes y la devastación completa de un país. El régimen de los Castro podría ser enjuiciado por fusilar a miles de personas y condenar a otras decenas de miles a largos años de cárcel sin respetar el debido proceso. Masacres como los 71 ejecutados frente a una zanja en la Loma de San Juan, Oriente, 1959, orden directa de Raúl Castro, el caso de la Ceiba, Las Villas, 1963, por los numerosos asesinatos de presos políticos y desaparecidos y por el vergonzoso hundimiento del remolcador 13 de marzo, 1994, donde perecieron 37 personas, entre ellas, diez niños.
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Hay causas sobradas para procesar el castrismo, a sus jerarcas y sus sicarios, entre ellas, el desplazamiento forzoso de millares de personas con prohibición de regresar a sus lugares de origen. Ese desarraigo tuvo lugar en diferentes lugares del país y fue una práctica común la confiscación de los bienes de los desplazados.
Los Castro, por si los crímenes contra los cubanos no fueran suficientes, tienen en su haber numerosas transgresiones transnacionales como organizar guerrillas y avituallarla con armas y otros enseres de la guerra, para derrocar gobiernos legítimamente electos, además de entrenar a terroristas y constituir entidades internacionales para promover por la fuerza su forma de gobierno.
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Con base en los crímenes del castrismo es muy importante que la Comisión Internacional de Justicia para Cuba (CIJC) que preside el jurista mexicano René Bolio, se haya impuesto la tarea de llevar ante la justicia internacional a Raúl Castro, así como denunciar a los funcionarios del régimen que han cometido crímenes durante el ejercicio de sus funciones. Los verdugos del castrismo no deben disfrutar de impunidad.
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