Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas del 11J

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este sábado la liberación inmediata de los presos políticos cubanos al conmemorar el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 —conocidas como el 11J—, las mayores movilizaciones ciudadanas en la isla desde la Revolución de 1959.

“A día de hoy, cientos de cubanos permanecen detenidos de forma injusta, sometidos a condiciones brutales, por el simple pecado de preguntar por qué los cubanos no pueden tener negocios propios libremente, participar en el proceso político, o proveer para sí mismos y sus familias”, escribió Rubio en su cuenta de X. “El régimen debe liberar a estos presos políticos de inmediato”, exigió el funcionario.

Las cifras respaldan la gravedad del cuadro. La organización de derechos humanos Prisoners Defenders, con sede en Madrid, documentó 1.306 presos políticos en Cuba al cierre de junio, un récord histórico en sus registros. De ese total, 40 fueron detenidos cuando eran menores de edad, también el número más alto jamás registrado. Solo en junio se verificaron 32 nuevos casos.

“El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J”, afirmó Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Infobae.

En su mensaje, Rubio recordó que hoy se cumplen cinco años desde que “el régimen comunista cubano sofocó brutalmente las pacíficas manifestaciones del 11 de julio y silenció una vez más los reclamos de los cubanos por derechos básicos, dignidad y oportunidad”.

El secretario de Estado precisó que tanto él como el presidente Donald Trump aspiran a “un futuro mejor para Cuba, en el que los cubanos tengan mayor oportunidad, libertad y dignidad, y Cuba deje de albergar operaciones militares extranjeras hostiles, de inteligencia, terrorismo y subversión a 90 millas (145 kilómetros) del territorio estadounidense".

Washington continuará usando, anunció, “todas las herramientas a su disposición para impulsar reformas económicas y políticas significativas en Cuba y para proteger a los estadounidenses de las amenazas subversivas que emanan de Cuba”.

Cinco años después de que miles de cubanos salieran a las calles para exigir alimentos, medicinas y libertades, la situación en la isla no solo no mejoró: se agravó. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que la economía cubana se contraerá un 6,5% en 2026, mientras que la Economist Intelligence Unit eleva esa caída a un 7,2%.

El colapso del sistema eléctrico, agudizado tras el fin de los envíos de crudo venezolano luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, profundizó una crisis que los analistas advierten tiene raíces mucho más antiguas que las sanciones de Washington.

“El declive económico de Cuba comenzó mucho antes de las últimas sanciones de EEUU”, señaló Jason Marczak, director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, en declaraciones a la agencia EFE.

“Décadas de mala gestión económica y corrupción por parte del régimen cubano han vaciado el sector productivo de la isla”, agregó Marczak, cuyo centro publicó un informe reciente que traza el camino hacia el colapso antes del endurecimiento de la presión de Washington.

Por su parte, el economista Ricardo Torres, investigador de la American University, identificó tres decisiones estructurales que explican el derrumbe: una política de inversión deficiente que priorizó la construcción de hoteles sobre la infraestructura eléctrica y la agricultura; un enfoque “persistentemente inconsistente, fragmentado y restrictivo hacia el sector privado”; y la unificación monetaria de 2021, que devaluó abruptamente el peso y disparó una inflación que “erosionó salarios reales y ahorros” y “agravó, en lugar de resolver, los desequilibrios que pretendía corregir”, dijo Torres a EFE.

La represión no amainó con el paso de los años. Según Prisoners Defenders, en los últimos 12 meses —de julio de 2025 a junio de 2026— se sumaron 264 nuevos presos políticos, un promedio de 22 por mes.