"A la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático". Un 28% de la población latinoamericana piensa así. La incapacidad de las democracias para enfrentar de forma efectiva la desigualdad y la pobreza deja a muchos insatisfechos con el sistema político.

Un 79% de los latinoamericanos piensa también que sus gobiernos operan para el bien de los poderosos y, según el último informe de Oxfam en alianza con Clacso, no les falta razón. El informe identifica 11 mecanismos utilizados por las élites para imponer sus privilegios por encima de los derechos de las mayorías. Puertas giratorias, lobby feroz, financiamiento partidario, sobornos, opacidad, decretazos, campañas mediáticas, licitaciones no adecuadas son algunos de los mecanismos recogidos en "Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos".

La riqueza trae poder y el poder trae riqueza. El dinero no solo compra yates de lujo sino que también puede comprar impunidad, leyes, exenciones tributarias y hasta opinión pública. La influencia desmedida que tienen ciertas élites, tanto económicas como políticas, para conseguir privilegios sobre la mayoría de la población barre con las bases de cualquier sistema democrático.

Cuando la democracia no funciona bien, es muy difícil luchar contra la desigualdad. La influencia desmedida de las élites económicas en la definición de las políticas públicas les permite, muy a menudo, frenar políticas que podrían limitar sus privilegios a través de una mejor distribución de la riqueza y las oportunidades. La influencia desmedida de las élites políticas les posibilita también utilizar los recursos del Estado para beneficiar a su partido y mantenerse en el poder. Todo esto ocurre a costa de los intereses de las grandes mayorías.

Por ejemplo, solo en República Dominicana, con los 163 millones de dólares que Odebrecht confiesa haber ganado de manera ilícita gracias a los sobornos, se podrían haber construido, por ejemplo, 9140 viviendas sociales salvaguardando el derecho a la vivienda.

Otro ejemplo son los privilegios fiscales que reciben las empresas en los países de la región. Estos han sido cuestionados por diferentes organismos, ya que, en muchos casos, no han sido efectivos para el bienestar social sino para aumentar las ganancias de importantes sectores empresariales. Estos incentivos a menudo se discuten fuera de escrutinio público, cuando en realidad la ciudadanía debería tener espacio para opinar. Por ejemplo, con los impuestos que dejan de pagar las empresas cada año gracias a incentivos fiscales, se podrían escolarizar de 8 a 10 veces los niños y niñas que no asisten a la escuela primaria en Perú u Honduras.

El tema es que el que hace la ley hace la trampa y muchos de los mecanismos que utilizan las élites para influir son legales. Legales pero ilegítimos, por lo que deberían estar regulados para evitar la influencia abusiva de las élites en las políticas públicas.

La única forma de contrarrestar esta extrema concentración de poder y riqueza es una mayor participación ciudadana, tanto social como política, que asegure la exigencia a los gobiernos la representación de sus intereses por encima de los privilegios de algunos.

El desánimo y la despolitización que producen en la gente los escándalos de corrupción son exactamente el caldo de cultivo para que las élites sigan capturando nuestras políticas públicas, nuestros Estados y nuestras democracias. Es esencial romper ese círculo vicioso y seguir fortaleciendo los movimientos sociales y la participación política. Solo con más democracia tendremos más igualdad. Solo con más igualdad tendremos más democracia.

La autora es economista, coordinadora regional del Programa de Lucha contra la Desigualdad y la Captura del Estado en América Latina y el Caribe, Oxfam.