La tendencia es casi inexorable: el presente año, que a nivel nacional hasta octubre contabilizó 4927 piquetes, culminará con una cantidad mayor a la de 2017 (cuando en total se registraron 5221). Es esperable que sea así porque, además, noviembre y diciembre suelen ser meses con altos niveles de conflicto en las calles. Los datos indican también que 2018 será el sexto año consecutivo en que se supere la impactante cifra de cinco mil cortes a nivel nacional.

A casi tres años de gobierno de Cambiemos, estas estadísticas indican que el fenómeno de los piquetes constituye una problemática que, lejos de haber sido resuelta, persiste con una intensidad semejante a la de los últimos años del kirchnerismo. Y más allá de que puedan reconocerse algunos avances, como el hecho de que ahora no se niegue el problema, o que haya menor tolerancia oficial a los cortes en rutas y accesos a la Ciudad, no dejan de ser resultados demasiado módicos ante una situación que atenta de manera masiva, flagrante y sistemática contra el ejercicio de un derecho fundamental como es la libre circulación.

El punto es que, aunque hubiera resultado desmedido pretender que un tema de tal complejidad sea solucionado de manera expeditiva, el gobierno nacional, del que se suponía un ideario proclive al restablecimiento del orden público, no ha desarrollado una política clara y consistente para enfrentar el asunto. Ni siquiera ha podido coordinar una postura conjunta con una jurisdicción del mismo signo político como la Ciudad de Buenos Aires, distrito que, junto a la provincia de Buenos Aires, concentra el mayor caudal de bloqueos del país. Las diferentes miradas respecto a cómo intervenir en la protesta callejera entre las autoridades de nación y Ciudad han sido recurrentes.

En este sentido, existen múltiples discrepancias en la interpretación que se da al tema piquetes, y que atraviesan a la clase dirigente y a la opinión pública. Quizás el principal desacuerdo es respecto a la naturaleza del fenómeno, o sea, qué factores lo explican. Así, mientras algunos ponen el eje en el piqueterismo como resultado de la precaria situación económica y social que afecta a un importante sector de la población, otros sostienen que los piquetes son, ante todo, un hecho motorizado por la política. Incluso, ambas interpretaciones coexisten en el gabinete nacional, como quedó expuesto en un contrapunto reciente de las ministras Carolina Stanley y Patricia Bullrich.

Lo llamativo es que, si se presta atención a los indicadores, las dos lecturas deben ser consideradas, por cuanto son complementarias. Los años más complicados en términos económicos de la última década han mostrado los mayores valores en cantidad de cortes a nivel nacional (como 2014, 2016 o 2018), mientras que 2017, el año de mayor crecimiento de PBI desde 2011, justamente registró la cifra de piquetes más baja desde aquel año. Así, se verificaría cierta correlación entre caída económica y social, con aumento de la cantidad de piquetes.

Al mismo tiempo, cuando se pone el foco en los actores que mayor prevalencia han tenido en términos de su participación en los cortes en los últimos tres años, aparecen en primer lugar las organizaciones sindicales, sociales y las fuerzas partidarias. Por lo general, estos grupos están claramente identificados en el kirchnerismo o la izquierda. A tal punto se ha explicitado este vínculo que, por ejemplo, el líder de la organización piquetera CTEP, Juan Grabois, acaba de lanzar un frente político referenciado en Cristina Kirchner. Queda claro entonces cómo la dinámica de la conflictividad en las calles adquirió mayor politización, lo que se corrobora al considerar que en 2013 y 2014 el ranking de piquetes lo lideraron los vecinos autoconvocados.

Podría concluirse entonces que si bien es cierto que existen condiciones objetivas dadas por la situación socioeconómica, también lo es que, cada vez más, una significativa cantidad de piquetes obedecen a motivaciones político partidarias. Ante el inicio de su cuarto año de mandato, y con la Cumbre de Líderes del G20 en el horizonte inmediato, el Gobierno tiene un margen cada vez más reducido para dar señales concretas de un camino lógico hacia una sana convivencia en el espacio público, acorde a la pretendida normalidad que se intenta mostrar hacia el exterior.

El autor es analista jefe de Diagnóstico Político.