Padrastro fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra en Costa Rica

La Fiscalía de San Joaquín de Flores en Costa Rica logró que un hombre de apellidos Rojas Campos fuera condenado a 20 años de prisión tras demostrar su responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en perjuicio de su hijastra, quien tenía ocho años cuando comenzaron las agresiones.

La sentencia fue dictada el pasado 15 de julio por el Tribunal Penal de Heredia, luego de que los jueces analizaran la prueba presentada durante el juicio oral y concluyeran que el imputado era responsable de los hechos investigados. El fallo fue dado a conocer esta semana por el Ministerio Público.

Según la investigación desarrollada por la Fiscalía, los abusos ocurrieron entre los años 2017 y 2019 en la localidad de La Asunción, en Belén de Heredia. Durante ese período, la menor fue víctima de reiteradas agresiones sexuales por parte del hombre, quien mantenía una relación de convivencia con la madre de la niña y ejercía el rol de padrastro dentro del hogar.

De acuerdo con la prueba evacuada durante el debate, el ahora sentenciado aprovechó la cercanía que tenía con la víctima y la posición de autoridad que ejercía dentro del núcleo familiar para cometer los delitos. La acusación también sostuvo que el hombre utilizó su superioridad física y psicológica para someter a la menor y facilitar la comisión de los abusos.

La representación del Ministerio Público logró acreditar estos hechos mediante los distintos elementos probatorios incorporados durante el juicio, lo que permitió al Tribunal establecer la responsabilidad penal del imputado y dictar una condena de 20 años de prisión.

Aunque la sentencia ya fue emitida, el proceso aún no concluye de forma definitiva. Mientras la resolución adquiere firmeza y se agotan las etapas procesales correspondientes, Rojas Campos deberá permanecer en prisión preventiva por disposición del Tribunal Penal de Heredia.

Este tipo de medidas cautelares buscan garantizar que la persona condenada permanezca a disposición de las autoridades judiciales mientras la sentencia queda en firme, especialmente en delitos de alta gravedad y cuando existe una pena de prisión significativa.

Los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad son considerados especialmente graves por el ordenamiento jurídico costarricense debido al impacto que generan en el desarrollo físico y emocional de las víctimas. Además de las secuelas inmediatas, especialistas han advertido que este tipo de agresiones puede provocar consecuencias psicológicas que se extienden durante años si no existe un adecuado acompañamiento profesional.

En muchos de estos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, ya sea como familiar, padrastro, tutor o una persona de confianza, circunstancia que dificulta la denuncia y prolonga el tiempo en que los hechos permanecen ocultos. Precisamente por ello, las autoridades insisten en la importancia de prestar atención a posibles cambios de comportamiento en niños, niñas y adolescentes, así como de denunciar cualquier sospecha de violencia o abuso.

El Ministerio Público ha reiterado que la investigación y persecución de delitos sexuales contra menores constituye una prioridad institucional. Para ello, trabaja de forma coordinada con otras entidades encargadas de la protección de la niñez, con el objetivo de reducir la revictimización durante el proceso penal y fortalecer la recolección de pruebas que permitan llevar a los responsables ante la justicia.

Con esta resolución, el Tribunal Penal de Heredia dio por concluida la etapa de juicio y estableció una pena de 20 años de cárcel contra el imputado, quien continuará privado de libertad mientras la sentencia adquiere firmeza y pueda iniciarse formalmente el cumplimiento de la condena.