Ministerio Público de Costa Rica responde al Gobierno y rechaza críticas por el caso de alias “Diablo”: “Debilitan la lucha contra el crimen organizado”

El Ministerio Público respondió a los cuestionamientos formulados por representantes del Poder Ejecutivo tras la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y rechazó lo que calificó como señalamientos “infundados” que, a su criterio, debilitan la lucha contra el crimen organizado y afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Mediante un pronunciamiento oficial, la institución manifestó su “profunda preocupación” por las declaraciones emitidas en las últimas horas, al considerar que buscan sembrar dudas sobre la legalidad y transparencia de las actuaciones realizadas durante el proceso judicial seguido contra el presunto líder criminal, quien fue capturado el pasado 24 de julio en San Bernardino de Sarapiquí tras un intenso enfrentamiento con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La reacción del Ministerio Público surge en medio del debate generado por el manejo del operativo y las decisiones adoptadas tras la detención de Arias Monge, considerado durante años el hombre más buscado del país.

El caso ha provocado un intercambio de posiciones entre distintas autoridades luego de que desde el Poder Ejecutivo se cuestionaran aspectos relacionados con el traslado del imputado y la modalidad en que se desarrolló la audiencia judicial.

La Fiscalía enfatizó que todas las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que son conducidas a los despachos judiciales y la forma en que se realizan las audiencias responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad establecidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia.

La institución recordó que esas actuaciones se ejecutan con estricto apego a la Constitución Política, al Código Procesal Penal y a los protocolos de seguridad diseñados para este tipo de casos, por lo que rechazó cualquier insinuación que ponga en duda la transparencia del procedimiento.

Además, el Ministerio Público cuestionó públicamente las críticas del Poder Ejecutivo y planteó una serie de interrogantes sobre el origen de esas preocupaciones.

Entre ellas, preguntó por qué generó tanta inquietud que la audiencia se realizara de forma presencial, si esa modalidad está prevista dentro del ordenamiento jurídico costarricense y responde a decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.

También expresó extrañeza por los cuestionamientos relacionados con el traslado de Arias Monge a las celdas del OIJ horas antes de la audiencia, al señalar que se trata de una medida logística y de seguridad habitual en procesos de esta naturaleza.

Otro de los puntos destacados del comunicado hace referencia a las declaraciones realizadas por el propio alias “Diablo” al momento de su detención, cuando afirmó haber contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública. Para la Fiscalía, de confirmarse esa versión, se trataría de un asunto de la mayor gravedad para la seguridad nacional y que merece concentrar los esfuerzos investigativos de todas las instituciones competentes.

“El Ministerio Público y el OIJ ya lo están haciendo”, indicó la institución, al tiempo que lamentó que ese señalamiento haya recibido menor atención que las críticas dirigidas al procedimiento judicial.

El fiscal general sostuvo que quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada son precisamente los principales beneficiados cuando se desacredita el trabajo del Poder Judicial y de las instituciones encargadas de combatir estas estructuras criminales.

La institución afirmó que promover especulaciones sin fundamento únicamente genera desinformación, incrementa la desconfianza ciudadana y provoca un desgaste innecesario para los organismos responsables de investigar y perseguir a las organizaciones delictivas.

El Ministerio Público también defendió el operativo que permitió la captura de alias “Diablo”, al señalar que fue producto de un trabajo conjunto, coordinado y hermético entre fiscales y agentes del OIJ.

Ese despliegue culminó tras un enfrentamiento armado que se prolongó por cerca de 50 minutos, dejó ocho oficiales heridos, más de 2.500 disparos y la muerte de uno de los integrantes de la estructura criminal.

Para la institución, ese esfuerzo no puede verse empañado por afirmaciones que calificó como irresponsables y carentes de fundamento, ya que desconoce el profesionalismo y el compromiso de los funcionarios que diariamente arriesgan su vida para enfrentar al crimen organizado.

El Ministerio Público reiteró que continuará ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, objetividad y firmeza, sin distraerse por presiones externas ni por debates alejados de los hechos y del Derecho.

“La mejor respuesta frente al crimen organizado siempre será el respeto al Estado de Derecho, la fortaleza de las instituciones y el compromiso de todos los poderes de la República con la verdad, la justicia y la seguridad de Costa Rica”, concluyeron.