La ciudad es el principal hábitat humano. Si continúa la actual tendencia de urbanización global, pronto habrá muy pocas personas viviendo fuera de ella. Por eso el problema de gestionar la ciudad y resolver sus problemas se parece cada vez más al problema de gestionar y resolver los problemas de la humanidad.

Justo a tiempo para salvarnos, la llegada de la "Ciudad Inteligente" ha sido anticipada, debatida y celebrada al punto de empujar la idea hacia el corral de los clichés. Hemos discutido, y estamos discutiendo, cuáles son las mejores herramientas para convertir al análisis de información en una herramienta de gobernanza imprescindible, en la planificación a largo plazo tanto como en la gestión cotidiana de recursos. Pero el foco debería estar, ante todo, en aspectos no técnicos: las implicaciones éticas, sociales, e incluso ideológicas, de la transformación. Siempre hay personas detrás de los algoritmos. Las que los diseñan, las que los implementan, y a veces las que los sufren.

Hemos sembrado nuestras ciudades de sensores, algunos fijos como los que forman parte de la nueva infraestructura urbana, y otros en constante movimiento como los dispositivos móviles que todos llevamos encima. La ciudad, junto a calor, luz y ruido, emite una cuantiosa cantidad de información que podemos capturar y analizar. Y con fines loables: mejorar el tránsito, optimizar la producción y el consumo de energía, impulsar la economía. Los gobiernos intentan adaptarse al nuevo escenario, buscando atraer talento especializado que ayude a gobernar en la era big data. Pero pujan en inferioridad de condiciones con las empresas de la economía digital, que han entendido mucho antes el valor de la información, sobre todo la personal, como un recurso que puede ser extraído, acopiado y vendido en un vacío regulatorio.

En un país como Argentina, del lado del mundo que "compra hecha" la tecnología que se produce fuera, nuestra capacidad para fijar reglas es reducida. Pero no ínfima. Podemos prestar atención al ejemplo de Unión Europea, que en 2018 hizo ley un conjunto de regulaciones que protege los datos y la privacidad de todos los ciudadanos en los países que componen el bloque. De aquí en más las alianzas no serán una opción, sino una necesidad. Entre áreas metropolitanas, entre naciones, o a la escala que logre la masa crítica necesaria para que las reglas sean aceptadas hasta por los actores con más poder. Entre estos últimos no solo se cuentan las grandes corporaciones; los gobiernos también deberán resignar poder de vigilancia al transparentar sus prácticas de tratamiento de datos personales.

El desafío es considerable. Para proteger nuestro asediado derecho a la privacidad y reducir profundas asimetrías de poder en lo que respecta al acceso a la información, deberíamos redefinir el mismísimo concepto de ciudadanía.

Poner al día la noción de ciudadanía implica ampliar derechos y obligaciones para incluir los que el siglo XXI requiere. La tarea por delante, en la que ya estamos atrasados, es definir los derechos que acompañen las nuevas capacidades que ya nos han provisto con celeridad las tecnologías digitales. En esta categoría cabe el derecho a saber en forma actualizada quién tiene acceso a nuestros datos y para qué los usa. También el de definir ámbitos (momentos y lugares) impenetrables a los sistemas de captura de datos personales. Y el derecho a acceder a la infraestructura digital, que hoy en día se entiende como derecho a la conectividad, al acceso a internet, pero que podría expandirse en el futuro para incluir el derecho al acceso a sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos.

Todas las facultades mencionadas serán parte necesaria del derecho a la ciudad, el derecho a habitarla y participar de su gestión, de hacerla y rehacerla a la vez que nos reinventamos a nosotros mismos. La tecnología digital continuará ganando importancia como parte de nuestra vida cotidiana. Su potencial es tan grande que ni siquiera podemos imaginar cuáles son sus límites. Por eso es importante tomar un rol activo, vigilando su posible abuso a la vez que continuamos imaginando formas de ponerla a trabajar. En palabras del incansable utopista Buckminster Fuller: "Estamos llamados a ser los arquitectos del futuro, no sus víctimas". Así sea.

El autor es licenciado en Ciencias de la Computación (UADE), especialista en Planificación Urbana y Regional (UBA) y magíster en Informática Urbana (Northeastern University).