El debate es sobre la ley. El Congreso sancionará una ley que debe ser totalizadora como respuesta social integral y que está sostenida en el derecho para proteger derechos.

No tener ley es sostener y promover la clandestinidad. El Congreso que debe velar por la legalidad como principio y por la generalidad de sus respuestas, acompañando las transformaciones sociales.

La ilegalidad se basa en un prejuicio o en creencias personales, que privan a otras del ejercicio de sus derechos, el derecho a decidir sobre sus propias vidas. Seguirá habiendo abortos. La ley brindará un marco de legalidad y protección.

Nadie va a interrumpir su embarazo solamente porque la norma exista. ¿Alguien cree que alguna mujer saldrá corriendo a buscar hacerlo solo porque se sanciona una ley? ¡De ninguna manera!

En cambio, seguirá habiendo consultas y prácticas para averiguar sobre el estado y las características del embrión (los llamados estudios genéticos) con la decisión de interrumpir ante la noticia de que se encuentran afectadas las capacidades. Hay que salir de la hipocresía que cuida y alienta estas prácticas pero sanciona la interrupción por propia voluntad.

La falta de legalidad condena también a los riesgos que afectan la vida y la salud de las mujeres. Porque la clandestinidad es la principal causa evitable de muchas muertes. Ahí nos debemos parar. Para frenar muertes que pueden y deben ser evitadas.

La penalización no disuade de interrumpir un embarazo y entonces se hace en condiciones de ilegalidad y desprotección, expuestas a tratos crueles e inhumanos. Al mismo tiempo, eso avala un mercado ilícito millonario que lucra con el desamparo y la desprotección. Redes de trata y apropiación de recién nacidos.

Nadie va a abortar porque haya ley. Pero no puede imponerse como norma general lo que resulta de una convicción propia y personal. Es un pecado de soberbia y autoritarismo reñido con los principios de la vida democrática.

La legislación debe dar paso a una política pública integral y efectiva de protección de derechos. Hablamos del principio democrático de la construcción de ciudadanía. Hablamos de ciudadanas que puedan ejercer en plenitud sus derechos a la salud, a la vida, a la integridad física y a decidir sobre su vida personal y familiar.

Los tiempos y los cambios ponen hoy a la Argentina frente al desafío de su inserción internacional y del marco global de legalidad y protección de los Estados frente a esos y otros nuevos derechos. Que no son absolutos. No hay obstáculos constitucionales. Al contrario. Una interpretación acabada e integral de la normativa internacional de los derechos humanos a los que la Argentina democrática adscribe, nos comprometen en esa obligación de tutela de las mujeres en condiciones de igualdad.

Celebramos un debate trascendente y una extraordinaria oportunidad para los miembros de este Congreso. Jamás ninguno de aquellos que voten favorablemente se va a arrepentir de haberlo hecho. Y sí existen muchas probabilidades de que, ante la primera muerte, estaremos viendo muchas manos contra el pecho como autorreprobación de una votación negativa.

Quienes no votan esta media sanción están a favor del aborto, no de evitarlo. De mantener lo que hay. Están a favor de continuar con un aborto ilegal.

¿Cuánta autoridad moral puede existir para sostener la criminalización de una mujer que decide interrumpir, por las razones que fuera, su embarazo? Porque no sancionar la ley es mantener esa situación. No hacerlo legal es sostener su criminalidad.

Las mujeres no somos incubadoras. Exigimos que se nos respete en nuestras decisiones, en nuestro derecho a un plan de vida adoptado con conciencia y libertad, y no impuesto por el prejuicio de otros.

El aborto no punible en nuestro derecho es la evidencia de las limitaciones que tiene el ejercicio de los derechos. Si el feto pudiera ser considerado una persona, ningún aborto seria legal ni permitido.

El aborto existe, y seguirá existiendo, no como obligación sino como una realidad innegable. Debemos hacerlo legal brindando la posibilidad de su práctica de manera segura.

La maternidad no puede ser impuesta, forzada, obligada, menos aún usada como sanción o amenaza. La maternidad debe ser deseada y voluntaria.

Es necesario que sea ley. Para tener educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.