El impacto financiero de los desastres naturales en Costa Rica alcanzó un acumulado de USD 6,207 millones entre 1988 y 2025, según datos oficiales. El Ministerio de Hacienda proyecta que la presión fiscal por emergencias seguirá en aumento, con un gasto estimado de USD 570 millones para el cierre de 2025 y una carga fiscal equivalente al 1.71% del PIB entre 2026 y 2031.
En el periodo 2019-2022, la Comisión Nacional de Emergencias registró pérdidas por USD 1,044 millones, ligadas sobre todo a sistemas de baja presión y huracanes como Julia.
Ese monto se sumó a los USD 4,591.9 millones reportados entre 1988 y 2018, lo que evidencia la aceleración de los daños a lo largo de los años.
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La previsión oficial sostiene que el costo de los desastres implica mucho más que reconstrucción. Ahora exige que instituciones y empresas públicas integren contingencias en la gestión de infraestructura esencial. Según información citada por Diario Extra, entre 2026 y 2031 se estima necesario destinar cerca de ¢819 mil millones (aproximadamente USD 1,544 millones) para emergencias, de acuerdo con el Marco Fiscal a Mediano Plazo.
Las autoridades reconocen que la vulnerabilidad financiera obedece no solo a la frecuencia de los eventos, sino también a la construcción de infraestructura en zonas de alto riesgo. El geógrafo y experto ambiental Pascal Girot advirtió que las cifras oficiales “son apenas una parte del problema”, ya que existen impactos indirectos difíciles de medir, como la interrupción de rutas clave para productores y turistas.
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Entre los episodios más costosos se encuentran el terremoto de Cinchona y la tormenta Nate. Estos eventos han dejado huellas profundas, con efectos que van más allá de los daños físicos y afectan la estabilidad fiscal del país.
Financiamiento insuficiente para políticas climáticas
La Contraloría General de la República detectó que muchas políticas climáticas nacionales carecen de respaldo financiero desde su diseño, limitando su capacidad de implementación.
El informe de seguimiento advierte sobre la ausencia de mapeo y seguimiento de opciones de financiamiento privado y la falta de previsión de recursos en políticas públicas clave.
Esta brecha financiera afecta la protección de sectores como la agricultura y la infraestructura vial, en un contexto donde el riesgo de eventos extremos sigue en aumento. El fenómeno de El Niño plantea nuevas amenazas, con potencial impacto en la producción agropecuaria y el abastecimiento de agua, especialmente en Guanacaste, donde las sequías anteriores provocaron pérdidas superiores a USD 84 millones.
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Girot previó para el cierre del año mayor irregularidad en las lluvias y déficit hídrico, especialmente durante el segundo pico de la estación lluviosa (septiembre, octubre y noviembre). Según análisis recogidos por Diario Extra, el experto remarcó que “la parte que crece más rápidamente de estos impactos es la hidrometeorológica”, asociada a fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos.
El aumento de los costos por desastres y las limitaciones de financiamiento evidencian que Costa Rica enfrenta no solo una emergencia ambiental, sino también un reto fiscal y de gestión pública. Las proyecciones oficiales y los análisis de expertos coinciden en la necesidad de anticipar recursos y adaptar la planificación estatal ante una amenaza que se intensifica año tras año.
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