Si bien la Argentina está calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como confiable en sus registros de causas de muerte materna, el debate sobre el aborto devino en una sucesión de opiniones personales sin el sustento empírico imprescindible para las políticas de salud. El resultado fue un proyecto de ley que, en mi opinión, es impracticable. Sortearé objeciones sustanciales y me limitaré a comentarlo desde la óptica de quien ofrece cuidados de salud en el ámbito público.

El proyecto que deberá votar el Senado no salda la deuda que tenemos con la salud pública. Sus supuestos banalizan la idea de indicación médica y de morbi-mortalidad, exponiendo a los más vulnerables. El consentimiento informado deja de ser un proceso y se pierde la intimidad de la relación paciente-médico. Los plazos son incompatibles con el funcionamiento del hospital público e inducen a omitir recaudos; y el acceso menoscaba la calidad de los cuidados.

Primero, el aborto inducido como causal de muerte materna fue sobredimensionado por estimaciones metodológicamente observadas, convirtiéndolo en un asunto de resolución urgente vía modificación del estatus legal. Sin embargo, los reportes del Ministerio de Salud no aluden a la legalidad como factor determinante de las muertes; concordando con la robusta evidencia científica que no encuentra asociación causal entre legalidad y descenso de mortalidad. E incluso, con la misma OMS que incentiva el aborto. Los reportes enfatizan en la asistencia sanitaria, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas; mismos que han sido estrategias de desarrollo de la salud pública y coincidido con la experiencia internacional que demostró que la mortalidad desciende con el acceso y la profesionalización de los cuidados del embarazo, el parto y el puerperio; la inversión en educación de la mujer; el acceso al agua potable y el alcantarillado; el control de la fecundidad y la disminución de la violencia contra la mujer.

Esta ley no apunta a las causas obstétricas que en los últimos 12 años disminuyeron solo un 1%, y son las que generan más muertes. Tampoco resuelve las emergencias asistenciales, como hemorragias y sepsis, que crecieron 13% y 86% respectivamente, dando cuenta de la falta de prevención y tratamiento oportuno, es decir, de calidad. En los hechos, el aborto inducido es la causa de muerte n° 70 en las mujeres y como tal ha descendido un 46% en estos 12 años. Mientras dos de cada cinco mujeres fallecen por una enfermedad cardiovascular, y una por algún tumor; la política enfocó a lo que genera una pérdida en casi un millón de mujeres (0,0014‰).

Toda vida vale. Pero la responsabilidad de administrar recursos públicos exige prioridades. Estas deben establecerse de forma transparente, justa y abierta a la revisión. Seremos injustos con el resto de causas, hoy eclipsadas por la altisonancia del aborto.

Segundo, el Proyecto incrementa los riesgos de personas vulnerables que excepcionalmente se acercan al sistema de salud. Estas son: poblaciones rurales, adolescentes o que subsisten por debajo de la línea de pobreza. El hospital público los incorpora y retiene a través del seguimiento posparto. Pero, al desaparecer el motivo de consulta, estas personas volverán a la exclusión. Claro que no hay que estar embarazada para tener controles, pero las cifras anuales identifican a más de cuarenta mil mujeres que viven alejadas del sistema y se acercan solo momentos antes de dar a luz.

Tercero, los supuestos del proyecto desconocen indicaciones y contraindicaciones. ¿Qué hay de aquellas que jamás serán candidatas por no adherir a prescripciones o no poder cumplir controles? El aborto farmacológico no es inocuo. En países desarrollados mueren de 7 a 30 personas cada cien mil eventos. Los supuestos también permiten abortar después de la semana 14, cuando el riesgo aumenta 40% por semana; en tanto que luego de la 20 las posibilidades de perder el útero son muy altas y la mortalidad excede los 52 casos en cien mil.

Cuarto, el proyecto confunde prudencia con dilación. El consentimiento se toma luego de que la información sea completa, pues quien recibe la práctica debe conocer bien su estado de salud, qué se hará, qué se espera, los riesgos, las alternativas y qué pasaría de no hacerse la práctica. El consentimiento es, con garantía de la ley, un proceso sin premura y omisión de recaudos.

Quinto, las contraindicaciones absolutas parecieran pasar desapercibidas. El aborto no puede realizarse cuando hay anemias; enfermedades hematológicas, hepáticas y renales; insuficiencia suprarrenal y más situaciones que para descartarlas se necesitan estudios que demoran más de los cinco días de plazo. Basta mencionar que en la Maternidad Sardá un tercio de las embarazadas no acuden a controlarse por falta de turnos; y en los hospitales públicos del Conurbano, el 25% de los usuarios debe esperar más de dos meses para conseguir un turno.

De nada sirve sustituir profesionales y abaratar costos, sin reconocer que el verdadero problema es que tres de cada cinco embarazadas no tienen otra opción más que el medio público. Que en los sectores de más bajos ingresos, tres de cada cinco individuos carecen de cobertura de salud. Que las personas pobres desconocen su salud porque van tres veces menos al médico y seis veces menos al dentista. Que tienen un 30% más de enfermedades crónicas y perciben su salud como regular a mala, a razón de cuatro veces más que las personas de mejores ingresos. Por ello, comunicar alcances, consecuencias y riesgos de postergación ya en el primer contacto, como versa el texto, sería un error con consecuencias graves.

Aun así, pretendemos imitar al norte civilizado. Y más allá de esta falacia de autoridad, olvidamos que esos países invierten en salud entre el 9% y el 15% de su PBI; el 100% de sus partos son atendidos por profesionales y despenalizaron el aborto luego de vivir más de veinte años con una mortalidad materna en torno a los 17 puntos. La Argentina invierte en salud del 5% al 7% de su PBI; más de diez mil niños nacen anualmente sin cuidados profesionales; seis de cada diez maternidades públicas no cumplen con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y la meta del milenio de bajar la mortalidad a 13 puntos para el 2015 no pudo concretarse, siendo la actual de 33,7. Cifra que el norte desarrollado dejó atrás antes de 1950 y sin aborto despenalizado.

Salvo que se quiera suplantar al hospital público, ¿para qué país está pensada esta ley? Temo que no esté pensada para donde tres de cada cinco no pueden elegir, ante el imperio de la opción única.

El autor es magíster en Ética Biomédica. Especialista en Medicina Crítica. Docente e investigador del Instituto de Bioética/UCA. Médico del Hospital "F. Santojanni", CABA.