En 2015, la provincia de Buenos Aires (PBA) finalizó el año con un déficit financiero equivalente a -7,8% de los ingresos totales de la administración provincial. En 2016, este desequilibrio se mantuvo en -7,8%, en tanto que, según el presupuesto 2018 (P18), este caería a -5,3% en 2017 y a -5,2% este año (los datos finales del año pasado todavía no han sido publicados).

Es decir, si bien se observa una suave tendencia hacia un menor desequilibrio en las cuentas provinciales, estos datos indican que las necesidades de financiamiento provinciales son todavía elevadas. A grandes rasgos, puede observase que desde fines de 2015 la provincia de Buenos Aires optó por dos fuentes de financiamiento para cubrir el déficit.

Por un lado, la administración provincial obtuvo un sostenido aporte del Gobierno nacional. En efecto, las transferencias corrientes de origen nacional pasaron de representar un 4,1% de los recursos totales en 2015 a un promedio de 9,5% en los tres años siguientes. Estos giros resultaron claves para el cierre anual en las finanzas provinciales. Por caso, en diciembre de 2015 se transfirieron 5 mil millones de pesos, monto que se incrementó a 25 mil millones de pesos en 2016 y a 40 mil millones de pesos en 2017.

Por el otro, la administración provincial adoptó una estrategia de agresivo endeudamiento en los mercados, fundamentalmente en moneda extranjera. A septiembre de 2017 (último dato disponible) el stock de deuda provincial de la PBA alcanzó los 15.002 millones de dólares. Si se compara con el último trimestre 2015, la deuda pública provincial aumentó 5.640 millones de dólares o el equivalente a 9 puntos porcentuales (p.p.) de los recursos provinciales. Aun cuando este nivel de deuda no es particularmente elevado, esconde fragilidades evidentes.

Probablemente el mayor riesgo a corto plazo implícito en esta estrategia es que implica un considerable "riesgo de moneda", toda vez que la depreciación del peso incrementa el esfuerzo fiscal necesario para cumplir con los pagos. En efecto, lo anterior se potencia por el hecho de que la PBA no genera recursos propios en moneda extranjera.

Según el P18, este año la PBA tiene autorizadas nuevas colocaciones de deuda por un total de 74.396 millones de pesos, con vencimientos de capital por 36.078 millones de pesos y pagos de intereses por 28.476 millones de pesos, que implican un servicio total de la deuda por 64.554 millones de pesos. Es decir, los pagos de la deuda representarían cerca del 90% de la nueva deuda a emitir.

Cabe aclarar que los números del P18 fueron aprobados antes del consenso fiscal, de que se manifestara la crisis financiera del mercado de deuda emergente (limitando el acceso de la PBA a nuevo financiamiento) y que se devaluara el peso.

En este sentido, el nuevo entorno sugiere que los parámetros del P18 resultan claramente desactualizados, y tampoco es claro cómo responderá la administración provincial al nuevo contexto, ni cómo impactará un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las cuentas provinciales.

Por ejemplo, de acuerdo con nuestra estimación preliminar, la devaluación del peso observada entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 habría generado un incremento en el stock de deuda de 44.200 millones de pesos (como mínimo). Para tomar una referencia, este monto supera en un 10% los ingresos adicionales que recibirá la PBA en 2018 como consecuencia del consenso fiscal (estimados en 40 mil millones de pesos).

En definitiva, los cambios en la estrategia fiscal desde fines de 2015 supusieron un corte al proceso de desendeudamiento provincial y una mayor utilización de las fuentes del mercado como alternativas de financiamiento. A mediano plazo, el creciente peso en los servicios de la deuda y la exposición al tipo de cambio suponen una creciente fuente de fragilidad en las finanzas públicas provinciales.

El autor es integrante del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) y UNPAZ.