Un debate difícil que debe salir de las sombras

Juan Carlos Villalonga

La despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es uno de esos debates pendientes que son bien difíciles y complejos, pero que resultan imposibles de postergar u ocultar por más tiempo. Si queremos vivir en una sociedad abierta y plural, este tema no puede ser un tabú político. Karl Popper contrapuso las sociedades cerradas y abiertas de la manera siguiente: "Seguiremos llamando 'sociedad cerrada' a la sociedad mágica, tribal colectivista, y 'sociedad abierta' a aquella en la que los individuos deben adoptar decisiones personales". Una sociedad abierta designa no tanto una forma de Estado o de gobierno, sino un tipo de convivencia humana donde la libertad de los individuos constituye uno de los valores primordiales.

En este sentido, no solo me parece inteligente la decisión política de dar espacio al debate, considero que es todo un síntoma de crecimiento y madurez social. Más allá de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener, la apertura y la tolerancia es lo que nos hará mejores y permitirá crecer en todo sentido.

Ahora bien, es esencial dimensionar y comprender la lógica del problema que enfrentamos para abordarlo de una manera razonable. En este sentido, es oportuno hacer referencia al estudio publicado el año pasado por la prestigiosa revista de medicina The Lancet, que presenta un exhaustivo análisis de las estadísticas a escala global. De allí surge una cifra impactante: el 25% de los embarazos son abortados, es decir, uno de cada cuatro. Ese valor se eleva al 34% en nuestra región, Sudamérica. Con solo este dato queda claro que soslayar o postergar esta discusión es de una gigantesca irresponsabilidad.

Según el estudio mencionado, en el año 2014 se practicaron unos 56 millones de abortos a nivel mundial, de los cuales 50 millones se realizaron en países en vías de desarrollo, en los que mayoritariamente el aborto está penalizado por la ley.

Las cifras son más contundentes cuando uno observa la evolución reciente: en el mundo desarrollado la cantidad anual de abortos realizados se redujo en 5 millones respecto de los niveles de 1990. En ese mismo período, en los países en desarrollo aumentaron en 11 millones.

Atendiendo al aumento poblacional, es necesario traducir esas cifras en términos proporcionales. De acuerdo con el informe de The Lancet, la tasa de abortos (cantidad de casos por cada mil mujeres de 15-44 años) disminuyó notablemente en el mundo desarrollado, mientras que se mantuvo estable en los países en desarrollo. En el que solemos denominar Primer Mundo se pasó de una tasa de 46 a 27 entre 1990 a 2014, en tanto que en el mundo en desarrollo se mantuvo casi estable, de 39 a 37.

Cuando se analizan las tasas en función de la penalización o no de la interrupción voluntaria del embarazo, los datos son esclarecedores. En aquellos países donde el aborto está totalmente prohibido o solo se permite para salvar la vida de la mujer, la tasa es de 37 (por mil mujeres de 15-44 años de edad). En países en los que el aborto es accesible a demanda esa tasa es de 34.

Como puede verse, no existe correlación entre marcos legales prohibitivos y una disminución de las interrupciones voluntarias de embarazos. Con lo cual, uno de los grandes temores que surgen a la hora de despenalizar la interrupción del embarazo queda neutralizado. Por el contrario, estas cifras nos deben alentar a legislar de modo tal que mejoremos las condiciones de seguridad en las que se realizan hoy estas intervenciones, evitando su clandestinidad y mejorando su accesibilidad para garantizar así la salud física y mental de miles de mujeres.

Aun con las dificultades de no contar con estadísticas muy certeras, diferentes fuentes coinciden en que llegarían a 500 mil las interrupciones de embarazos anuales en nuestro país. Esto nos indica la magnitud del problema que enfrentamos localmente, que guarda una relación bastante similar a lo que ocurre a nivel global y regional. Nuevamente, la prohibición o la penalización del aborto no han servido aquí tampoco para frenar su práctica; en cambio, lo que realmente provoca es una intervención de alto riesgo y con profundas disparidades en su calidad acorde con la capacidad socioeconómica de quienes necesiten acceder a ella.

Ante las cifras mencionadas, me resulta bastante obvio que el abordaje penal dado hasta ahora ha resultado en un gran fracaso que conlleva un serio riesgo para la salud de una enorme cantidad de mujeres. Es imprescindible que nuestro país revise su normativa en esta materia para encuadrarla en una política sanitaria acorde con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza, alentando a los gobiernos a que eliminen las barreras regulatorias que hoy impiden el acceso a la atención sanitaria para un aborto sin riesgos y su prestación oportuna. Si logramos sacar de las sombras esta realidad, reconocerla en su verdadera dimensión, estaremos en condiciones de brindar una respuesta que esté a la altura del reclamo y del dolor de tantas mujeres y familias argentinas.

El autor es diputado nacional, Cambiemos.

MAS NOTICIAS

Te Recomendamos