En los informes de la campaña electoral de 2017 para diputados y senadores nacionales, las principales agrupaciones políticas declararon contribuciones y donaciones privadas de entre 25 y 60 millones de pesos, más de un 80% en efectivo. En la Argentina, las campañas se financian parcialmente con aportes públicos —el 40% de estos se destina a imprimir boletas—, pero resultan bajos dado el costo estimado de una campaña electoral. Por otra parte, en varias provincias las fuerzas aún no presentaron sus informes finales de rendición de cuentas y, en otras, los reportes fueron desaprobados.
El Gobierno impulsa una reforma a la ley de financiamiento de partidos y campañas. Pero la decisión surge de un consenso amplio construido durante muchos años por líderes políticos, empresarios, sindicalistas y organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Poder Ciudadano. Por caso, en el último Coloquio de IDEA, empresarios, sindicalistas y políticos coincidieron en la necesidad de modernizar la norma, que actualmente impide la trazabilidad de los fondos con que los partidos financian sus actividades ordinarias y las campañas.
El régimen actual de financiamiento, sancionado en la reforma electoral de 2009, presenta varios problemas de transparencia y equidad. Por ejemplo, como los aportes pueden hacerse en efectivo, fomenta la desinformación del votante y el dinero ilícito en las campañas. Dada la permisividad respecto del tiempo de la campaña, equilibra la balanza a favor de los oficialismos; y con la falta de regulaciones provinciales, les permite a los partidos eludir los controles nacionales.
La informalidad en el financiamiento tiene efectos perjudiciales para la transparencia y la integridad de las instituciones democráticas, y les impide a los votantes evaluar de manera informada a sus representantes, sus propuestas y sus políticas.
La nueva ley debería contemplar los acuerdos alcanzados: restringir las donaciones en efectivo; bancarizar los aportes; permitir aportes de personas jurídicas a partidos y campañas con límites a los montos; controlar en línea los aportes ordinarios a los partidos y a las campañas para conocer en tiempo real quiénes donan, cuánto y a quién; hacer a los candidatos responsables frente a irregularidades; establecer sanciones costosas; reducir el tiempo de las campañas de manera de equilibrar la cancha entre oficialismo y oposición; dotar a los órganos de administración y control de recursos técnicos y presupuestarios acordes con las tareas que deben realizar; y revisar los requisitos que los partidos deben alcanzar para mantener la personería jurídica y recibir aportes públicos.
La ventana de oportunidad que ahora se abre debe ser aprovechada haciendo uso de la evidencia generada en los últimos años y con base en los consensos alcanzados. Tenemos la chance de trasparentar y modernizar el financiamiento de la política en un año en el que la ausencia de campañas electorales puede permitirles a los actores una discusión franca sobre el tema.
Transparentar el financiamiento de la política implica fortalecer la democracia. Para ello, una legislación que combata la informalidad y afronte los desafíos asociados a la digitalización de la economía es imprescindible.
La autora es coordinadora del programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
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