El pasado 16 de febrero el presidente Michel Temer, luego de una larga y tensa reunión con las autoridades de Río de Janeiro, mandos militares y ministros, tomó una de las decisiones más fuertes e impactantes en materia de seguridad interior desde el regreso de la democracia, a mediados de los años 80. La escalada de violencia de los grupos o comandos, como se denomina en Brasil a organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) y el Rojo, en Río y en pleno carnaval, motivó la decisión de intervenir todo lo referente a la seguridad en este Estado federal, el equivalente a lo que en Argentina llamamos provincia. Al menos hasta fin del 2018, las fuerzas policiales, de emergencias y de bomberos de Río quedan bajo el control Operativo del Comando del Este del Ejército de Brasil con sus 50 mil efectivos, que llegado el caso podrán recibir refuerzos del poderoso Ejército Sur.

Luego de la relativa tranquilidad que hubo en las calles de Río y San Pablo durante el Mundial de Fútbol y los posteriores Juegos Olímpicos, de la mano de una fuerte actividad de inteligencia previa y luego operativa de las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército y la Infantería de Marina desde 2004 y 2008, respectivamente, la situación se volvió a desmadrar. Asimismo, grupos como el PCC comenzaron a actuar abiertamente en países fronterizos a Brasil, incluyendo el masivo asalto a una empresa de caudales en Paraguay. De manera apresurada algunos analistas dentro y fuera del país vieron la paz, ¿o tregua?, durante los dos grandes eventos deportivos internacionales como una muestra de la posibilidad de contundentes y rápidos éxitos contra el narcotráfico.

Los militares brasileños, más realistas, asumieron que a lo que habría que aspirar era a que los brazos armados de estas megaorganizaciones ilegales no osaran desafiar abiertamente y a fuego contra fuego a las fuerzas estatales. De hecho, esto se logró. Pero los mandos castrenses sabían y saben que el problema es infinitamente más amplio y complejo, y tiene aristas internacionales, regionales y de otros sectores del Brasil que trascienden por mucho lo que los uniformados de este país pueden lograr. Sin ir más lejos, los últimos 2 o 3 años han sido récord en la producción histórica de cocaína en Colombia. También el boom de producción y tráfico de metanfetaminas desde Europa y las que se comienzan a elaborar en nuestros países.

Al momento de enumerar algunos antecedentes de la situación de la seguridad en Brasil para el decreto del presidente Temer, cabría citar:

-En el 2004 el Gobierno de Lula da Silva decidió formar una Fuerzas Nacional de Seguridad, la primera de alcance nacional que tiene Brasil, a excepción de las Fuerzas Armadas, por lo que se reclutaron a los mejores efectivos de las fuerzas de seguridad preexistentes.

-El decreto de defensa nacional dado a conocer por el Gobierno nacional en el 2005 tenía, entre sus puntos más salientes, una clara definición de las áreas estratégicas prioritarias: el Amazonas (por el impacto de la guerra en Colombia, el narcotráfico, las narcoguerrillas, la depredación ambiental, etcétera) y el Atlántico sur (tanto por su papel en los flujos del comercio internacional del Brasil como por ser la zona en donde se concentra parte sustancial de las riquezas petrolera y gasíferas). A su vez, destaca que, a pesar de la tan mentada globalización e interdependencia económica, se asiste a un mundo en donde las ambiciones de otros Estados sobre el territorio y los recursos naturales serán moneda corriente y que para ello el sector de la defensa nacional debe contar con adecuados niveles de recursos económicos, materiales bélicos, humanos y tecnológicos. Asimismo, reconoce el creciente peso de amenazas no estatales, entre las que subraya el crimen organizado y el terrorismo.

-El debate iniciado en el 2006 al interior del Gobierno de Lula y de sectores moderados y pragmáticos del Partido de los Trabajadores sobre la necesidad de enmarcar el accionar del crimen organizado en Brasil bajo la tipología de terrorismo.

-Los comentarios del jefe del Ejército en el Gobierno de Lula, el general Albuquerque, sobre la utilidad que para sus fuerzas tuvo la experiencia acumulada en la operación de imposición de la paz en Haití, para desarrollar en un futuro acciones en las favelas. Cabe recordar que los contingentes militares enviados por Brasil a Haití fueron básicamente provenientes de Río de Janeiro y San Pablo, los dos estados que concentran la mayor actividad y poder de las organizaciones criminales.

-En el período 2004-2005 Lula decidió darle un nuevo marco legal a eventuales operaciones militares en tareas de seguridad interior, lo que facilitó el respaldo jurídico en caso de necesidad. Autorizó la creación de zonas militares, permitió inteligencia preventiva y subordinó a las fuerzas policiales a las Fuerzas Armadas en caso de crisis. El presidente Lula dio de esta forma el sostén a los militares para acumular información de los futuros teatros de operaciones. Todo ello por medio de las famosas cuadrículas (un instrumento que fue fundamental en la lucha contra organizaciones guerrilleras en Argelia por parte de Francia, en los 50 y los 60, y en América Latina, en los 70), esto es, el mapeo o la inteligencia táctica de amplias zonas de las favelas de las ciudades de Brasil. Todo ello para que, cuando llegara el momento, las Fuerzas Armadas crearan un teatro operacional sobre cierto espacio geográfico y quedaran bajo control directo del presidente de la república.

Las estadísticas internacionales desde comienzos del siglo XXI colocan a Brasil como el segundo consumidor de cocaína en el mundo, luego de los Estados Unidos, y entre los primeros cuatro países en número de secuestros y asesinatos.

Los hechos de Río, en el 2008, fueron el catalizador y bautismo de fuego de la nueva Fuerza de Seguridad Nacional. En ese entonces llamó la atención la definición de Lula de calificar de terrorismo la metodología de los comandos o grupos del crimen organizado y la decisión de recurrir las Fuerzas Armadas para tomar un papel más activo en tareas de seguridad de las periferias de los cuarteles y zonas estratégicas.

En una definición certera, el entonces gobernador de Río afirmó que se solía hablar de militarización de la lucha contra el narcotráfico de manera crítica, olvidando que el primero en militarizar arsenales, acciones y estructuras había sido el propio crimen organizado en algunas de las grandes ciudades de Brasil. Los secuestros de armas a estas organizaciones han mostrado una variedad que va desde fusiles de asalto M-16, AR-15, AK-47, AK-72, SIG, granadas de mano, pistolas de todos los calibres, explosivos varios y hasta pequeños lanzacohetes antiblindados y minas antipersonales. Alguna vez habrá que comprender que la frontera entre la seguridad policial, la defensa y el empleo de fuerzas militares está muchas veces determinada por el calibre, la potencia y el alcance del arsenal de los grupos ilegales. Sean ellos narcotraficantes, narcoterroristas o terroristas. Las disquisiciones teóricas sobre el derecho se hacen bastante confusas y brumosas cuando los agentes que dan sus vidas para proteger a los ciudadanos deben enfrentar escenarios más propios de series y películas de guerra que de policiales.

La izquierda latinoamericana, en especial la izquierda champagne, con su uso masivo de las redes sociales y su hipersensibilidad por el uso de la fuerza por parte del Estado, a menos que sea empleada por regímenes políticos que le agradan, pondrá el grito en el cielo por la decisión de Temer. Todo ello acentuado por el hecho de que es un año electoral y por la óptima relación que tiene el presidente Temer con los militares. Antes de ir más allá en sus arengas contestatarias, haría bien en repasar y recordar los antecedentes históricos, pero cercanos en el tiempo, previamente mencionados.