Qué está pasando con el Progresar

Por estos días, jóvenes estudiantes de todo el país se enteraron abruptamente de que fueron dados de baja del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina. Docentes y alumnos marcharon reclamando por su reincorporación, mientras que los diarios difundieron erróneamente que las bajas correspondían a que los chicos dejaron de estudiar.

Lejos de ser un plan, el Progresar es un derecho que se instituyó desde 2014 para los jóvenes que quieren empezar o terminar estudios primarios, secundarios, oficios, terciarios y universitarios. La política parte del reconocimiento de que las desigualdades entre los hogares argentinos afectan directamente la capacidad de que los jóvenes sostengan el estudio. No es un programa de empleabilidad ni una política "contra los nini". Justamente se critica ese concepto, ya que dentro de los nini hay muchos jóvenes haciendo changuitas y cuidando de hijos y hermanos, tareas que ocupan su tiempo y no son reconocidas por las estadísticas. Por eso, a lo que apunta el Progresar es a garantizar el acceso real a la educación a todos ellos, al otorgar un ingreso mensual que permita a los jóvenes cubrir los gastos adicionales que requiere estudiar: el colectivo, las fotocopias o simplemente el reemplazo de un posible ingreso laboral que no se recibe en el tiempo en el que se está estudiando.

Las bajas

Esto no es la primera vez que pasa. El año pasado, prácticamente para la misma época, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) también incurrió en bajas injustificadas. No es que el organismo comprobó que los jóvenes dejaron de estudiar, sino que, como no recibió la información a tiempo por parte de algunas universidades, asumió que los chicos abandonaron. Es curioso que esto ocurra repetidamente, ya que la información sobre las materias aprobadas se envía automáticamente desde las universidades al Ministerio de Educación y de allí a la oficina central de Anses, donde se calculan las liquidaciones. El mecanismo está pensado a propósito para no dar lugar a ningún tipo de discrecionalidad a nivel local.

Por estos días, muchos de los estudiantes afectados se comparten la información confusa que tienen al respecto en las redes sociales y se preguntan si podrán o no continuar sus estudios. Ante los reclamos, la Anses aseguró que revisará la decisión, pero aun así esto no es gratis para los jóvenes. Las idas y vueltas incrementan la incertidumbre a la que estos estudiantes están más que expuestos en un período del año, antes y después de las vacaciones de invierno, donde históricamente se incrementa el riesgo de abandono.

El decaimiento del programa

A la par de las bajas, circulan datos que muestran una reducción del total de titulares de derecho mucho más grande e iniciada ya desde febrero. De tener más de un millón de beneficiarios, el Progresar ahora estaría llegando a la mitad de esta cifra (560 mil).

Más allá de las bajas justificadas e injustificadas, puede esperarse que el decaimiento se vincule también con la casi nula promoción que está recibiendo la política. El Progresar es un programa que naturalmente recambia sus beneficiarios, ya que es sólo hasta cumplir 25 años y necesita de trabajo territorial y constantes campañas de difusión para acompañar en la inscripción y en la orientación vocacional a nuevos jóvenes. En 2016 se desmanteló la red de tutores que se encargaba de esa tarea, que trabajaba en forma interministerial sobre una problemática juvenil que es multifacética.

El cambio en la perspectiva

El Progresar no es una política pequeña ni aislada. Es parte de las políticas de transferencias condicionadas de ingresos que se iniciaron en América Latina y que, tras su éxito en la reducción de la desigualdad, hoy son recomendadas al resto del mundo por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Constituyen un piso de protección social y, particularmente en Argentina, fueron aplicadas con una perspectiva universal. Esto quiere decir que el lineamiento general estuvo puesto en incluir y generar equidad más que en minimizar las políticas sociales hacia "los más pobres de entre los pobres". La primera perspectiva, la universal, es la que aplican los países con mayor índice de desarrollo humano y menor desigualdad, como, por ejemplo, los países escandinavos. La segunda, la focalizada, incrementa el estigma hacia los beneficiaros de los programas y hasta duplica los costos administrativos para el Estado, sin resultados concretos en materia de desigualdad. Las últimas medidas de recortes en políticas sociales parecieran estar dando un giro en este último sentido.

La OCDE

Sorprende este descuido con el Progresar cuando uno de los requisitos que señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la Argentina para convertirse en miembro de la organización, lo que es de interés del actual gobierno, es que invierta más recursos públicos en reducir las desigualdades socioeconómicas que afectan el desempeño educativo de los estudiantes. Esta medida parecería ir en dirección contraria.

Por último, el peligro de estos errores es que dan lugar a reforzar el estereotipo de desconfianza que reina sobre la juventud y que ellos sufren en el mercado laboral. No hay país que haya mejorado criminalizando a los jóvenes en lugar de incluirlos. Para progresar hay que confiar.

La autora es economista, ex coordinadora del programa Progresar.