El Gobierno debe estar por encima de las divisiones

A veces desde la política y en los medios de comunicación nos encerramos en relatos ficticios, discusiones estériles y disputas ideológicas lejanas de la realidad cotidiana de los argentinos. Toda acción política tiene sustento en una convicción ideológica, aunque se diga que no. Pero una de las grandes ventajas de la democracia es que nos provee de los mecanismos institucionales para que las distintas posturas ideológicas puedan articularse y dar lugar a las acciones de gobierno más beneficiosas para el país. Sin embargo, es preocupante que desde hace años se le otorgue mayor importancia a confrontar que a gobernar.

Durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, mientras se insistía en una supuesta batalla cultural, la economía entraba en recesión y los indicadores sociales caían. La discusión acerca de la grieta ocultaba que los problemas económicos no encontraban otra salida que patear la pelota para adelante a través de la emisión monetaria que alimentaba la especulación financiera, cuyo retrato más acabado fue el negocio del dólar futuro que aún hoy pagamos todos los argentinos.

A pesar de un Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que se esforzaba en esconder la pobreza pos devaluación del 2014, el malestar social creció y se reflejó en millones de argentinos que perdieron la confianza en el Gobierno que habían votado en 2011. Finalmente los resultados electorales de 2013 y 2015 le dieron la espalda al oficialismo. Suelo citar un ejemplo que me tocó vivir en el recinto de la Cámara de Diputados. En el 2013 gran parte del debate nacional giró en torno de la mal llamada democratización de la Justicia. El oficialismo logró su aprobación pero al poco tiempo la Corte Suprema determinó por contundente mayoría su carácter inconstitucional. Mientras nos enredábamos en esa discusión que no llevó a ningún puerto, el Banco Central perdió 11.800 millones de dólares de los cuales un 90% se explicaba sólo por la cuenta de servicios del turismo, que hasta la implementación del cepo cambiario había sido neutra. El ahorro de los argentinos se desplomaba mientras librábamos una discusión infructuosa.

El Gobierno anterior solía menospreciar las opiniones y las manifestaciones opositoras. Frente a los cinco paros generales de su última gestión, su reacción fue la misma: estigmatizar dirigentes, hacer foco en los piquetes, fomentar en las redes #YoNoParo y culpar a la herencia recibida en 2001. El mismo tratamiento se les daba a las manifestaciones opositoras. "Son los que quieren ir a Miami" o "compran dólares y los guardan en una caja de seguridad", mientras el Gobierno ofrecía un tipo de cambio que fomentaba esos gastos. En síntesis, la ex Presidente dedicó más energías a la batalla cultural que a la lucha contra la inflación y la pobreza.

Según datos actuales del Indec, que ya no oculta la realidad, la pobreza ha continuado su camino ascendente. A esto se suma que el año pasado los trabajadores formales y los jubilados perdieron entre un 7% y un 10% de su poder adquisitivo. Los anuncios del segundo semestre, de lluvia de inversiones o de brotes verdes quedaron sólo como expresiones voluntaristas. Aun cuando se cumpla la expectativa de crecimiento del Gobierno del 3,5% para 2017, la oferta de una paritaria del 18% parece poco para los asalariados que ya sufrieron un fuerte ajuste en 2016. Es natural que aumente la conflictividad social en un país donde sus habitantes pueden manifestarse con libertad, respetando siempre a un gobierno elegido democráticamente. El Presidente hoy estigmatiza a los mismos dirigentes sindicales con los que brindó a fin de año. Las huelgas generales pueden no ser simpáticas, pero son parte de la vida democrática en la mayoría de los países donde las instituciones funcionan.

Las diferencias políticas y el derecho a expresarlas en el marco de la ley son constitutivos y fortalecen la democracia. Es por eso que preocupa que de nuevo se haya elegido confrontarlas en vez de pararse por encima de ellas. Un presidente debe gobernar para todos.

Nuestra sociedad se ordena con equidad, trabajo, educación y justicia social, y eso sólo se logrará sin descalificaciones y con una deliberación plural de los asuntos públicos. La realidad es un territorio de conflictos en disputa, en donde la práctica política debe obligarse a construir consensos. Un gobierno que se encierra sobre sí mismo jamás podrá llevar adelante la unidad de todos los argentinos. Es necesario ponerse por encima de las divisiones y empezar a brindar soluciones concretas, pensando primero en los sectores más vulnerables.

El autor es diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (Frente Renovador)