Seis familiares del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera permanecen desaparecidos desde el 31 de mayo, día en que viajaron a Managua para reclamar su cuerpo.
La denuncia la sostiene Amnistía Internacional, organización de derechos humanos con sede en Londres, que exige al Gobierno de Nicaragua revelar su paradero.
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El caso se suma a un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 9 de noviembre condenó los ataques armados contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense.
La CIDH documentó el asesinato de un padre y su hijo indígenas mayangna en octubre, la quema de viviendas, amenazas contra 47 familias y al menos 20 personas miskitu y mayangna privadas de libertad de forma arbitraria, en un contexto que el organismo vincula con el despojo territorial y la minería sin consulta previa en los territorios de la Costa Caribe.
El doble crimen de Bonanza que desató un éxodo
Entre el 18 y el 19 de octubre, colonos armados atacaron el territorio Mayangna Sauni As, en el municipio de Bonanza. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la CIDH, documentó la muerte a tiros de Dionicio Hernández Bruno, de 54 años, y de su hijo José Wilmer Hernández, de 24.
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Los atacantes también incendiaron viviendas en la comunidad de Dimanwas. La Prensa, diario nicaragüense, había informado semanas antes sobre el doble crimen y señaló que provocó el éxodo de familias horrorizadas por las ejecuciones.
“La CIDH condena los recientes ataques armados contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, afirmó el organismo en su comunicado. La Comisión añadió que expresa “su preocupación por la persistencia de la represión estatal y el despojo territorial, en un contexto de impunidad”.
Un patrón que se repite desde agosto
El ataque de Bonanza no fue un hecho aislado. El 19 de septiembre, un integrante de la comunidad de Alal, también en territorio Mayangna Sauni As, fue asesinado en circunstancias que la CIDH vincula con represalias de colonos por disputas de tierra.
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Dos semanas antes, el 6 de septiembre, colonos armados con machetes atacaron a integrantes del equipo de fútbol Kayayawas, del territorio Mayangna Sauni Bu, cuando regresaban de un partido.
Entre agosto y septiembre se intensificaron además las amenazas de muerte, la ocupación de parcelas y la destrucción de cultivos en la comunidad de Wilu. La CIDH advirtió que esos hechos mantienen a 47 familias indígenas bajo un clima de terror.
El organismo también recibió denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes indígenas, con casos de secuestro y embarazos forzados, junto con desplazamiento interno y hacia otros países.
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Minería sin consulta en una cuarta parte de las tierras comunales
Durante una audiencia temática sobre concesiones mineras realizada este año, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la CIDH la continuidad de una política extractiva que otorga concesiones sin procesos de consulta previa, libre e informada.
Hasta abril, unos 62 lotes mineros afectaban a 18 territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, equivalentes al 25,5% de las tierras comunales. La Comisión sostiene que esta expansión minera agrava el despojo territorial que sufren estos pueblos.
Los familiares de Brooklyn Rivera, siete meses desaparecidos
La situación de los parientes de Rivera ilustra, según la CIDH, el patrón de criminalización contra liderazgos indígenas. El exdiputado y defensor miskitu murió bajo custodia estatal el 31 de mayo, tras casi tres años de detención sin reconocimiento oficial.
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Cuando sus familiares y allegados viajaron a Managua para reclamar el cuerpo, fueron detenidos. La CIDH calificó su situación como desaparición forzada.
Entre los desaparecidos figuran Alda López Bryan, Jordys Escobar Bryan, Eritza Coleman, Korny Valle Bushey, Jorge Webster y Florencia Sarmiento, según documentó Mongabay Latam, sitio de periodismo ambiental, a partir del testimonio de Tininiska Rivera, hija del líder indígena, exiliada fuera del país.
“Están detenidos y están desaparecidos. Familiares han ido a preguntar por ellos, pero el Gobierno no ha dado respuesta de dónde los tienen”, denunció Tininiska Rivera a Mongabay Latam.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos calificó el caso como un patrón de crímenes de lesa humanidad. “La muerte de Brooklyn Rivera es el resultado de su desaparición forzada y la retención arbitraria de la que fue víctima por parte del régimen de Ortega y Murillo”, sostuvo José Aylwin, vicepresidente de la federación, ante la publicación.
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Qué exige la CIDH al Estado nicaragüense
La Comisión concluyó que la violencia en la Costa Caribe no constituye un fenómeno aislado, sino que responde a acciones y omisiones estatales que favorecieron el despojo de territorios indígenas y afrodescendientes. El organismo advirtió que estas prácticas ponen en riesgo la supervivencia física y cultural de estos pueblos.
La CIDH urgió a Nicaragua a cesar la violencia y el despojo territorial, investigar los hechos denunciados y sancionar a los responsables. Pidió también dar cumplimiento a las medidas de protección otorgadas por la propia Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Instó además al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a poner fin a la criminalización de autoridades y liderazgos comunitarios, liberar a las personas indígenas privadas de libertad y esclarecer el paradero de quienes permanecen en situación de desaparición forzada.
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