
Las empresas de remesas, las casas de cambio, las inmobiliarias, los casinos y otros sectores no bancarios de Nicaragua deberán aplicar controles sobre clientes y fondos para identificar a las personas y empresas que envíen, reciban, cambien, compren o vendan bienes con dinero.
La disposición fue publicada el 5 de noviembre de 2026 por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Según informó Confidencial.digital, la norma exige reunir datos sobre quienes participan en cada operación, los beneficiarios finales y, en ciertos casos, las contrapartes ubicadas fuera del país.
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La regulación no establece una prohibición expresa para transferir capitales al exterior. Su contenido fija requisitos de información y verificación que los sectores alcanzados deberán cumplir antes de realizar determinadas operaciones.
La UAF actualizó procedimientos vinculados con las leyes 976 y 977
La resolución unifica procedimientos preventivos que estaban contemplados en dos normas aprobadas en 2019. Estas disposiciones se relacionan con la aplicación de las leyes 976 y 977, sancionadas en 2018.
La lista de sujetos obligados comprende entidades financieras no bancarias, empresas de remesas, casas de cambio, casinos, corredores de bienes raíces, comerciantes de piedras preciosas y vendedores de vehículos nuevos y usados.
Los bancos no fueron incluidos en ese grupo porque están bajo regulación de la Superintendencia de Bancos. Las actividades mencionadas deberán preparar expedientes sobre cada cliente y contratante.
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El requerimiento se mantiene aunque existan acuerdos privados de sigilo o confidencialidad. Los expedientes deberán contener datos suficientes para conocer quiénes intervienen en la relación comercial.

Las entidades también tendrán que identificar a los representantes de sus clientes y a los beneficiarios finales de los recursos. La norma incluye información sobre la actividad económica, la estructura de propiedad y control, el propósito de la relación comercial y el origen de los activos.
La verificación puede incluir a contrapartes que estén fuera de Nicaragua
El procedimiento de diligencia debida no se limita a la persona o empresa que solicita un servicio. También alcanza a la contraparte de la operación, incluso si se encuentra en otro país.
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Cuando falten datos sobre un beneficiario internacional, el sujeto obligado deberá completar esa información. Si no logra hacerlo, el activo relacionado con la transacción puede quedar inmovilizado.
Las transferencias requerirán que las entidades informen a la UAF la identidad del cliente, del contratante, de sus representantes y del beneficiario final. La obligación abarca a las personas o compañías que tengan participación en los recursos negociados.
La resolución contempla operaciones individuales y movimientos separados que parezcan vinculados entre sí. En estos últimos casos, las entidades deberán considerar la relación entre las transacciones.
Los montos de control son distintos según la actividad
Los casinos, las salas de juego y los comercios de piedras preciosas deberán aplicar los procedimientos a partir de USD 1,000. Para quienes vendan vehículos nuevos o usados, el umbral será de USD 5,000.
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Las entidades financieras no bancarias, las remesadoras y las casas de cambio deberán examinar operaciones desde USD 10,000, o su equivalente en otras monedas, incluido el córdoba.

Las empresas de remesas tendrán que realizar las verificaciones sin importar el monto de la transferencia. Los corredores de bienes raíces deberán aplicarlas en cada compraventa, tanto respecto del comprador como del vendedor.
La normativa dispone un tratamiento específico para los clientes extranjeros que sean identificados como Personas Expuestas Políticamente. En esos casos, deberán ser clasificados de inmediato como clientes de riesgo alto.
La relación comercial requerirá autorización de la máxima autoridad de la empresa. El sujeto obligado también deberá realizar una verificación razonable sobre el origen de la riqueza y mantener un seguimiento reforzado de las operaciones.
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Los datos de inversión extranjera muestran una diferencia entre el ingreso bruto y neto
La publicación de la norma coincide con cifras de inversión extranjera directa correspondientes a 2025. De acuerdo con datos del Banco Central citados por Confidencial.digital, el ingreso bruto fue de USD 3,059.2 millones.
El flujo neto alcanzó USD 1,502.5 millones, equivalente al 49.1% de aquel monto. Del total neto, USD 382 millones fueron capital fresco.
El resto procedió de deuda o de reinversión de utilidades. Un profesional del sector financiero consultado bajo anonimato por el medio consideró que esa composición puede estar relacionada con el interés oficial por conocer los movimientos de divisas hacia el exterior.
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El especialista señaló que la norma permite identificar quién intenta trasladar recursos y cuál es el destino de esas operaciones. En su análisis, el alcance podría ser diferente para empresas extranjeras y para capitales nacionales.
La resolución incluye una regla sobre listas extranjeras de riesgos
La disposición ordena a los sujetos obligados elaborar listados de clientes y proveedores. A la vez, prohíbe utilizar “listas de riesgos no vinculantes” emitidas por países, organismos o bloques extranjeros cuando la UAF considere que reflejan un sesgo político.
El texto citado por Confidencial.digital alude a sanciones aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra y Suiza contra funcionarios y personas vinculadas con el Gobierno nicaragüense.
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El experto financiero consultado por la publicación indicó que esa regla puede incidir en la aplicación local de las sanciones extranjeras. Según su interpretación, una persona incluida en esos listados podría mantener operaciones dentro de Nicaragua.
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