Organizaciones exigen revertir el archivo del caso por el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

Las organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica y Nicaragua reclamaron que se revierta el archivo de la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam, un militar nicaragüense retirado asesinado el 19 de junio de 2025.

El pronunciamiento, fechado el 7 de octubre en San José, cuestionó una resolución del Ministerio Público costarricense del 5 de octubre de 2026 que dispuso el archivo fiscal de la línea de investigación destinada a identificar a quienes ordenaron el crimen. Las asociaciones firmantes señalaron que la medida no extingue la acción penal y permite reabrir el expediente si surgen nuevos elementos, pero advirtieron que la decisión detiene la pesquisa sobre un posible móvil político del homicidio.

Según el documento, la Fiscalía sostiene que los imputados por la ejecución material habrían sido contratados mediante una promesa de pago por personas que todavía no fueron identificadas. Para los colectivos, ese punto confirma que la investigación debe avanzar hacia quienes habrían planificado el ataque.

Pedido de cooperación judicial con España y participación de la familia

Las organizaciones pidieron al Ministerio Público y al Estado costarricense reconsiderar el archivo y mantener activa la pesquisa sobre los responsables intelectuales. También solicitaron activar mecanismos de asistencia judicial internacional, incluida la cooperación con España, país del que Samcam era nacional.

El comunicado reclamó que se garantice la participación plena de la familia de la víctima y de su representación legal en el proceso. Además, exigió que se fije una fecha para el juicio contra los presuntos autores materiales.

Los firmantes plantearon que las autoridades deben investigar los elementos que, según afirmaron, vincularían a Keny Navarrete Vallecillo con la coordinación del asesinato. El pronunciamiento indicó que Navarrete fue señalado en informes del Organismo de Investigación Judicial como posible coordinador del crimen, pero no fue incluido en la acusación y fue deportado a Nicaragua.

El caso y la represión transnacional contra nicaragüenses exiliados

El texto sostuvo que limitar la causa a los ejecutores materiales implicaría dejar sin esclarecer una parte del delito. Los colectivos consideraron que el expediente debe abordar el contexto de violencia transnacional contra personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica.

El pronunciamiento también aludió a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional de protección de derechos humanos, otorgó el 20 de septiembre de 2026 a diez nicaragüenses exiliados en Costa Rica. De acuerdo con las organizaciones, entre los beneficiarios hay defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.

Las agrupaciones señalaron que la decisión de la CIDH refleja la existencia de riesgos contra personas nicaragüenses bajo protección internacional en territorio costarricense. “Esclarecer quién ordenó el asesinato de Roberto Samcam es una garantía de no repetición y no impunidad”, expresaron en el documento.

Entre las entidades firmantes figuran la Asociación Azomalli, la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, la Asociación Popol Na, Articulación de Movimientos Sociales Nicaragua, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Movimiento Autónomo de Mujeres, entre otras.