La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó este jueves 8 de octubre que desarticuló parte de una estructura transnacional de tráfico de drogas que trasladaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, con El Salvador como país de tránsito.
Horas después del anuncio, el régimen nicaragüense compartió una nota en la que rechazó las afirmaciones de la investigación salvadoreña y pidió información sobre el caso.
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El operativo, ejecutado durante la madrugada en los departamentos salvadoreños de Ahuachapán, Usulután y La Paz, estuvo a cargo de la propia FGR y la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con la Fiscalía, la organización utilizaba pescadores locales para obtener combustible, dispositivos GPS y embarcaciones destinados al transporte de los cargamentos.
La investigación comenzó en julio de 2024. Según el balance divulgado por las autoridades fiscales, hasta el momento, se incautaron 1,917 kilos de cocaína, valorados en USD 48,193,380, además de seis embarcaciones. A su vez, un total de doce personas ya habían sido detenidas antes del procedimiento de este 8 de octubre.
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Los nuevos arrestados serán procesados por los delitos de tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas, según informó la Fiscalía salvadoreña por medio de sus canales oficiales.
“Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas”, expuso la FGR.
El régimen nicaragüense rechazó el señalamiento sobre la ruta de la cocaína
La reacción de Managua llegó horas después. En una nota verbal dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuestionó el traslado de cocaína desde territorio nicaragüense por vía marítima.
A su vez, el régimen sostuvo que “rechaza las afirmaciones” y afirmó que no dispone de información verificable que le permita conocer el fundamento de la investigación presentada por las autoridades de El Salvador.
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La dictadura nicaragüense solicitó formalmente al Gobierno de El Salvador que comparta, a través de los canales institucionales, la información disponible sobre los hechos y los antecedentes que sustentan el pronunciamiento de la Fiscalía.
A su vez, el pronunciamiento destaca que, con esa documentación, podrá evaluar lo ocurrido y ofrecer una respuesta “con el debido rigor jurídico y diplomático”. La comunicación indica que Nicaragua considera que los señalamientos deben abordarse mediante el intercambio de información entre las autoridades competentes y por vías diplomáticas.
Además, el régimen nicaragüense reiteró su compromiso con la prevención y el combate del narcotráfico y del crimen organizado transnacional.
La Fiscalía de El Salvador no atribuyó en su comunicado la participación de funcionarios nicaragüenses ni de instituciones estatales de ese país en la red investigada. La investigación del ministerio público salvadoreño apunta a una ruta marítima que, según la versión oficial, salía de Nicaragua, atravesaba aguas cercanas a El Salvador y tenía como destino final Guatemala.
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El caso abrió un nuevo foco de tensión entre San Salvador y Managua, mientras las autoridades salvadoreñas avanzan con el procesamiento de los detenidos y el análisis de los elementos decomisados durante la investigación.
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