El régimen de Nicaragua, liderado por los dictadores Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, anunció el sábado su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) tras denunciar el tratado constitutivo del organismo regional, una decisión que comunicó el 3 de octubre mediante una nota oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería nicaragüense sostuvo que la medida responde al “ejercicio pleno de su soberanía” y notificó la denuncia del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas a la Junta Directiva del organismo. El Gobierno también trasladó la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del tratado, para que informe a los demás Estados miembros sobre la salida de Nicaragua.
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El tratado que dio origen al PARLACEN fue firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987. El organismo inició sus actividades en 1991 como una instancia de representación política y debate regional dentro del proceso de integración centroamericana.
La decisión de Managua se conoció un día después de que la OEA aprobara la resolución que reclama a Nicaragua el restablecimiento de las libertades públicas, la liberación de los presos políticos y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.
El texto pide a las autoridades nicaragüenses restituir el espacio cívico, terminar con las represalias y garantizar los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales aplicables al país.
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La resolución también exige la liberación incondicional de todos los detenidos por motivos políticos y reclama que se informe el paradero y el estado de las personas víctimas de desaparición forzada.
El documento plantea la restitución de la nacionalidad, el acceso a registros civiles y los derechos asociados para quienes fueron privados de esa condición. Además, solicita que puedan regresar a Nicaragua de forma segura y voluntaria, sin temor a represalias. La medida incluye a dirigentes religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos.
La OEA pidió el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. También reclamó que los medios independientes, las organizaciones civiles, las universidades, empresas y entidades privadas disueltas recuperen su personería jurídica, instalaciones, bienes y otros activos.
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Por otra parte, el organismo solicitó a las autoridades del régimen que se recuperen la independencia institucional, la separación de poderes y el pluralismo político. En ese sentido, instó a revocar las normas constitucionales y legales aprobadas, en particular, durante 2025 y 2026, que afecten esas garantías o los derechos reconocidos internacionalmente.
La resolución requiere una administración electoral independiente, el restablecimiento de los derechos políticos y una observación internacional creíble como condiciones para futuras elecciones.
Por último, la OEA exhortó a interrumpir las actividades con apoyo internacional en materia de seguridad, suministro tecnológico e intercambio de información que puedan facilitar vigilancia, represión interna o vulneraciones de derechos humanos. También pidió que no se permita la presencia de personal extranjero vinculado con actividades ilícitas que afecten los derechos humanos y la estabilidad del país.
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El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló que Estados Unidos dejó “todas las opciones sobre la mesa” para exigir cuentas a la dictadura de Nicaragua tras la resolución de la OEA.
Segura sostuvo que el líder del régimen Daniel Ortega “no tiene voluntad de negociar” y citó el rechazo de Managua a la embajadora estadounidense designada, Natasha Franceschi, diplomática de carrera nominada por el presidente Donald Trump. A juicio del funcionario estadounidense, la decisión de no aceptar a Franceschi indica que Nicaragua “no quiere tener un diálogo serio” y contradice el intento de Washington de “mantener un canal diplomático profesional con el país”.
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“Murillo y Ortega han cerrado constantemente la puerta al diálogo productivo. Justo ayer, rechazaron a nuestra altamente calificada embajadora, lo que demuestra su falta de diplomacia”, afirmó el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, durante la sesión extraordinaria de la OEA sobre Nicaragua
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