El informe “Honduras: deuda de sangre y justicia, el informe que ya no deberíamos escribir”, presentado este miércoles en Tegucigalpa por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), alerta sobre la persistencia de una violencia que mantiene en extrema vulnerabilidad a líderes comunitarios, campesinos, defensores ambientales y personas que ejercen labores de protección de derechos.
De acuerdo con el documento, las 15 víctimas fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Once defendían la tierra y territorio, dos desarrollaban labores relacionadas con la protección del medioambiente y otras dos estaban vinculadas con la defensa de la libertad de expresión.
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La organización considera que esta situación representa un desafío urgente para el Estado hondureño, que debe adoptar medidas efectivas para prevenir nuevos crímenes, garantizar la protección de los defensores y avanzar en investigaciones que permitan determinar responsabilidades.
La directora ejecutiva de ACI PARTICIPA, Hedme Castro, pidió al Estado actuar para detener los asesinatos y las agresiones contra quienes ejercen labores de defensa comunitaria.
La activista advirtió que la violencia no puede continuar siendo asumida como un fenómeno inevitable ni quedar limitada a respuestas posteriores a los crímenes.
Castro señaló que es necesario implementar medidas de protección capaces de prevenir ataques y garantizar que la población pueda desarrollar sus actividades sin temor.
A su juicio, la situación refleja una ausencia de garantías suficientes para quienes se encuentran involucrados en conflictos territoriales, ambientales o sociales.
Uno de los sectores que más preocupa a la organización es el de los campesinos y garífunas, comunidades que, según el informe, figuran entre las principales afectadas por desalojos y otras expresiones de violencia relacionadas con la defensa de sus territorios.
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El informe advierte que los procesos de despojo y desplazamiento pueden estar acompañados de medidas coercitivas y acciones destinadas a expulsar a familias de terrenos donde han vivido durante años.
Para ACI PARTICIPA, este tipo de prácticas profundiza la indefensión de comunidades que buscan defender sus derechos sobre la tierra.
La violencia, además, no se limita a los dirigentes directamente involucrados en los conflictos.
El documento señala que también ha alcanzado a núcleos familiares relacionados con procesos de defensa territorial y ambiental, aumentando el impacto social de los ataques y generando un clima de temor entre las comunidades.
El Bajo Aguán, en el departamento de Colón, aparece como el principal foco de preocupación.
Esta región del Caribe hondureño registró 11 asesinatos de defensores de la tierra durante 2025, según el informe, en un contexto marcado históricamente por conflictos agrarios y, más recientemente, por la presencia de estructuras vinculadas con actividades ilícitas.
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La situación del Bajo Aguán adquirió mayor gravedad tras la masacre registrada en mayo pasado, cuando 20 personas fueron asesinadas en una finca.
Para ACI PARTICIPA, la zona constituye un “enclave geopolítico” donde cientos de familias campesinas enfrentan condiciones de violencia asociadas con la expansión del cultivo de palma africana, las disputas por la propiedad de terrenos y la presencia de diversos actores con intereses económicos y políticos.
En los últimos años, la disputa se ha complicado por la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado, además de la influencia de actores políticos y económicos.
Las autoridades locales han advertido que estas estructuras han contribuido a recrudecer un conflicto que durante décadas ha generado enfrentamientos, desplazamientos y asesinatos.
La organización considera que la combinación de conflicto agrario y crimen organizado convierte al Bajo Aguán en uno de los territorios más peligrosos para quienes defienden derechos relacionados con la tierra.
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La situación también dificulta la construcción de soluciones duraderas, debido a la multiplicidad de intereses que convergen en la región.
A escala nacional, el informe cuestiona la falta de avances suficientes en materia de justicia y protección. Para ACI PARTICIPA, el asesinato de defensores no puede analizarse únicamente como una sucesión de casos individuales, sino como parte de un patrón de violencia que requiere respuestas institucionales permanentes.
La organización también lamentó que Honduras no se haya adherido al Acuerdo de Escazú, instrumento regional que busca fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
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Su ausencia, sostiene el informe, representa una oportunidad perdida para reforzar las garantías de quienes participan en la defensa del medioambiente y los territorios.
El documento advierte que la situación no terminó con el cierre de 2025. Durante 2026 persiste la violencia, acompañada de denuncias de criminalización y falta de garantías para personas que defienden la tierra, el territorio, el medioambiente y otros derechos humanos.
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