
La ONG Fundación del Río pidió la liberación inmediata de guardabosques mayangna presos en Nicaragua, al sostener que varios de ellos enfrentan problemas de salud y que su encarcelamiento afecta la defensa de los territorios indígenas del Caribe norte.
La presión internacional sobre este caso ya incluye medidas cautelares y órdenes de liberación que el Estado no ejecutó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la Resolución 20/23 el 13 de abril de 2023 a favor de cuatro autoridades y líderes indígenas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado liberarlos antes del 10 de julio de 2023.
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Según la opinión 30/2024 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, emitida el 30 de agosto de 2024, Nicaragua debe liberar a las cuatro autoridades y guardabosques comunitarios del territorio Mayangna Sauni As y concederles una indemnización.
La organización ambientalista formuló el reclamo este viernes en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorado el 9 de agosto. En su mensaje, insistió en la liberación de los guardabosques comunitarios y alertó que algunos permanecen encarcelados “en condiciones de salud delicadas”.

Según la agencia EFE, en enero de 2023 el Ministerio Público de Nicaragua acusó a 24 personas, identificadas por organizaciones ambientalistas como guardabosques comunitarios, de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte. La Fiscalía les imputó crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
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De ese grupo, 10 detenidos son guardabosques y ya fueron condenados. De acuerdo con la organización, los acusados estaban encargados de monitorear y denunciar la invasión de colonos en territorios indígenas, así como la venta y el arriendo ilegal de tierras.
Ocho guardabosques del territorio Mayangna Sauni As fueron detenidos entre 2021 y 2023
La ONG señaló a Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y a sus hijos Oliver y Evertz Bruno como guardabosques del territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de la biosfera de Bosawas. Sostuvo que fueron detenidos arbitrariamente en distintos operativos entre 2021 y 2023.
La organización afirmó que esas capturas fueron una represalia por su trabajo de defensa territorial frente a invasores y actividades extractivas ilegales. También recordó que la fundación fue ilegalizada por las autoridades nicaragüenses y que ahora opera desde Costa Rica.
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Amaru Ruiz, director de la organización y ambientalista nicaragüense desnacionalizado, dijo que el encarcelamiento busca intimidar a las comunidades indígenas y afrodescendientes. “El rol que juegan los guardabosques comunitarios en los territorios indígenas es un rol fundamental, y el régimen ha encarcelado a estas personas para mandar un mensaje a las comunidades indígenas y afrodescendientes de que no denuncien la situación de invasión y de lo que viven en sus territorios”.
Ruiz sostuvo además que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo envía con estas detenciones “un mensaje y un precedente de temor como parte de toda su estrategia de imponer el terror y el temor dentro y fuera de Nicaragua”. También denunció que, pese a que instancias internacionales han determinado la ilegalidad de las detenciones, el Estado mantiene a los guardabosques en prisión.
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Organismos internacionales advirtieron por la vida de líderes indígenas y por la invasión territorial
La organización alertó de forma específica por la salud de Rodrigo Bruno y de los hermanos Celso Lino. Indicó que se encuentran en “condiciones de salud delicadas”.

El recurso extraordinario de casación presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en favor de cuatro defensores indígenas sigue sin resolución. A pesar de las medidas cautelares de la CIDH y de la orden de la Corte IDH del 27 de junio de 2023, el Estado no adoptó acciones para proteger su vida ni ejecutó la liberación exigida antes de la fecha fijada.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional advirtió que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren riesgo de exterminio por la invasión constante de sus territorios. Según datos oficiales citados por EFE, los pueblos indígenas y de ascendencia africana del país viven en 304 comunidades asentadas en 23 territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas de Nicaragua.
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