Nicaragua aumentó el gasto en seguridad y defensa entre 2020 y 2024, según Expediente Abierto

Un análisis del reporte “Presupuesto, fuerza y eficacia: resultados del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, coordinado por Javier Meléndez para Expediente Abierto, revela que Nicaragua aumentó de manera sostenida su presupuesto destinado a seguridad y defensa en los últimos años, sin que esto se tradujera en mejoras comprobables para la seguridad pública tradicional.

La publicación de Expediente Abierto examina la evolución de los fondos asignados a las fuerzas policiales y militares, así como la composición y destino de estos recursos entre 2020 y 2024.

El informe detalla que el gasto ejecutado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional pasó de USD 152.49 millones en 2020 a USD 201.10 millones en 2024, lo que representa un incremento del 31.88 %.

Este monto equivale al 5.29 % del presupuesto del Gobierno Central y al 1.02 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024. Según Expediente Abierto, el gasto de capital en seguridad pública se ubicó en un 13.01 % del total ejecutado, una de las proporciones más altas de la región para este rubro.

Para los próximos años, el presupuesto aprobado para seguridad en Nicaragua asciende a USD 190,68 millones en 2025 y a USD 209,24 millones en 2026, aunque estos valores podrían incrementarse conforme avance el año.

El reporte señala que el gasto se concentra en tres rubros principales: prevención y seguridad ciudadana humana, actividades centrales de la jefatura nacional y el sistema penitenciario nacional. La falta de desagregación funcional impide conocer detalles específicos sobre la asignación de recursos.

En cuanto a la fuerza policial, el número de oficiales de la Policía Nacional creció moderadamente, pasando de 16,909 en 2020 a 17,303 en 2024, lo que representa un aumento del 2.3 %. De estos, 11,590 están asignados a tareas de prevención y seguridad ciudadana humana.

Esta expansión resulta inferior al incremento presupuestario, lo que sugiere que el mayor flujo de fondos no se destinó a ampliar significativamente el personal formal.

El reporte subraya la existencia de 76,887 policías voluntarios adicionales y 7,924 oficiales adicionales cuya financiación y administración carecen de transparencia. La magnitud de este contingente sugiere el fortalecimiento de un modelo paraestatal, difícilmente fiscalizable y orientado al control territorial y político.

En el ámbito de la defensa, el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa y al Ejército creció de USD 79,51 millones en 2020 a USD 108,63 millones en 2024, lo que representa un aumento del 36.62 %. Para 2024, este gasto significó el 2.86 % del presupuesto central y el 0.55 % del PIB. El gasto de capital en defensa fue notoriamente bajo, con solo 0.76 % del total ejecutado en 2024. Para 2025 y 2026, se prevé que el presupuesto de defensa alcance USD 116,85 millones y USD 146,35 millones respectivamente, con un crecimiento interanual del 25.24 %.

El personal del Ejército se mantuvo estable, con 14,496 efectivos en 2024, cifra similar a la registrada en 2020. El informe sugiere que la expansión presupuestaria no implicó un aumento del personal militar ni una modernización estructural relevante. Más bien, el crecimiento del gasto corriente podría buscar asegurar lealtades internas, favorecer ascensos y consolidar el poder en la cúpula militar.

A pesar del incremento en los recursos, Expediente Abierto indica que la opacidad en la gestión de fondos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas limitan el análisis sobre la verdadera eficacia de estos desembolsos. El reporte advierte que el gasto en seguridad y defensa en Nicaragua se orienta principalmente a sostener la estructura del régimen y garantizar el control político, más que a mejorar la seguridad pública o la protección ciudadana frente a amenazas criminales.

Entre los problemas estructurales detectados, el estudio menciona la utilización política de las fuerzas de seguridad, la posible colusión con el crimen organizado, el crecimiento de fuerzas paraestatales y la escasa profesionalización del personal formal.

El modelo presupuestario, según la investigación publicada en Expediente Abierto, refuerza los mecanismos de control autoritario y consolida la opacidad y la ausencia de fiscalización independiente en el sector de la seguridad y la defensa en Nicaragua.