La oposición nicaragüense en el exilio rechazó la decisión de Daniel Ortega de cierra la vía electoral en Nicaragua

El movimiento opositor Renacer y el dirigente Juan Sebastián Chamorro respondieron este lunes con dureza al anuncio del dictador nicaragüense Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones generales. Desde el exilio, ambos coincidieron en que la declaración no es una novedad sino una confirmación: el régimen sandinista lleva años gobernando sin legitimidad democrática y ahora simplemente dejó de fingir lo contrario.

“Ortega se ha quitado una máscara más”, afirmó Chamorro en un audio enviado a los medios desde el exilio. El dirigente opositor, desnacionalizado en 2023 junto a otros 221 presos políticos desterrados a Estados Unidos, sostuvo que el mandatario sandinista reaccionó así ante la presión unánime de la oposición y de Occidente, que han fijado en las elecciones libres la única salida a la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018. “Es por ello que Ortega dice: no”, señaló. Según Chamorro, el líder sandinista “se ha envalentonado” y “se atrevió a decir lo que siempre ha pensado: no someterse a elecciones aun así sea robándoselas”.

Para Chamorro, el proyecto de Ortega siempre fue el de un Estado de partido único a la manera de China, Corea del Norte o Cuba, sistemas donde, en la visión del mandatario, los partidos políticos “dividen a las sociedades”. En su análisis, el sandinismo avanzará hacia elecciones internas para designar autoridades, sin competencia real ni apertura al resto del espectro político.

El contexto inmediato del anuncio es relevante. Ortega lo hizo el domingo durante el acto de conmemoración del 47° aniversario de la revolución sandinista en Managua, la misma efeméride que el régimen usa cada año como escenario de sus declaraciones más beligerantes. En esa ocasión adelantó además que la Asamblea Nacional, bajo control oficialista, trabajará en leyes para “poner un muro” a los opositores y garantizar que, por más financiamiento que reciban de Washington, no puedan competir por el poder.

Renacer fue más categórico en su diagnóstico. El movimiento, con sede en Costa Rica, describió el anuncio como “la culminación de un proceso de concentración absoluta del poder” ejecutado por etapas: la reforma constitucional de febrero de 2025 eliminó los contrapesos institucionales, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, instauró la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo —esposa de Ortega— y subordinó los demás órganos del Estado al Ejecutivo. Esa enmienda, criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, también legalizó la apatridia como instrumento de represión. “El régimen deja de fingir que existe competencia política y confirma públicamente que desde hace años no gobierna por el consentimiento de los ciudadanos, sino por la fuerza”, advirtió el grupo.

El telón de fondo es la crisis que estalló en abril de 2018, cuando protestas contra reformas al sistema de seguridad social fueron reprimidas con violencia. La ONU documentó más de 300 muertos. Desde entonces, el régimen canceló partidos políticos, cerró miles de organizaciones civiles, encarceló y desterró a candidatos presidenciales, periodistas y religiosos, y privó de la nacionalidad a cientos de personas. Las elecciones generales que debían celebrarse en noviembre de 2026 ya habían sido desplazadas a 2027 por la reforma constitucional; la declaración del domingo convierte esa postergación en supresión.

La consecuencia práctica es estratégica. Renacer llamó a abandonar cualquier expectativa de transición sustentada en procesos electorales bajo control del propio régimen. “La libertad de Nicaragua no será una concesión del régimen, sino el resultado de la determinación de un pueblo organizado”, concluyó el movimiento. Para una oposición dispersa, desnacionalizada y privada de acceso al territorio, traducir esa determinación en acción concreta sigue siendo la pregunta sin respuesta.