El régimen de Nicaragua autorizó la donación de 14 inmuebles al INSS en Managua, León y Carazo, una transferencia que entrará en vigor con su publicación en La Gaceta y que, según la Presidencia de la República, busca ampliar la cobertura de la seguridad social y reforzar la capacidad institucional del organismo para ejecutar proyectos.
El paquete principal incluye 11 propiedades ubicadas en el departamento de Managua, a las que se suman dos registros en León y uno en Carazo. Los acuerdos presidenciales indican que todos los bienes están inscritos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias de cada departamento.
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El régimen precisó que la procuradora general de justicia, como representante legal del Estado, y el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social deberán comparecer ante la Notaría del Estado para suscribir las escrituras públicas de donación. El procedimiento también faculta a ambos funcionarios a ejecutar los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales necesarios para formalizar la transferencia.
La transferencia abarca bienes en Managua, León y Carazo
En el caso de Managua, el acuerdo detalla 11 números absolutos de propiedad: BI-9A50EQ2, BI-3L3NSUKX7, BI-2L3N3OYKF, BI-2L3N3OYKF, BI-9AE541I, BI-XET158, BI-2KSW479I, BI-9X2ABT7, BI-9A9R1A8, BI-2L3NR534 y BI-2L3NR51D. En León, el Acuerdo 98-2026 consigna los registros BI-2L3HSKXE y BI-9ACXQ7I.
Para Carazo, el Acuerdo 99-2026 identifica la propiedad con el NAP BI-2L3NQXIN. La publicación oficial señala que todos esos inmuebles pertenecen al Estado de la República de Nicaragua.
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La misma disposición establece que el presidente del INSS deberá presentar ante el consejo directivo de la entidad la aceptación de la donación para su aprobación. Ese paso forma parte del trámite exigido para completar la recepción de los bienes.
Los contratos deberán resguardar los intereses del Estado
La Presidencia autorizó además a la procuradora general de justicia a incorporar en los contratos de donación las cláusulas que considere pertinentes para salvaguardar los intereses del Estado de Nicaragua. También la facultó para realizar todos los actos necesarios conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en la legislación nacional.
Los acuerdos añaden que la certificación de cada disposición y la toma de posesión de la procuradora general de justicia y del presidente del INSS servirán como documentos habilitantes suficientes para acreditar su representación legal durante el proceso.
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De acuerdo con el régimen, el objetivo de estas donaciones es “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”, mediante políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de los trabajadores y sus familias y a fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos.
Los acuerdos fueron dados en Managua el siete de julio de 2026 y llevan la firma de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, identificados en el texto oficial como co-presidentes de la República de Nicaragua. Todos surten efecto a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Esquema legal y operativos en la transferencia de bienes en Nicaragua
Las transferencias de propiedades estatales en Nicaragua se realizan de manera masiva mediante Acuerdos Presidenciales, publicados oficialmente en el diario La Gaceta. En este proceso, la Procuraduría General de la República, recibe la facultad de transferir los inmuebles del Estado hacia instituciones receptoras. El mecanismo legal utilizado es la figura de la donación, a través de la cual el Estado entrega el bien mediante un contrato formal. Para que la transferencia se concrete, el presidente del INSS o de la entidad correspondiente debe presentar la aceptación ante su respectivo Consejo Directivo.
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La institución atraviesa una crisis financiera derivada de corrupción, despilfarro y reformas fallidas. El traspaso de propiedades sirve para mejorar artificialmente sus balances contables y reducir el déficit fiscal. Los decretos oficiales justifican estas medidas como acciones para fortalecer la seguridad social y ampliar la cobertura de trabajadores. Medios independientes, como Confidencial, reportan que el INSS ha recibido cientos de propiedades, entre las que se cuentan edificios de organizaciones no gubernamentales ilegalizadas, hoteles, terrenos confiscados a opositores y viviendas residenciales en distintas ciudades del país.
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