La reciente regularización extraordinaria en España promete beneficios directos para miles de migrantes centroamericanos que residen en situación irregular, en un contexto donde sus países de origen han limitado las alternativas de integración para quienes deciden emigrar.
Según datos del Migration Policy Institute colocados en su portal oficial, la medida española podría modificar el panorama de movilidad y cooperación entre ambas regiones.
De acuerdo con el Migration Policy Institute, el proceso de regularización aprobado en 2026 por el gobierno de España se dirige a personas de diversas nacionalidades presentes en el país antes del 1 de enero de ese año, que acrediten al menos cinco meses de residencia y carezcan de antecedentes penales.
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Dos tercios de los 1,2 millones de solicitantes provienen de Sudamérica o Centroamérica, una proporción que evidencia el peso de la región en los flujos migratorios hacia territorio español.
La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) estimó que en 2025 residían en España alrededor de 90.300 personas hondureñas y 28.900 nicaragüenses en situación irregular, mientras que los migrantes de otros países centroamericanos estarían incluidos en la categoría “otros países de América Latina”, que suma 31,400 personas.
Así, la regularización representa una vía de acceso a derechos laborales, servicios y protección para decenas de miles de centroamericanos.
El portal del organismo destacó que, a diferencia de lo ocurrido en países sudamericanos como Chile, Perú o Ecuador, donde los programas de regularización para migrantes venezolanos han terminado o se encuentran congelados, España mantiene una política que facilita la inserción de migrantes ya residentes, en vez de restringir su permanencia.
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El proceso español permite a los beneficiarios obtener permisos de residencia y trabajo por un año, lo que favorece la integración social y económica.
El Migration Policy Institute explicó que la regularización en España se apoya en criterios de gobernanza y mercado laboral. Los estudios citados por el instituto señalan que regularizar a los migrantes no solo mejora su acceso al empleo formal, sino que también incrementa la recaudación fiscal y fortalece la seguridad pública, ya que el Estado puede identificar a quienes residen en su territorio y reducir los riesgos de explotación y abuso.
Desde la perspectiva de los países centroamericanos, la medida española puede traducirse en un alivio sobre la presión de servicios públicos y en un aumento de las remesas familiares. Según FUNCAS, la migración centroamericana en España representa una fracción considerable de los migrantes latinoamericanos en condición irregular, lo que refuerza la importancia de la cooperación bilateral para gestionar la movilidad laboral.
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El País detalló que la regularización española coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea, mientras se cierran rutas irregulares y se refuerzan los mecanismos de control fronterizo.
En este contexto, España ha impulsado acuerdos de migración laboral con países como Honduras y Guatemala, aunque los flujos formales continúan limitados en comparación con las necesidades del mercado laboral español.
El Migration Policy Institute concluyó que la regularización extraordinaria en España podría servir como incentivo para que los países centroamericanos fortalezcan sus propias políticas de integración y cooperación migratoria, aprovechando la apertura de canales legales para el trabajo y la residencia. La respuesta de los gobiernos de la región y la capacidad de adaptar sus marcos institucionales serán determinantes para el futuro de la movilidad entre Centroamérica y España.
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