Presentan los dos primeros anteproyectos que pretenden reactivar la industria de la construcción en Panamá

Los dos primeros anteproyectos de ley que buscan reactivar la construcción e incrementar la generación de empleos fueron presentados a diversos sectores empresariales y obreros.

Una de las propuestas sugiere la modificación de la Ley 93 de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público Privado para el Desarrollo, como incentivo a la inversión privada, mientras que la segunda iniciativa de ley propone modificar algunos artículos de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas.

En la búsqueda de reactivar el sector de la construcción también se está a la espera de las otras iniciativas legislativas que surjan de la Submesa Técnica de Economía e Inversión, y de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, de la Asamblea Nacional.

Mientras, las dos propuestas ya presentadas serán llevadas a consultas con las respectivas organizaciones empresariales y obreras, al igual que a las diversas instituciones gubernamentales vinculadas al tema. De recibir el aval, se les dará el trámite respectivo en materia legislativa.

“Lo importante es el avance que se ha tenido con estas sub mesas para sacar los proyectos que puedan solucionar los problemas que tiene el país y potenciar sus fortalezas, pero a través de iniciativas consensuadas”, dijo Luis Eduardo Camacho, quien lidera la Mesa Técnica para la Dinamización del Sector de la Construcción, avalada por la Asamblea Nacional.

La industria de la construcción en Panamá ha evidenciado en 2026 una recuperación que se refleja tanto en el valor de los permisos autorizados como en la superficie edificada, aunque el sector todavía no logra igualar los niveles previos a la desaceleración de los últimos años.

Según cifras de la Contraloría General de la República, el primer cuatrimestre cerró con un aumento del 43,5% en el valor de los permisos de construcción, alcanzando los $417,2 millones, un repunte que contrasta con las caídas registradas en los mismos períodos de 2024 y 2025.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha señalado que este comportamiento constituye una señal de reactivación para el sector, aunque matiza que la actividad aún se mantiene por debajo de los registros históricos de 2023.

La distribución de la recuperación muestra matices. El segmento residencial concentró el 60% del valor total de los permisos aprobados hasta abril, mientras que las construcciones no residenciales —impulsadas principalmente por proyectos comerciales, industriales y de servicios— experimentaron el mayor ritmo de crecimiento porcentual, con un avance de 104,8% respecto al primer trimestre de 2025.

La ciudad de Panamá sigue liderando la inversión, con permisos por $213,6 millones, equivalentes a más del 70% del total nacional, según detalló la Contraloría.

Otras regiones como Arraiján y los municipios de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago también reportaron incrementos, mientras que la provincia de Colón registró una caída de 18,6% en el valor de permisos.

El área total planificada para construcción aumentó 31,7% entre enero y abril, con un alza de 27,7% en proyectos residenciales y 39% en los no residenciales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Sin embargo, la producción de insumos clave como el cemento mostró una tendencia inversa. En el primer trimestre de 2026, la fabricación de cemento cayó 37,9% respecto al mismo lapso de 2025, situándose en 198.000 toneladas, el nivel más bajo desde la pandemia.

Este dato sugiere que una parte significativa de los proyectos aprobados aún no ha iniciado su ejecución efectiva, ya que la venta de cemento y el despacho de concreto premezclado también registraron descensos de 35,4% y 38,9%, respectivamente.

La Capac estima que cada dólar invertido en construcción genera 2,34 dólares en actividad económica futura, lo que refuerza el papel del sector como motor inmediato de generación de empleo formal y dinamización local. La organización proyecta para 2026 un crecimiento de entre 4% y 5% en el PIB de la construcción, impulsado por más de $11.000 millones en inversiones públicas programadas a ejecutarse en diversas regiones del país.